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Los jueces deben basar sus interpretaciones en las normas internacionales

¿El comienzo de una nueva era de derechos humanos en Túnez?

Sesió inaugural de la Asamblea Constituyente, 22 de noviembre de 2011 Autor Samir Abdelmoumen bajo licencia cc-by-sa-3.0 via Wikimedia Commons

Declaración conjunta de Al Bawsala, Amnistía Internacional y Human Rights Watch

La aprobación de la nueva Constitución de Túnez debe poner en marcha la revisión de una amplia gama de leyes e instituciones públicas, han dicho hoy Al Bawsala, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

La aplicación de la Constitución, que garantiza muchos derechos y libertades fundamentales, debe proporcionar el mayor grado de protección para los derechos humanos de los tunecinos.

El 26 de enero de 2014, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución por una amplia mayoría, tras debatirla y votarla artículo por artículo a lo largo del mes. El texto supone una importante mejora sobre la primera redacción, de julio de 2012, e incorpora varias recomendaciones para reforzar la protección de los derechos humanos que las organizaciones que suscriben esta declaración y otras formularon en los dos últimos años.

"La Asamblea Nacional Constituyente de Túnez ha aprobado una Constitución que favorece los derechos humanos con una audaz redacción”, ha dicho Eric Goldstein, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch. “Ahora corresponde a los tribunales, los legisladores, los fiscales y otras autoridades asegurarse de que sus políticas, procedimientos y leyes se ajustan a los derechos consagrados en la Constitución”.  

La Constitución defiende muchos derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales clave, como el derecho a la ciudadanía, a fundar partidos políticos, a la integridad física y a la libertad de circulación, opinión, expresión, reunión y asociación. Incluye el derecho a no sufrir detención arbitraria y a un juicio justo. Además, el texto constitucional prohíbe la tortura y cualquier prescripción del procesamiento de casos de tortura. También garantiza el derecho al asilo político.

La Constitución refuerza la protección de los derechos de las mujeres. Así, su artículo 45 dispone que “el Estado se compromete a proteger los derechos establecidos de las mujeres y trabajará para fortalecer y desarrollar esos derechos”, y garantiza “la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a todos los niveles de responsabilidad y en todos los ámbitos”. Esto convierte a Túnez en uno de los pocos países de la región con obligación constitucional de trabajar en pro de la paridad de género en las asambleas elegidas democráticamente.

El texto constitucional protege también el derecho a la salud, la educación y el trabajo. Las autoridades de Túnez deben aprobar medidas concretas para alcanzar progresivamente la realización plena de estos derechos hasta el máximo de los recursos disponibles del país, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Túnez.

El capítulo sobre la autoridad judicial contiene importantes garantías para la independencia del poder judicial. Por ejemplo, el artículo 100 dispone que “el poder judicial es una autoridad independiente que garantiza la administración de justicia, la supremacía de la Constitución, la soberanía de la ley y la protección de derechos y libertades”. La Constitución faculta a los jueces para que respondan únicamente ante ella y ante la ley en el ejercicio de sus funciones. El artículo 106 prohíbe cualquier injerencia externa en la judicatura.

La asamblea legislativa modificó las disposiciones sobre el Consejo Judicial Supremo, órgano de supervisión independiente de la judicatura. En versiones anteriores del texto constitucional se disponía que la mitad de sus miembros serían jueces, y el resto no, pero según la redacción definitiva de la nueva Constitución, dos tercios de sus integrantes serán jueces, en su mayoría elegidos por compañeros de profesión.

“La aprobación de la Constitución debe acabar definitivamente con la injerencia de las autoridades en el poder judicial”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Túnez debe instituir un Consejo Judicial Supremo que pueda actuar con total independencia de las autoridades, y cuyos miembros sean elegidos de forma transparente. Esto ayudará a garantizar la credibilidad del organismo, incluso en los casos en que vote sobre medidas disciplinarias contra otros jueces”.

La Constitución dispone la creación de un tribunal constitucional con la facultad de revocar leyes que no estén en consonancia con la Constitución.  Esto permitirá que los particulares impugnen la constitucionalidad de las leyes ante los tribunales, en condiciones que deben ser reguladas por ley. Además, establece la creación de una comisión nacional de derechos humanos para vigilar que se respeten los derechos humanos e investigar sus violaciones.

Sin embargo, el texto contiene artículos ambiguos que podrían utilizarse para pisotear los derechos.

Por ejemplo, el 23 de enero, durante la votación del artículo 6, que garantiza la libertad de conciencia y de creencias, el pleno de la asamblea introdujo la prohibición de los “ataques contra lo sagrado” junto a otras disposiciones que prohíben las acusaciones de apostasía y la incitación a la violencia o al odio. Preocupa que la interpretación que legisladores y tribunales hagan de esta vaga prohibición adicional les permita castigar las críticas a las religiones y a otras creencias e ideas, un componente fundamental del derecho a la libertad de expresión.

La Constitución no suprime la pena de muerte, aunque las autoridades tunecinas han suspendido de hecho su aplicación desde principios de la década de 1990. Las organizaciones afirman en su declaración que las autoridades tunecinas deben proteger el derecho a la vida, consagrado en la Constitución, tomando medidas para abolir la pena de muerte.

Las próximos retos para Túnez son garantizar que las autoridades del país, incluidos los tribunales, interpretan y aplican los derechos humanos consagrados en la Constitución de una forma coherente con la interpretación de las normas internacionales ratificadas por Túnez, y comienzan a revisar leyes que son incoherentes con el nuevo texto constitucional.

 

Interpretación de la Constitución

Túnez tiene la obligación de garantizar que su Constitución y sus leyes se ajustan a sus obligaciones internacionales, pero la supremacía del derecho internacional sigue resultando problemática con la nueva Constitución, cuyo artículo 20 dispone que “los acuerdos internacionales y ratificados por la asamblea de representantes son de rango superior a las leyes e inferior a la Constitución”. Esta disposición no debe interpretarse de forma incompatible con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por Túnez, que dispone, en su artículo 27, que los Estados no podrán “ invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

El artículo 20 no debe hacer que jueces y legisladores ignoren las obligaciones internacionales de Túnez basándose en que contradicen la nueva Constitución. El derecho internacional consuetudinario también es vinculante para Túnez, aunque la Constitución no lo menciona.

A la hora de interpretar las leyes, los jueces deben basarse en el artículo 49, que establece los límites sobre el alcance de las restricciones permisibles a los derechos y libertades. Este artículo afirma que las restricciones impuestas a los derechos humanos garantizados por la Constitución no deben poner en peligro la esencia de tales derechos; que no deben imponerse tales restricciones salvo en caso de necesidad en una sociedad civil y democrática para proteger los derechos de terceros, el orden público, la defensa nacional, la salud o la moral públicas; y que deben ser proporcionadas al objetivo que se pretende lograr.

En 2013, muchos periodistas, blogueros, artistas y otras personas que se expresaron pacíficamente fueron procesados basándose en disposiciones del Código Penal que criminalizan la “difamación”, las “ofensas a agentes estatales” y la “alteración del orden público” o la “moral pública”, y que castigan estos delitos con penas de prisión. La aplicación del artículo 49 a casos similares en el futuro será fundamental para evitar tales violaciones del derecho a la libertad de expresión. Un primer paso fundamental sería que las autoridades se comprometieran a no presentar ningún cargo que suponga una violación de los derechos garantizados por la Constitución.

 

Reformas legislativas
Las disposiciones finales de la Constitución rigen el periodo de transición que se extiende desde el momento de su aprobación a las futuras elecciones legislativas y presidenciales. Durante este tiempo, la Asamblea Nacional Constituyente mantendrá sus funciones legislativas. El Código Penal y el Código de Procedimiento Penal son dos de los textos legales más necesitados de revisión para ajustarlos a la nueva Constitución.

Por ejemplo, el artículo 29 proporciona a los detenidos “derecho a ser representados por un abogado”. El artículo 108 dispone que “la ley facilita el acceso a la justicia y garantiza la asistencia letrada a las personas sin recursos económicos”. Sin embargo, con arreglo al Código de Procedimiento Penal, el derecho a consultar con un abogado sólo existe una vez que la persona detenida comparece ante el juez de instrucción. En la práctica, para entonces la mayoría de los detenidos ya han firmado una declaración policial que puede ser utilizada contra ellos en el juicio.

Que durante las primeras etapas de la detención no haya derecho a asistencia letrada supone una grave laguna del derecho tunecino que viola lo que ahora es un derecho constitucional: el derecho a acceder a la justicia. Las organizaciones afirman que los legisladores deben modificar el Código de Procedimiento Penal para proporcionar a los detenidos acceso a la justicia poco después de su detención. Hasta entonces, las autoridades deben garantizar dicho acceso basándose en su carácter de derecho constitucional.

En las leyes tunecinas existen varias disposiciones que deben modificarse para ajustarse a la Constitución y proteger así la libertad de los medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión. Legisladores y tribunales deben eliminar todas las disposiciones del Código Penal y el Código de Prensa que establecen penas de cárcel para formas de expresión no violenta, por ejemplo el reparto de octavillas que pueden “alterar la moral o el orden público”, y las que tienen que ver con la “difamación de agentes estatales”, han dicho las organizaciones.