Londres.- El 1 de febrero el rey Gyanendra de Nepal disolvió el gobierno, asumió el poder y declaró una situación de emergencia nacional. Estas medidas han sumergido al país en una crisis aún más profunda y exponen a la población nepalesa a un riesgo aun mayor de sufrir graves abusos contra los derechos humanos, han declarado Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. Durante el conflicto que se libra desde hace nueve años en Nepal entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas rebeldes del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) se han cometido abusos generalizados contra los derechos humanos. Se ha puesto bajo arresto domiciliario a los principales dirigentes políticos y se han cortado las comunicaciones dentro de Nepal y con el mundo exterior. Todos los medios de comunicación independientes han sido clausurados y la radio estatal ha informado de que han quedado suspendidos varios derechos, entre ellos el derecho a la libre circulación y el derecho a la libertad de reunión. “La comunidad internacional debe actuar de inmediato para recordar al rey en términos inequívocos que al asumir el poder contrae la obligación personal de proteger a la población nepalesa y garantizar sus derechos humanos fundamentales”, han manifestado las tres organizaciones. Varios países, como la India, ya han expresado su preocupación por la situación. Las organizaciones temen por la seguridad inmediata de los defensores de los derechos humanos, activistas políticos y miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en los últimos tiempos se han venido enfrentando a crecientes actos de hostigamiento tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Las organizaciones han instado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a que, durante su próximo periodo de sesiones que da comienzo en marzo en Ginebra, nombre un relator especial encargado de observar la situación de los derechos humanos en Nepal. Los derechos humanos fundamentales deben ser protegidos plenamente, incluso en situaciones de excepción. Entre estos derechos está el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o malos tratos, así como los derechos garantizados por los principios básicos relativos a la celebración de juicios justos y la prohibición de la detención arbitraria. Las tres organizaciones sienten preocupación por el hecho de que las medidas adoptadas por el rey y el ejército, descritas más arriba, han sido amplias, arbitrarias y excesivas. La última vez que Nepal estuvo sometido al régimen del estado de excepción, en 2001 y 2002, se desencadenó una oleada de graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias y se produjo un quebrantamiento del Estado de derecho. El rey ha adoptado estas medidas apenas una semana después de la entrevista que mantuvo con Louise Arbour, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien le manifestó en términos enérgicos su preocupación por la crisis de derechos humanos que estaba afectando a Nepal. La alta comisionada observó que reinaba la impunidad para los abusos contra los derechos humanos cometidos tanto por agentes del gobierno como por miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
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