El cuerpo de las mujeres como campo de batalla

Bogotá.- Al sembrar el terror y explotar a las mujeres para conseguir una ventaja militar, las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y las guerrillas han convertido en campo de batalla los cuerpos de miles de mujeres y niñas, según ha manifestado Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional, al presentar hoy, 13 de octubre, un nuevo informe sobre la violencia contra las mujeres en Colombia. La violencia sexual contra las mujeres, incluida la violación, forma parte integrante de los 40 años de conflicto armado de Colombia, y las pruebas y testimonios desvelados por Amnistía Internacional sugieren que se trata de una práctica generalizada. El enfrentamiento armado en Colombia entre fuerzas de seguridad y paramilitares apoyados por el ejército, contra los grupos guerrilleros en una lucha por el control del territorio y los recursos económicos ha colocado a la población civil, y en especial a las mujeres, en el punto de mira. El informe Cuerpos marcados, crímenes silenciados, recopila testimonios de mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual a manos de los diversos agentes armados y cuyas voces rara vez se han escuchado. El estigma de la violencia sexual, y el miedo que la rodea, han impedido a muchas mujeres denunciar su caso. “Con este informe esperamos dar voz a las miles de mujeres supervivientes cuya experiencia de violencia sexual permanece oculta tras un muro de silencio alimentado por la discriminación y la impunidad”, ha declarado Esteban Beltrán. La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son utilizados con frecuencia por las fuerzas de seguridad y los paramilitares como parte de sus tácticas de terror contra las comunidades a las que acusan de colaborar con grupos de guerrilla. Las mujeres afrodescendientes, las indígenas y campesinas, las que habitan en barrios marginales y las desplazadas internas corren especial peligro. “Las mujeres y niñas son violadas, agredidas sexualmente e incluso asesinadas por comportarse de una manera que los combatientes consideran inaceptable, o por desafiar la autoridad de los grupos armados, o simplemente por ser consideradas un blanco útil para humillar al enemigo”, ha manifestado Esteban Beltrán. Algunas mujeres han sido agredidas sexualmente tras ser secuestradas por grupos de guerrilla y paramilitares o mientras estaban detenidas bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Los grupos de guerrilla también han obligado a sus mujeres combatientes a abortar y a usar medidas anticonceptivas. Códigos para vestirse “Los paramilitares y los grupos de guerrilla tratan de inmiscuirse incluso en los aspectos más íntimos de la vida de las mujeres en las zonas bajo su control estableciendo toques de queda y códigos sobre la vestimenta y humillando, flagelando, violando e incluso matando a aquellas que se atreven a infringirlos”, ha manifestado Esteban Beltrán. A causa de los estereotipos de género, culturalmente arraigados, las guerrillas y los grupos paramilitares también han atacado violentamente a grupos a los que consideran socialmente “indeseables”, como personas que ejercen el sexo como profesión, lesbianas, gays y personas sospechosas de padecer VIH/sida. Las autoridades colombianas, y la población en general, han hecho caso omiso durante demasiado tiempo del escándalo de la violencia sexual, considerándolo un “problema privado”. Los casos rara vez se reflejan en las estadísticas oficiales o en los informes de autopsias, y son aún más invisibles si se refieren al conflicto armado. El Estado no se ha mostrado dispuesto a llevar a los responsables ante la justicia. Cuando se investiga un caso, el trato que las autoridades dan a las víctimas suele ser degradante, y los responsables de los abusos rara vez son identificados, y menos aún castigados. El tratamiento médico para las supervivientes es prácticamente inexistente para quienes no pueden permitirse pagarlo. “Las mujeres que sobreviven a la violencia son castigadas una y otra vez. No sólo han sido víctimas de abusos sexuales, sino que con frecuencia son rechazadas por su familia y humilladas por el sistema legal, tienen que soportar que les nieguen la asistencia médica y rara vez ven a sus agresores ante la justicia”, ha declarado Esteban Beltrán. Muchas organizaciones colombianas de mujeres han tratado de salvar el vacío proporcionando asistencia médica y asesoramiento a las mujeres que sobreviven. Muchas de estas organizaciones se convierten en blanco de los ataques de agentes armados porque se considera que, con su trabajo, ayudan al “enemigo”. El gobierno no acaba con estos abusos El gobierno colombiano tiene la responsabilidad de prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, y pese a las repetidas recomendaciones de las Naciones Unidas y otros órganos internacionales, hay pocos indicios que sugieran que el gobierno ha tomado medidas suficientes para poner fin a estos abusos y llevar ante la justicia a los responsables, quienes quiera que sean. La política gubernamental sigue arrastrando a los civiles aún más al conflicto y exacerbando el escándalo de la impunidad. “La impunidad es la piedra angular de la prolongada crisis de derechos humanos de Colombia. El Estado colombiano no está cumpliendo con su deber de ejercer la diligencia debida para prevenir, castigar y erradicar la violencia sexual y de género, y está enviando un mensaje que indica que ese comportamiento se tolera e incluso se aprueba”, ha manifestado Esteban Beltrán. “Todas las partes del conflicto deben denunciar públicamente la violencia basada en el género e impartir a sus fuerzas instrucciones claras de que la violencia contra las mujeres no se tolerará y que los responsables tendrán que rendir cuentas de sus actos y serán llevados ante la justicia”, ha concluido Esteban Beltrán. Amnistía Internacional pide a todas las partes implicadas en el conflicto que denuncien públicamente la violencia de género, sea cual sea la circunstancia en que ésta se produzca, dando advertencias o instrucciones claras a sus fuerzas de que la violencia contra las mujeres no se tolerará y que se exigirán responsabilidades y que aquellos que sean responsables de cualquier forma de violencia contra las mujeres serán llevados ante la justicia. Por otro lado, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que exprese su preocupación al gobierno colombiano por el hecho de que éste no haya evitado, perseguido y castigado la violencia sexual contra las mujeres y niñas. Información complementaria Amnistía Internacional visitó Colombia en 2003 y 2004 para investigar la violencia sexual contra las mujeres en varias zonas del país. Durante sus visitas, la organización mantuvo entrevistas directas con supervivientes, testigos, activistas y organizaciones que trabajan sobre casos de violencia sexual y que proporcionan ayuda a las víctimas. Este informe se basa en testimonios de primera mano ofrecidos por supervivientes. Este informe forma parte de la Campaña Internacional: No más violencia contra las mujeres lanzada por Amnistía Internacional en marzo de 2004.