La condena dictada hoy por un tribunal tailandés contra cuatro manifestantes pacíficos constituye una afrenta a la justicia y es una señal más de la represión ejercida por el gobierno militar. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El Tribunal Militar de Bangkok ha condenado hoy a cuatro personas a tres meses de prisión y a multas de 5.000 bahts (150 dólares estadounidenses) por violar la prohibición de realizar reuniones públicas de más de cinco personas, impuesta por el gobierno en virtud de la Ley Marcial. Puesto que los cuatro acusados se declararon culpables, las penas de prisión quedan en suspenso durante dos años.
“Se trata de un intento más de las autoridades tailandesas de silenciar la disidencia y hacer servir de ejemplo a quienes expresan su oposición contra el gobierno militar. Estas personas no han hecho nada más que expresar pacíficamente sus opiniones; no deberían haber sido juzgadas y sus declaraciones de culpabilidad y condenas deberían anularse de inmediato”, ha manifestado Rupert Abbott, director adjunto del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Los cuatro fueron condenados por actos que jamás deberían constituir delito, ante un tribunal que jamás debería juzgar a civiles.”
Poco después de ocupar el poder en mayo de 2014, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden –gobierno militar de Tailandia– amplió la jurisdicción de los tribunales militares para que juzgaran a civiles por infringir las órdenes militares y por delitos relacionados con la “seguridad nacional”. Está previsto que decenas más de personas se enfrenten en las próximas semanas a juicios militares por manifestar su oposición al gobierno militar.
Amnistía Internacional se opone al uso de tribunales militares para juzgar a civiles en todos los países y en todas las circunstancias, ya que viola el derecho a un juicio justo. Los civiles condenados por tribunales militares en Tailandia no tienen derecho a apelar ante un tribunal superior.
“Ningún civil debe ser juzgado por un tribunal militar en ninguna circunstancia. Las autoridades deben transferir todos los casos de ese tipo a los tribunales civiles y deben dejar de procesar a personas por actos que no están reconocidos internacionalmente como delitos”, ha manifestado Rupert Abbott.
“El juzgar a civiles ante tribunales militares sin derecho de apelación viola el compromiso de Tailandia de proteger el derecho a un juicio justo. Las autoridades tailandesas deben asimismo reinstaurar de inmediato los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica; las amplias restricciones impuestas actualmente a estos derechos están creando una atmósfera de temor.”
