Es necesario un Plan Nacional de Derechos Humanos para acabar con las consecuencias del conflicto interno

Madrid/Lima.- Un año después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), “el gobierno peruano debe mostrar la voluntad política necesaria para acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 20 años de conflicto interno”, dijo hoy Nuria García, investigadora sobre Perú de Amnistía Internacional. En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional insta al gobierno peruano a poner en marcha un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluya medidas concretas para garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y para acabar con la impunidad y la discriminación en el país. Según el Informe Final de la CVR, casi 24.000 personas fallecieron o "desaparecieron" durante el conflicto interno armado en Perú, la mayor parte personas de origen indígena o campesino en situación de pobreza o extrema pobreza. Asímismo, la CVR afirmó que la discriminación racial y de género influyó en que esas violaciones se cometieran con impunidad durante años y no fueran denunciadas por la opinión pública. "Los progresos de la CVR en la lucha contra la impunidad, en relación con los 43 casos presentados ante la Fiscalía de la Nación, deben ser capitalizados por el gobierno peruano. Todas las denuncias de violaciones de derechos humanos deben ser investigadas de manera exhaustiva, aquellos responsables enjuiciados en tribunales civiles y sancionados de acuerdo a la gravedad de los hechos cometidos. Las medidas de reparación deben ser tanto individuales como colectivas, proporcionales a la gravedad de la violación de derechos humanos sufrida", afirmó Nuria García. Además, con el fin de combatir la discriminación contra mujeres, indígenas y campesinos, las autoridades deben revisar periódicamente sus leyes para garantizar que no favorecen la discriminación por motivo de raza, orientación sexual y etnia y para mejorar su eficacia en la eliminación de dicha discriminación. El Plan también debe incluir medidas para promover y garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al más alto nivel de salud, el derecho al trabajo libremente escogido o aceptado, el derecho a la educación y el derecho de toda persona a tener un nivel de vida adecuado en términos de alimentación, vestido y vivienda. "Desde el fin del conflicto, la impunidad y la discriminación siguen afectando a miles de peruanos, que se ven incapaces de ejercer sus derechos plenamente. Tanto las autoridades como la sociedad tienen la responsabilidad de actuar para que Perú se convierta en un país donde la igualdad de oportunidades sea una realidad para todas las personas", concluyó la investigadora. Información general La Comisión de la Verdad y Reparación (CVR) se creó en 2001 con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, tanto por Sendero Luminoso y el MRTA, como por el Estado peruano. Asimismo, la CVR debía  determinar el paradero, identidad y situación de las víctimas del conflicto interno y, en lo posible, las responsabilidades, desarrollar propuestas para reparar a las víctimas, y proponer medidas y reformas con el fin de evitar que tales hechos vuelvan a repetirse. El 26 de Agosto de 2003 la Comisión de la Verdad presentó su Informe Final con las conclusiones de la investigación y recomendaciones concretas dirigidas al gobierno peruano. La mayor parte de las propuestas no requieren una gran inversión económica. Otras son reformas estructurales profundas o que requieren transformaciones en la cultura y percepciones de amplios sectores de la sociedad peruana y que necesitarán, por tanto, un programa de reformas a largo plazo.