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Gracias a un informe de Amnistía Internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores convoca al embajador de Siria

Manifestación de miembros de Amnistía Internacional en contra de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Siria. © AI

"Un domingo de mayo estaba protestando junto a otros ante la embajada cuando un funcionario salió y preguntó si podía hacernos fotografías. Nos negamos. Volvió a entrar en la sede y al momento vimos que nos estaban grabando. Dos o tres días después, agentes la Inteligencia Militar visitaron a mi familia en su casa de Amouda, en el noreste de Siria. Hablaron con mi madre y mi hermano, y les advirtieron que no estarían a salvo mientras yo no suspendiera mis actividades en Estados Unidos". Declaración de Siwar Kajjo, kurdo sirio de 24 años que abandonó Siria en 2006. Kajjo describió lo sucedido a sus familiares después de su participación en una protesta ante la Embajada de Siria en Washington. El pasado 4 de octubre, Amnistía Internacional hizo público el informe La larga mano de la Mujabarat. Violencia y acoso contra sirios en el entranjero y sus familias en Siria. El documento incluye casos de más de 30 activistas en ocho países –Canadá, Chile, Francia, Alemania, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos– que afirman haber sufrido intimidación por parte de funcionarios diplomáticos y otros, y que, al parecer, en algunos casos sus familias en Siria han sufrido hostigamiento, detención e incluso tortura.

El pasado 28 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación dio a conocer un comunicado en el que explican que han convocado al embajador de Siria en España a raíz del mencionado informe de Amnistía Internacional. También recogen que no dudarán en tomar medidas ante acciones cometidas en territorio español por personal con acreditación diplomática o con estatus oficial que vulneren el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Han instado al embajador de la República Árabe a que ponga fin a cualquier actividad por parte de su personal que pueda ser considerada como una violación de los derechos de los manifestantes y, en especial, de su libertad de reunión y expresión.

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