El gobierno continúa sin mostrar respeto por los derechos de los detenidos de Guantánamo

El gobierno de Estados Unidos continúa sin mostrar respeto por las normas básicas de derechos humanos en el trato que dispensa a los detenidos de Guantánamo, ha manifestado hoy, 8 de julio de 2004, Amnistía Internacional. “El gobierno debe hacer cuanto pueda para facilitar un examen judicial pleno de la legalidad de estas detenciones –ha explicado la organización–. En cambio, parece estar tratando de reducir el alcance del examen y de seguir adelante, al mismo tiempo, con sus planes de celebrar juicios ante comisiones militares en contra de normas fundamentales.” Alrededor de 600 personas de unas 40 nacionalidades distintas continúan detenidas sin cargos ni juicio en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo. Algunas de ellas llevan allí desde principios de enero de 2002. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un principio fundamental de la política de detenciones aplicada por el gobierno en el contexto de la “guerra contra el terror” al fallar que los detenidos de Guantánamo tienen derecho a impugnar su detención ante los tribunales estadounidenses. Ayer, el Pentágono anunció la elaboración de un proyecto de tribunales de revisión de la condición de combatiente en virtud de cual los detenidos de Guantánamo podrán impugnar su denominada condición de “combatiente enemigo”. “No se proporcionará a los detenidos un abogado en este proceso,todo el cual se llevará a cabo en el seno del ejército –ha señalado Amnistía Internacional–. Serán admisibles todas las formas de prueba, incluidas las de testigos anónimos y testimonios que pueden haber sido obtenidos con coacción." Amnistía Internacional teme que el limitado sumario que surja de este proceso se utilice luego para ponerlo delante de los tribunales estadounidenses cuando un detenido impugne su detención. El Pentágono ha dicho que los detenidos serán informados de su derecho a presentar un recurso de hábeas corpus ante los tribunales de Estados Unidos. “Nos preocupa que el gobierno pretenda que los tribunales limiten su examen al reducido sumario que surja de este proyecto de tribunales de revisión de la condición de combatiente –ha manifestado la organización–. Lo que debería hacer es, como mínimo, informar a los detenidos de su derecho a una revisión judicial plena y facilitarles el acceso a un abogado para que pueda llevarse a cabo un procedimiento exhaustivo y justo.” Ayer, el Pentágono anunció también que el presidente Bush ha aplicado la orden militar que firmó el 13 de noviembre de 2001 a nueve detenidos extranjeros más Esta orden prevé la detención por tiempo indefinido sin juicio o el juicio ante una comisión militar, órgano ejecutivo con atribuciones para imponer condenas contra las que no se podrá apelar ante ningún tribunal. Con estos son ya 15 los detenidos a los que se ha aplicado la orden militar. Se han presentado cargos contra tres de ellos. “Los juicios ante comisiones militares –que son órganos ejecutivos, no tribunales independientes e imparciales– son contrarios a normas fundamentales. –ha manifestado Amnistía Internacional–. La negación del derecho de apelación, la restricción de la defensa y la aplicación discriminatoria del derecho a un juicio justo son motivos de preocupación.” Los seis detenidos a los que se ha aplicado hasta ahora la orden militar llevan meses recluidos en régimen de aislamiento, en celdas sin ventanas, según informes,en el Campo Eco. Su salud psicológica es motivo de gran preocupación, y se teme que puedan ser objeto de coacción para que se declaren culpables a cambio de una reducción de la condena o firmen declaraciones incriminatorias que podrían ser utilizadas en los procedimientos de las comisiones militares. Amnistía Internacional teme que alguno de los nueve detenidos recién a los que acaba de aplicar la orden militar sea sometido también a las crueles condiciones de aislamiento del Campo Eco. En un informe publicado el mes pasado, Amnistía Internacional hizo hincapié en que el examen judicial de la legalidad de las detenciones es un principio fundamental del derecho internacional de derechos humanos aplicable ahoraa todos los detenidos de Guantánamo. El examen judicial es parte integrante de la prohibición de la detención arbitraria y una medida fundamental de protección contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La organización ha pedido también que se establezca una comisión de investigación independiente del gobierno, que examine exhaustivamente todas las políticas, prácticas e instalaciones de detención existentes en virtud de la “guerra contra el terror” con miras a exigir responsabilidades a todo el que haya autorizado, infligido o aprobado torturas o malos tratos. Amnistía Internacional pide que se deje en libertad a todos los detenidos de Guantánamo si no van a ser acusados de ningún delito nisometidos a juicio sin que se recurraa la pena de muerte y cumpliendo estrictamente las normas internacionales sobre juicios justos.