Cuatro años después de que las fuerzas de seguridad desalojaran violentamente dos acampadas de protesta en las plazas de Rabaa al Adawiya y Al Nahda, ambas en la región metropolitana de El Cairo, con un saldo de al menos 900 muertos y miles de heridos, Egipto está sufriendo una crisis de derechos humanos sin precedentes, ha declarado Amnistía Internacional.
Ni una sola persona ha rendido cuentas por lo que se conoce como la matanza de Rabaa, ocurrida el 14 de agosto de 2013. Por el contrario, cientos de personas que asistieron a las protestas, incluidos periodistas y fotógrafos que cubrían la noticia, han sido detenidas y se enfrentan a un juicio colectivo sin garantías. Este vacío de justicia ha permitido que las fuerzas de seguridad cometan sin control graves violaciones de derechos humanos, como emplear fuerza letal excesiva y llevar a cabo desapariciones forzadas.
“El régimen del presidente Abdel Fattah al-Sisi está decidido a eliminar cualquier recuerdo de la matanza del verano de 2013. El sombrío legado de que no se haya puesto a nadie a disposición judicial es que las fuerzas de seguridad egipcias actualmente creen que nadie les exigirá responsabilidades por perpetrar violaciones de derechos humanos”, ha dicho Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“El desalojo de la plaza de Rabaa fue un punto crucial decisivo para los derechos humanos en Egipto. En los años transcurridos desde entonces, las fuerzas de seguridad han intensificado las violaciones y variado sus métodos, llevando a cabo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a una escala sin precedentes.”
Se calcula que desde 2015 al menos 1.700 personas han sido sometidas a desaparición forzada por agentes estatales durante periodos que van de unos pocos días a siete meses. La mayoría de las víctimas son secuestradas en las calles o en sus hogares y mantenidas en régimen de incomunicación durante meses, sin contacto con familiares ni abogados. Las fuerzas de seguridad egipcias también han perpetrado decenas de ejecuciones extrajudiciales.
Los esfuerzos del gobierno egipcio para borrar cualquier recuerdo de las matanzas de 2013 parece que han tenido cierto impacto. En agosto de 2013, tras el uso excesivo de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad en Rabaa, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea anunció que los Estados miembros habían acordado suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier material que pudiera ser utilizado para la represión interna. A pesar de ello, muchos Estados miembros de la UE han seguido suministrando al país armas y material policial. El último informe de la UE sobre el país, publicado el mes pasado, tampoco menciona la matanza de Rabaa ni la impunidad de la que disfrutan aún los servicios de seguridad.
Juicios manifiestamente injustos Desde la matanza de Rabaa, las autoridades egipcias han llevado a cabo una encarnizada represión contra los disidentes políticos, deteniendo a miles de ellos y condenando a centenares a cadena perpetua o a muerte tras juicios manifiestamente injustos. En muchos casos, estas condenas se dictaron en juicios colectivos a partir de pruebas escasas o dudosas. La mayoría de los acusados se enfrentaban a cargos como participar en manifestaciones no autorizadas, pertenecer al grupo prohibido Hermandad Musulmana, causar daños a bienes públicos o privados, poseer armas de fuego y agredir a las fuerzas de seguridad.
La fiscalía, que tiene la obligación de poner en manos de la justicia a las personas responsables de la tragedia de 2013, se ha mostrado reacia a investigar y enjuiciar a los responsables de tales crímenes. En lugar de ofrecer justicia y reparación a las víctimas, ha ayudado a proteger a los perpetradores para que no sean procesados.
“La diferencia entre la impunidad generalizada de que disfrutaron las fuerzas de seguridad encargadas del desalojo de la plaza de Rabaa frente a la persecución masiva de los simpatizantes de la Hermandad Musulmana que participaron en la protesta y de los periodistas que cubrían ese día la noticia es vergonzosa”, afirma Najia Bounaim.
Según cifras oficiales, seis agentes de seguridad murieron durante el desalojo de Rabaa, y tres durante la protesta que tuvo lugar dos días después en Al Fateh, también en El Cairo. Al menos 1.231 personas están siendo procesadas en dos juicios donde se las acusa colectivamente de su muerte.
Al menos 737 personas fueron acusadas de participar en la acampada de 2013, en lo que se conoce como “el desalojo de Rabaa”. Una de ellas es el periodista Mahmoud Abu Zeid, “Shawkan” detenido por hacer fotos durante la acampada.
Muchas de las personas detenidas están recluidas en condiciones deplorables, incluido aislamiento prolongado, que constituyen tortura. Son golpeadas con frecuencia y no pueden acceder a asistencia letrada y atención médica, ni recibir visitas familiares.
En otro caso emblemático, “el caso de la mezquita de Al Fateh”, al menos 494 personas están siendo juzgadas colectivamente por participar en una protesta el 16 de agosto de 2013, mientras que no se ha investigado el uso de fuerza letal excesiva por parte de las fuerzas de seguridad ese día que se saldó con la muerte de 120 participantes en la protesta.
Entre los acusados está Ibrahim Halawa, de doble nacionalidad egipcia e irlandesa. El grupo se enfrenta a acusaciones tales como participar en una protesta no autorizada y pertenecer a un grupo prohibido, además de asesinato y agresión a las fuerzas de seguridad. Los acusados denunciaron que la policía los había torturado para obligarlos a “confesar” delitos que no habían cometido, cosa que la fiscalía no investigó.
El “caso de la sala de operaciones de Rabaa”, en el que están implicados cuatro periodistas del canal de noticias RASSD —Youssef Talaat, Abdallah Al-Fakharany, Samhi Mostafa y Mohamed El-Adly— es otro ejemplo de la flagrante injusticia que caracteriza estos juicios.
Los periodistas fueron condenados a cinco años de cárcel el 8 de mayo de 2017, acusados de crear y supervisar comités de medios de comunicación en la acampada de Rabaa para difundir “información y noticias falsas”. En el juicio, sus abogados no pudieron asistir a varias sesiones cruciales, con lo que les resultó imposible preparar una defensa adecuada. Además, la sentencia se basó en gran medida en investigaciones de los servicios de Seguridad Nacional cuyos resultados no habían sido corroborados por pruebas materiales.
