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El caso Hamdan pone a prueba la legalidad de las comisiones militares

Londres.- El 28 de marzo de 2006, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos comenzará a oír los argumentos en el caso de Salim Ahmed Hamdan en relación con la legalidad de los juicios celebrados ante comisiones militares en la Bahía de Guantánamo (Cuba). A pesar de la impugnación ante la Corte Suprema, el gobierno de Estados Unidos sigue adelante con la celebración de procesos ante comisiones militares, y para la semana que viene hay fijadas varias vistas preliminares.

 

La Corte Suprema se enfrenta a una responsabilidad enorme en el caso Hamdan. Están en juego los principios de imparcialidad judicial, constitucionalidad e igualdad ante la ley, valores básicos en los que se sustenta el conjunto del sistema de justicia estadounidense. Amnistía Internacional tiene intención de observar el caso de la Corte Suprema con gran interés mientras sigue pidiendo el fin de las comisiones militares y el cierre definitivo del centro de detención instalado en la Bahía de Guantánamo. El gobierno estadounidense debe aprovechar la ocasión para demostrar su compromiso con las normas internacionales de derechos humanos y abolir los juicios ante comisiones militares en Guantánamo, así como revocar la orden ejecutiva en materia militar que permite su celebración.

 

Amnistía Internacional ve con preocupación que, lejos de abandonar las comisiones militares o aplazar las causas pendientes en espera de la decisión de la Corte Suprema, el gobierno de Estados Unidos parece decidido a seguir adelante con esta farsa de juicios. De hecho, en enero el gobierno presentó una solicitud para que fuera desestimado el recurso de apelación de Hamdan, aduciendo una ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2005 que coarta gravemente el derecho de las personas detenidas en Guantánamo a emprender acciones ante tribunales estadounidenses. El gobierno argumentaba que dicha legislación debía aplicarse con carácter retroactivo a más de 150 recursos pendientes de personas detenidas en Guantánamo, entre ellas Hamdan. Si bien la Corte Suprema aún no ha adoptado una decisión al respecto, la postura del gobierno representa un nuevo obstáculo a la justicia en estos casos.

 

Amnistía Internacional ha instado en reiteradas ocasiones al gobierno de Estados Unidos a la abolición de estas comisiones militares dado que incumplen normas fundamentales relativas a la imparcialidad de los juicios. La organización ve con suma inquietud que las autoridades estadounidenses siguen adelante con las vistas preliminares en Guantánamo a pesar de los graves defectos que, en el peor de los casos, comportan la posibilidad de una condena a muerte y la admisión de pruebas obtenidas mediante tortura, así como graves limitaciones del derecho a interponer recurso de apelación y restricciones del derecho de la persona acusada a un abogado de su elección. Además son discriminatorias toda vez que únicamente se somete a tales procedimientos injustos a personas de nacionalidad extranjera, puesto que a la hora de juzgar a ciudadanos estadounidenses no están permitidos.

 

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado recientemente que está estudiando prohibir la admisión de declaraciones obtenidas mediante tortura en los procedimientos de las comisiones militares. Amnistía Internacional considera que se trataría de un paso positivo siempre que dicha prohibición incluyese toda forma de trato cruel, inhumano y degradante, como exige la Convención de la ONU contra la Tortura. De otro modo, con una definición restrictiva de lo que constituye tortura por parte de las autoridades estadounidenses, semejante prohibición quedaría desprovista de todo sentido. Por otra parte, las comisiones están formadas al antojo del poder ejecutivo, de manera que la ausencia de un cambio de gobierno indica permanencia. La medida pone de relieve la falta absoluta de certidumbre acerca de las normas que regulan la actuación de las comisiones de un día para otro.

 

Entre las personas detenidas que comparecerán ante una comisión militar en el plazo de dos semanas están Omar Khadr, ciudadano canadiense que sólo tenía 15 años cuando fue puesto bajo custodia estadounidense en Afganistán, y Binyam Mohammad al-Habashi, víctima de la práctica estadounidense de la “entrega extraordinaria”.

 

Tanto Omar Khadr como Binyam al-Habashi aseguran haber sufrido tortura y otros malos tratos durante su estancia en Guantánamo y otros lugares de detención. A Amnistía Internacional le preocupa especialmente el hecho de que Omar Khadr va a ser juzgado ante una comisión militar por actos presuntamente cometidos cuando era menor de edad. Todo este tiempo ha permanecido detenido como adulto y ha sido repetidamente interrogado en ausencia de un abogado y sin estar presente ninguno de sus progenitores o tutores, trato que vulnera las normas internacionales que reconocen a los menores el derecho a medidas especiales de protección y cuidado. Por tales circunstancias, cualquier tribunal para adultos lo consideraría un juicio injusto.

 

Amnistía Internacional ha enviado a una persona para observar cada una de las vistas preliminares celebradas en Guantánamo, quien asistirá a la siguiente etapa de los procedimientos. La observadora de la organización Jumana Musa ha manifestado lo siguiente:

 

Lo que se hace más patente al observar estas vistas es que la falta de normas y de procedimientos establecidos hace que sea muy difícil, si no imposible, preparar una defensa eficaz. Como las normas cambian constantemente y no hay criterios basados en precedentes o en jurisprudencia, la orientación de la persona acusada y su representante letrado a la hora de actuar es escasa o nula. El resultado es que un número considerable de las garantías necesarias para la celebración de un juicio justo están gravemente restringidas o completamente ausentes; no sólo eso, sino que además el propio proceso parece hecho a la medida del caso. Aunque los abogados de la acusación y la defensa se mostraron competentes y pusieron gran celo en su trabajo, el sistema está diseñado para garantizar una declaración de culpabilidad a pesar de una entusiasta y bien argumentada defensa. El propio organismo encargado de seleccionar y acusar a los detenidos, formular las normas y seleccionar a los miembros del tribunal que debía ver la causa creó delitos que encajaban perfectamente con las pruebas . La persona que ejerce la presidencia de una comisión militar sólo debe responder ante la autoridad designadora que la nombró a ella. En semejante sistema cerrado, ningún juicio puede ser “completo e imparcial”.