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El nuevo líder debe hacer frente a la crisis de derechos humanos y no pasar por alto la peor situación en décadas

Abdel Fatah al Sisi © Public domain photograph from Defense.gov News Photos archive
Abdel Fatah al Sisi toma posesión del cargo de presidente de Egipto en medio de una crisis de derechos humanos de una dureza sin precedentes en la historia moderna del país; así lo han afirmado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El nuevo presidente debe dar prioridad máxima a la adopción de medidas para abordar el desastroso historial de Egipto en materia de derechos humanos. Desde que el presidente Mohamed Morsi fue derrocado el 3 de julio de 2013, las fuerzas de seguridad egipcias han empleado fuerza excesiva en numerosas ocasiones, dando lugar al peor episodio de homicidios ilegítimos en masa de la historia reciente de Egipto. Las autoridades judiciales han dictado sentencias de muerte en una escala sin precedentes y las fuerzas de seguridad han practicado detenciones y torturas en masa que recuerdan a los días más tenebrosos del régimen del ex presidente Hosni Mubarak. “En lugar de abordar la acuciante necesidad de reforma, las autoridades egipcias ejercieron la represión en 2013 en una escala sin precedentes en la historia moderna de Egipto –ha afirmado Hassiba Hadj-Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África–. Ahora que el presidente Al Sisi ha tomado formalmente las riendas del poder, debe poner fin a estos abusos rampantes.” Aparte de la violencia y las detenciones masivas, las autoridades han impuesto amplias restricciones sobre la libertad de expresión, asociación y reunión, lo que revierte drásticamente lo conseguido tras la sublevación del 25 de enero de 2011. Además, se han violado derechos de los refugiados y se ha discriminado a las mujeres en medio de una impunidad rampante y generalizada por abusos graves contra los derechos humanos. El nuevo presidente debe ordenar la liberación de todas las personas que estén recluidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, modificar o retirar la restrictiva ley sobre reuniones públicas de 2013 y ordenar a las fuerzas de seguridad que pongan fin al uso de armas de fuego contra manifestantes cuando no sea estrictamente necesario para proteger del peligro inminente de muerte o lesión grave. Además, su gobierno debe garantizar que se llevan a cabo investigaciones criminales verosímiles sobre los homicidios de más de 1.400 manifestantes cometidos por la policía y el ejército en los últimos 12 meses y sobre las crecientes denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos. “Los aliados de Egipto deben recalcar a su gobierno que el mundo no aceptará cambios a paso de tortuga o meramente superficiales –ha dicho Joe Stork, director adjunto para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch–. Si Egipto no lleva a cabo investigaciones verosímiles sobre los homicidios ilegítimos y las torturas habrá que recurrir a los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se abra una investigación internacional.”

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