Según un informe de Amnistía Internacional, miles de personas que se manifestaban pacíficamente se han visto afectadas por las draconianas medidas contra las manifestaciones aplicadas en Francia por las autoridades, que hacen un uso indebido de la ley para detener arbitrariamente y enjuiciar a personas que no han cometido ningún acto violento.
El informe, titulado Arrested for protest: Weaponizing the law to crackdown on peaceful protesters in France, documenta cómo la prohibición general de protestas decretada tras el confinamiento por la COVID-19 fue desproporcionada y desembocó en la imposición injustificada de cientos de multas. También concluye que, desde que, a finales de 2018 —mucho antes de la pandemia—, se inició una serie de movimientos de protesta en todo el país, se vienen aplicando unas leyes poco precisas contra personas encargadas de prestar primeros auxilios, periodistas y quienes observan la situación de los derechos humanos, entre otras.
“Las desproporcionadas restricciones de las protestas en la Francia de después del confinamiento son una continuación de una preocupante constante en la que la policía y el sistema de justicia atacan a manifestantes pacíficos. Detener a personas por soltar globos o llevar pancartas tiene un profundo efecto disuasorio en protestas legítimas”, declaró Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional para Europa.
“Miles de personas han sido arbitrariamente multadas, detenidas, recluidas y enjuiciadas por actividades pacíficas que no deberían considerarse delito. En aplicación de los draconianos poderes en vigor a causa de la COVID-19 se han prohibido protestas y se ha multado a cientos de manifestantes”.
En los últimos años, se ha producido en Francia un aumento considerable de movimientos de protesta de ámbito nacional: desde los Chalecos Amarillos (Gilets Jaunes) a las manifestaciones en las que se piden medidas contra la emergencia climática, pasando por las que reclaman justicia social y las convocadas contra la impunidad policial y el racismo celebradas tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.
La lacra de las leyes ambiguas
Entre noviembre de 2018 y julio de 2019, se ordenó la prisión preventiva de 11.203 manifestantes del movimiento Chalecos Amarillos, detenidos y enjuiciados por actividades que no deberían constituir delito. En 2018 y 2019, más de 40.000 personas, manifestantes incluidos, fueron declaradas culpables en aplicación de unas leyes poco precisas que criminalizan, entre otras actividades, el “desacato a funcionarios públicos”, la “participación en un grupo con el fin de cometer actos violentos” y la “organización de una protesta sin cumplir los requisitos sobre notificación”.
Frédéric, sindicalista, ha sido detenido y enjuiciado varias veces en los últimos dos años por sus actividades pacíficas, y multado cinco veces por participar en lo que las autoridades consideraban “protestas prohibidas”.
Brice, periodista, estaba filmando las protestas de los Chalecos Amarillos en París, en abril de 2019, cuando fue detenido, sometido a detención preventiva 24 horas y acusado de “violencia”, “taparse la cara” y “preparar actos violentos”. Contó a Amnistía Internacional: “Me parece absurdo que la fiscalía pidiera [una pena de] tres meses, teniendo en cuenta que soy periodista y que no había pruebas contra mí”. Al final fue absuelto.
En 2019, 20.280 personas, manifestantes entre ellas, fueron declaradas culpables de “desacato a funcionarios públicos”. Este delito, definido de forma ambigua, abarca todo lo que se considere que “afecta a la dignidad personal o al respeto debido a un funcionario público” y es punible con hasta un año de cárcel y una multa máxima de 15.000 euros.
En una protesta contra la violencia policial celebrada en Narbona en mayo de 2019, cuatro personas fueron amonestadas por desacato por el mero hecho de desplegar una pancarta que decía “Sí al lirio del valle, no a las balas de goma”.
En Marsella, un hombre que profirió palabras malsonantes ante un policía que estaba a punto de golpear a una mujer con la porra durante una protesta fue golpeado a su vez, sometido a 24 horas de detención preventiva y condenado por desacato a una multa de 900 euros. También tuvo que pagar 1.000 euros en concepto de daños al policía, mientras que no que no se ha tomado ninguna medida contra los policías.
Confusión sobre el uso de prendas que cubren la cara
Ante el fuerte aumento del uso de gas lacrimógeno, balas de goma y granadas de gas lacrimógeno por la policía, quienes se manifiestan recurren cada vez más al uso de máscaras, cascos y gafas de protección. En abril de 2019, se introdujo la prohibición general de llevar la cara tapada en las protestas bajo multa de hasta 15.000 euros y penas de hasta un año de cárcel. Entre abril y octubre de 2019, 210 personas fueron sometidas a detención preventiva en aplicación de esta prohibición. En 2019, 41 manifestantes fueron declarados culpables de este delito.
Hay que revisar con urgencia la ley que prohíbe llevar prendas que cubran la cara en reuniones públicas, dado que éstas son actualmente una medida necesaria contra la COVID-19.
Cientos de personas, manifestantes entre ellas, han sido declaradas culpables de “participación en un grupo con el fin de preparar actos de violencia”. Este delito tan general permite a las autoridades detener y juzgar a personas, no por lo que han hecho, sino por lo que las autoridades creen que podrían hacer en el futuro. También se ha detenido y juzgado a manifestantes sólo por llevar gafas de protección o máscaras para protegerse del gas lacrimógeno y las balas de goma.
Un activista contó a Amnistía Internacional: “Es como si se pudiera multar a alguien al comprar un Ferrari porque se presupone que va a superar el límite de velocidad”.
Sophie, una mujer que se unió al movimiento Chalecos Amarillos, dijo a Amnistía Internacional que la detuvieron por “participar en un grupo con el fin de preparar actos de violencia” tras inflar unos globos en los Campos Elíseos el Día de la Bastilla.
Ataque sin precedentes a la libertad de reunión pacífica
Las detenciones y enjuiciamientos han tenido un efecto inhibidor en el derecho a la libertad de reunión pacífica en Francia. Muchas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que ahora se lo pensaban dos veces antes de protestar, participaban menos asiduamente en protestas o evitaban las reuniones públicas grandes.
“Resulta irónico que un país con una tradición tan larga y orgullosa de acción colectiva por el cambio social esté criminalizando de este modo las protestas. Tres años después de que Emmanuel Macron hiciera la promesa electoral de proteger el derecho de reunión pacífica, las protestas pacíficas sufren un ataque sin precedentes”, concluyó Marco Perolini.
“Usar la ley para atacar a quienes protestan es menos visible que el uso de fuerza excesiva, pero no es menos perjudicial para el derecho a protestar. Las autoridades francesas deben dejar de criminalizar a las personas y deben modificar todas las leyes que entorpecen el disfrute del derecho de reunión pacífica.”
