El resumen del informe de un comité del Sentado en el que se detallan los métodos de tortura empleados dentro del programa secreto de detención e interrogatorio de Estados Unidos es un duro recordatorio de la impunidad de la que siguen gozando los autores de muchas violaciones atroces de los derechos humanos cometidas en nombre de la “seguridad nacional”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. El informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado que se ha hecho público hoy ofrece más detalles de cómo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recurrió al water-boarding (simulacros de ahogamiento), a los simulacros de ejecución, las amenazas de violencia sexual y otras formas de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra detenidos que habían sido sometidos a desaparición forzada. Dichos tratos se infligieron en el curso de los programas de entrega y detención secreta que se pusieron en marcha tras el crimen de lesa humanidad cometido el 11 de septiembre de 2001 (11-S). El informe facilita asimismo algunos datos sobre los efectos de las técnicas de interrogatorio y las condiciones de reclusión en los detenidos, como “alucinaciones, paranoia, insomnio e intentos de autolesiones y automutilación”. “El informe ofrece aún más detalles condenatorios de algunas de las violaciones de derechos humanos que autorizaron las máximas autoridades estadounidenses después del 11-S. Pese a que gran parte de los datos son de dominio público desde hace años, nadie ha respondido ante la justicia por autorizar o cometer tales actos en el contexto de estos programas de la CIA”, declaró Erika Guevara-Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. Las limitadas investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense sobre los interrogatorios de la CIA finalizaron en 2012 sin que nadie fuera enjuiciado. Del mismo modo, la destrucción por la CIA de grabaciones de video de sesiones de interrogatorio —que contenían posibles pruebas de crímenes de derecho internacional— tampoco ha desembocado en procesamientos. Las autoridades de Estados Unidos bloquean sistemáticamente el acceso a la justicia a las personas que fueron sometidas a abusos, alegando motivos como el secreto de Estado. “La información desclasificada contenida en el informe, aunque es limitada, recuerda al mundo la total incapacidad de Estados Unidos para poner fin a la impunidad de la que gozaban quienes autorizaron y usaron la tortura y otros malos tratos. Esta es una llamada de alerta para Estados Unidos, que debe revelar toda la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, hacer que los perpetradores rindan cuentas y garantizar justicia para las víctimas. No se trata de un detalle político, sino de una exigencia del derecho internacional”, afirmó Erika Guevara. Los métodos de interrogatorio empleados por la CIA incluían el water-boarding (simulacros de ahogamiento), los simulacros de ejecución, la privación de sueño y las posturas en tensión prolongadas. Algunos de estos actos constituyen por sí mismos tortura en aplicación del derecho internacional, otros equivaldrían a tortura en combinación con otros o aplicados durante periodos prolongados, o son considerados tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos ellos están absolutamente prohibidos sin excepción y en todas las circunstancias. La desaparición forzada también constituye un crimen de derecho internacional. El informe completo del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, de alrededor de 6.600 páginas de extensión, sigue estando clasificado como máximo secreto. Según la presidenta del Comité, Dianne Feinstein, el informe contiene “detalles de cada persona detenida bajo custodia de la CIA, las condiciones en las que está detenida [y] cómo fue interrogada.” Amnistía Internacional pide que se dé a conocer el informe íntegro con el mínimo expurgado posible y ninguno que oculte pruebas de violaciones de derechos humanos. Cómplices internacionales La CIA y otras autoridades estadounidenses no actuaron solas, sino que contaron con varios cómplices en todo el mundo que les ayudaron a facilitar la entrega, tortura y detención secreta de las personas que Estados Unidos consideraba sospechosas de terrorismo. El 24 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el gobierno de Polonia se había confabulado con la CIA para montar en Stare Kielkuty una prisión secreta que estuvo en funcionamiento entre 2002 y 2005. Los demandantes de este caso, y otras personas, estuvieron recluidos en detención secreta y fueron torturados, y algunos fueron entregados después en otros lugares donde corrieron el riesgo de sufrir abusos similares. En 2012 el Tribunal Europeo había fallado contra Macedonia, declarándola responsable de complicidad en la tortura y desaparición forzada a las que fue sometido Khaled El Masri bajo custodia de Estados Unidos. Otros países europeos que han colaborado con la CIA son Italia, Lituania, Rumanía, Suecia y el Reino Unido. En 2012 y 2013, el Parlamento Europeo pidió a todos los Estados miembros de la UE y asociados con ella implicados que investigasen exhaustivamente el papel que habían desempeñado en estas operaciones. “Estados Unidos y todos los países que trabajaron con él para trasladar, detener y torturar a detenidos tienen la obligación legal internacional de garantizar la total rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos, incluidas las torturas y las desapariciones forzadas. Estos países deben asimismo facilitar el acceso real a la justicia a todas las personas a las que sometieron a estos crímenes y dar a conocer toda la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en estas operaciones y en torno a ellas”, afirmó por su parte Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en Antiterrorismo y Derechos Humanos.
