La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual las autoridades guatemaltecas no investigaron el trágico asesinato de una adolescente, transmite a los Gobiernos del mundo entero el enérgico mensaje de que no se tolerará la inacción respecto a la violencia contra las mujeres. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El caso fue presentado a la Corte por la madre de María Isabel Veliz Franco, una muchacha de 15 años agredida sexualmente, torturada y brutalmente asesinada en Guatemala en 2001. El lunes 28 de julio, la Corte concluyó que las autoridades guatemaltecas no sólo no habían investigado adecuadamente el asesinato, sino que no habían abordado y resuelto la arraigada cultura de violencia y discriminación que impregna la sociedad guatemalteca y que dio lugar a una investigación defectuosa.
“Se trata de un momento importantísimo que marca la responsabilidad legal de un Gobierno de crear y mantener un entorno en el que las mujeres y las niñas estén protegidas frente a la tortura y en el que se rindan cuentas de los abusos cometidos. Sin embargo, la familia de María Isabel y quienes la apoyan no pueden descansar hasta que los responsables de su atroz muerte sean investigados y procesados”, ha manifestado Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional.
En diciembre de 2001, María Isabel Veliz Franco fue secuestrada en la Ciudad de Guatemala. Su cadáver se encontró días después. La habían violado, le habían atado las manos y los pies con alambre de espino, y la habían apuñalado, estrangulado y metido en una bolsa. Le habían desfigurado la cara a golpes, tenía pequeñas perforaciones por el cuerpo, llevaba una soga alrededor del cuello y tenía las uñas dobladas hacia atrás.
Los testigos dieron datos que identificaban a los principales sospechosos, pero la fiscalía no investigó a fondo.
Por desgracia, la brutal violencia física y sexual infligida a María Isabel tras su secuestro es un rasgo común en muchos de los cientos de homicidios de mujeres y niñas que se cometen en Guatemala. El año pasado, según cifras estatales, 522 mujeres fueron víctimas de homicidio.
La Corte Interamericana señaló los intentos de las autoridades guatemaltecas por abordar esta atmósfera de violencia, pero también señaló que el país tenía un alto índice de impunidad por ese tipo de delitos, y que “la mayoría de los actos violentos que conllevaban la muerte de mujeres quedaban impunes”.
Amnistía Internacional pide al gobierno guatemalteco que atienda y aplique en su totalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Las mujeres y niñas como María Isabel no deben tener que enfrentarse nunca más al trauma, las muertes y las injusticias creados por una sociedad que permite semejante violencia contra las mujeres”, ha manifestado Sebastián Elgueta.
Información complementaria
La madre de María Isabel, Rosa Elvira Franco Sandoval, lleva años de dura lucha para que las autoridades investiguen la muerte de su hija, y a consecuencia de ello ha sufrido amenazas de muerte y acoso de individuos no identificados.Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades guatemaltecas sobre el asesinato de su hija se aplazaron tantas veces que Rosa Elvira llevó en 2004 el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente a la Corte Interamericana.
Esta semana, la Corte concluyó que el Estado guatemalteco no había protegido el derecho de María Isabel a la vida y a la integridad de la persona, ni tampoco el derecho de su familia a un proceso judicial justo y a una reparación legal.
Se ha manifestado la honda preocupación que suscita la muerte de esta adolescente. La sentencia expone que “[l]os estereotipos de género tuvieron una influencia negativa en la investigación en la medida en que trasladaron la culpa de lo acontecido a la víctima y a sus familiares, cerrando otras líneas posibles de investigación”.
La Corte ordenó que el Estado llevara a cabo una investigación eficiente para identificar, procesar y castigar a los responsables de la muerte de María Isabel, y que fortaleciera y desarrollara su marco jurídico para proteger a las mujeres y las niñas frente a la violencia.
Amnistía Internacional hizo campaña sobre este caso. En 2013, la vicepresidenta Roxana Baldetti recibió más de un millar de cartas de miembros y simpatizantes de la organización en todo el mundo, que pedían que se actuara sobre este caso.
