“El presidente egipcio debe anular de inmediato todas las penas de muerte impuestas por tribunales de excepción y ordenar nuevos juicios ante tribunales convencionales sin recurso a la pena de muerte. La imposición de la pena capital en juicios manifiestamente injustos donde a los acusados se les negó el derecho a presentar recurso constituye una privación arbitraria del derecho a la vida”, ha declarado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Resulta aterrador que Egipto haya ejecutado al menos a 83 personas en lo que va de año, algunas tras ser declaradas culpables en procedimientos que fueron una parodia de justicia. Las autoridades egipcias deben establecer inmediatamente una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte con vistas a abolir de una vez por todas este castigo cruel, inhumano y degradante”.
Egipto ejecutó a Ibrahim Ismail en diciembre de 2019 y a Moataz Hassan en julio de 2021. Ambos fueron juzgados por Tribunales Supremos de Seguridad del Estado, que los declararon culpables de asesinato y los condenaron a muerte. A ninguno se le permitió recurrir.
En los Tribunales Supremos de Seguridad del Estado, es habitual que la persona acusada sea sometida a otras violaciones del derecho a un juicio justo, como denegarle el derecho a contar con tiempo e instalaciones adecuados para preparar su defensa, a comunicarse con un abogado de su elección y a que las sesiones del juicio sean públicas.
Condena a muerte sin derecho a apelación
Un tribunal de excepción condenó a muerte a 16 de los 36 hombres en peligro de ejecución el 21 de julio de 2021 en Rashed. Nueve fueron declarados culpables de asesinato por el atentado contra un autobús policial en Behira, al noroeste de El Cairo, en agosto de 2015, en el que murieron tres policías y resultaron heridos varios más, años antes de que se declarara el estado de excepción. Los siete restantes fueron declarados culpables de cooperación en el asesinato. Los otros 22 fueron juzgados por Tribunales Supremos de Seguridad del Estado, que los declaró culpables de asesinato, atentados con bomba y pertenencia a grupos terroristas, y los condenó a muerte.
En el juicio del atentado de Behira, el juez se basó únicamente en “confesiones” obtenidas mediante tortura y en testimonios de policías, se negó a permitir que la defensa contrainterrogara a los testigos de la acusación y rechazó la petición de la defensa de examinar pruebas que podrían haber exonerado a los acusados, incluida la información de las torres de telefonía utilizadas por sus teléfonos móviles. Además, el juez reconoció en la sentencia que los abogados de los acusados no habían estado presentes en el interrogatorio de sus clientes.
Varios acusados afirmaron haber sido torturados bajo custodia. Una fuente cercana al juicio, dijo a Amnistía Internacional que uno de los condenados a muerte afirmó que lo habían golpeado y le habían aplicado descargas eléctricas durante el interrogatorio hasta que lograron grabar una “confesión” suya en vídeo, de la que más tarde intentó retractarse.
Dos hermanos condenados a muerte en esta causa —Ahmed Al Zarea, de 31 años, y Al Motaseem Al Zarea, de 28— estuvieron incomunicados desde su detención, el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2015, respectivamente, hasta el 14 de septiembre. Una fuente que conoce la causa dijo a Amnistía Internacional que, durante la detención, ambos hombres fueron sometidos a golpes y descargas eléctricas por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional, un organismo de policía secreta.
Estos agentes, desoyendo una orden judicial del 26 de febrero de 2018 que decretaba su puesta en libertad hasta que se investigara su caso, los llevaron a un lugar desconocido, sometiéndolos así a desaparición forzada. El 7 de abril de 2018, los hermanos fueron llevados ante la fiscalía e interrogados sobre las acusaciones de “pertenencia a un grupo terrorista” y “manifestación ilegal”. Después, volvieron a pasar a prisión preventiva hasta que un juez ordenó su libertad provisional el 9 de junio de 2018. La Agencia de Seguridad Nacional los obligó a presentarse semanalmente en sus dependencias como parte de una medida extrajudicial de libertad vigilada, que tanto las víctimas como la Agencia calificaban de “vigilancia”.
Los hermanos estuvieron detenidos por separado en la famosa prisión de máxima seguridad de Tora 1 (comúnmente conocida como “el Escorpión”) y la prisión de máxima seguridad 2, y se les prohibió recibir visitas familiares. En total, la Agencia de Seguridad Nacional presentó cargos —todos por pertenencia a grupo terrorista y manifestación ilegal— contra Ahmed Al Zarea en cinco causas distintas y contra Al Motaseem Al Zarea en dos. En la única causa que acabó en juicio, dos tribunales diferentes absolvieron a Ahmed Al Zarea de todos los cargos.
“Ahmed Al Zarea y Al Motaseem Al Zarea fueron sometidos a una serie de terribles violaciones, como tortura reiterada, desaparición forzada, detención arbitraria prolongada y graves vulneraciones de su derecho a un juicio justo, y ahora su vida corre peligro. Las autoridades deben asegurarse de que las ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura o coacción jamás se utilizan como prueba ante los tribunales, e investigar todas las denuncias de desaparición forzada y tortura”, ha señalado Philip Luther.
Información complementaria
El 25 de octubre de 2021, el presidente Abdel Fattah Al Sisi anunció que no prorrogaría el estado de excepción en Egipto, vigente desde abril de 2017, tras los atentados con bomba de dos iglesias en los que murieron 45 personas.
El artículo 19 de la ley que rige el estado de excepción dispone que los juicios en curso continuarán incluso cuando el estado de excepción ya no esté vigente. El presidente, sin embargo, conserva la facultad de autorizar, anular o conmutar sentencias, u ordenar un nuevo juicio.
En septiembre de 2021, Egipto lanzó una estrategia nacional de derechos humanos quinquenal, que establece que el derecho a la defensa en casos de pena capital está profundamente vinculado al derecho a la vida. La estrategia señala también la necesidad de aplicar el requisito constitucional de que el acusado pueda recurrir las sentencias dictadas por cualquier tribunal penal.
En lo que va de 2021, Egipto ha ejecutado al menos a 83 personas, muchas de ellas condenadas tras juicios sin garantías. Algunas de estas personas fueron ejecutadas en secreto, manteniendo desinformados deliberadamente a familiares y seres queridos y negándoles una última visita, lo cual vulnera la legislación egipcia.
