El nuevo presidente debe ordenar que se investiguen los abusos contra los derechos humanos

Londres.- Amnistía Internacional ha pedido hoy al nuevo presidente de Honduras que ordene una investigación completa sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado de junio, y asimismo que lleve a los responsables ante la justicia y proporcione reparación a las víctimas. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, que tomará posesión del cargo el 27 de enero, fue elegido en noviembre de 2009 en medio de una crisis política que en junio había dado lugar al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por parte de un grupo de políticos de signo derechista respaldado por militares. Las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron a cientos de personas contrarias al golpe de Estado durante las protestas desatadas en los meses siguientes. Más de una decena, según informes, perdieron la vida durante los disturbios. “El presidente Lobo debe garantizar un nuevo comienzo en materia de derechos humanos en Honduras asegurándose de que los abusos cometidos desde el golpe de Estado no caen en el olvido ni quedan sin castigo” afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América. La organización pidió también a las fuerzas de seguridad hondureñas que colaboren con cualquier investigación sobre presuntos abusos. Desde las elecciones presidenciales, el Congreso de Honduras había debatido sobre la posibilidad de introducir una ley de amnistía que reduciría o eximiría de castigo a los responsables de violaciones de derechos humanos. “Las propuestas de introducir medidas de amnistía por violaciones de derechos humanos es sencillamente inaceptable –afirmó Kerrie Howard–. No sancionar los abusos cometidos durante el golpe de Estado podría dar paso a más violaciones en Honduras.” Según decenas de testimonios recopilados en Honduras por investigadores de Amnistía Internacional durante dos visitas al país, los abusos contra los derechos humanos crecieron en espiral tras el golpe de Estado de junio. La gente que se echó a la calle después del golpe de Estado para manifestar su oposición fue víctima del uso generalizado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que perpetraron homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos y cientos de detenciones arbitrarias. Además, la policía y el ejército hicieron uso indebido y generalizado de gases lacrimógenos y otros materiales de control de multitudes. Se amenazó e intimidó a activistas de derechos humanos, líderes de la oposición y jueces, se cerraron medios de comunicación y se censuró a periodistas. También hubo informes sobre actos de violencia contra mujeres y niñas por personal de las fuerzas de seguridad. No se ha obligado a nadie a rendir cuentas por estos abusos, y hasta la fecha apenas se han abierto investigaciones. El 27 de noviembre de 2009, Ángel Salgado, de 32 años, conducía por la capital, Tegucigalpa, en dirección a su casa con tres amigos cuando, según testigos presenciales, al pasar junto a un puesto de control no señalizado, miembros del ejército abrieron fuego contra su vehículo. Ángel Salgado fue alcanzado por una bala en la cabeza y perdió el control del vehículo, que terminó estrellándose y causando lesiones a varios transeúntes. Según testigos presenciales, personal militar empezó a limpiar el lugar inmediatamente después del accidente. Después de permanecer cinco días en estado de coma, Ángel Salgado murió en el hospital el 2 de diciembre. El 14 de agosto de 2009, un agente de policía roció al abogado Nicolás Ramiro Aguilar Fajardo directamente en el rostro con un producto químico desconocido que le causó ceguera temporal. En el momento de la agresión, Nicolás intentaba impedir que el agente golpeara a un compañero de profesión. Información complementaria
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue obligado a dejar el poder el 28 de junio de 2009 y expulsado del país por un grupo de políticos derechistas apoyado por militares y liderado por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso nacional. Un gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti permaneció en el poder hasta el final del año. El presidente Zelaya regresó clandestinamente al país y estableció su residencia en la Embajada de Brasil en septiembre. A pesar del fracaso de las negociaciones políticas para restaurar el gobierno elegido en las urnas, en las que la Organización de los Estados Americanos actuó de intermediaria, las autoridades de facto siguieron adelante con las elecciones en noviembre. Porfirio Lobo, del Partido Nacional, obtuvo el 88 por ciento de los votos y tomará posesión del cargo el 27 de enero de 2010.