La represión del gobierno del presidente Guillermo Lasso hacia las manifestaciones convocadas, en el marco de un paro nacional, por organizaciones indígenas, gremiales y sociales desde el 13 de junio de 2022 está causando una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.
“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019. Para evitar que esta historia se repita, el presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia, como los Pueblos Indígenas y personas en situación de pobreza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos – como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil – en el contexto de la represión de las manifestaciones por las autoridades. Otras organizaciones de derechos humanos han alertado también sobre la existencia de casos de malos tratos y criminalización. A su vez, la Policía Nacional ha reportado incidentes de violencia por parte de manifestantes.
Durante la represión de las protestas de octubre de 2019, organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad.
De acuerdo con información pública, entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de junio, al menos 16 personas resultaron heridas, incluyendo impactos en cráneo y ojos, durante la represión de una manifestación por agentes de la Policía Nacional en Riobamba. Se reporta que dos de las víctimas sufrieron heridas de perdigones.
El 19 de junio a las 2:17 p.m., el Comandante General de la Policía Nacional afirmó que iniciaría una investigación de asuntos internos y negó tanto que sus agentes utilizaran perdigones, como que hubieran disparado contra las víctimas.
Personas defensoras de derechos humanos y líderes Indígenas también han denunciado haber sufrido hostigamiento y ataques al realizar su labor en el contexto de las protestas.
El 18 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que individuos no identificados habían disparado contra la ventana del vehículo de su presidente, Leónidas Iza, mientras se encontraba vacío. Dos horas más tarde, el Ministerio de Gobierno informó que solicitaría la investigación correspondiente y que no toleraba actos de violencia “con mayor razón si los actos ocurren contra quienes nos critican, justificadamente o no”. La CONAIE ya había denunciado vigilancia y hostigamiento por personas no identificadas.
El 19 de junio a las 6:34 p.m., la CONAIE difundió un video donde aparecen dos camiones militares con agentes de seguridad presuntamente estacionándose en las inmediaciones de la sede de la organización en la ciudad de Quito.
La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador denunciaron haber sufrido ataques a sus sitios web a través de bots que buscaban sobrecargar sus servidores el 13, 14 y 18 de junio, respectivamente.
“Para evitar la escalada de esta crisis, desde Amnistía Internacional pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse para defender sus derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas.
Ante la preocupante cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, la Fiscal General del Estado debe realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales para llevar a los sospechosos de responsabilidad penal ante la justicia, incluyendo a la cadena de mando.
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El 14 de junio, hacia las 12:29 a.m., fuerzas de seguridad detuvieron a Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, en la provincia de Cotopaxi. Estuvo detenido en régimen de incomunicación y fue acusado del delito de “paralización de un servicio público”, antes de ser puesto en libertad esa noche. Su detención podría haber sido arbitraria y los procedimientos penales que se siguen contra él podrían constituir criminalización de la protesta.
El 17 de junio, el presidente Lasso emitió el Decreto Ejecutivo Nº 455, que declaró “el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura”, suspendiendo la libertad de asociación, reunión y tránsito durante treinta días. El decreto estableció al Distrito Metropolitano de Quito como “Zona de Seguridad” a cargo de las Fuerzas Armadas, a quienes también ordenó “mantener el orden” en el contexto de las protestas de manera “complementaria” a las acciones de la Policía Nacional.
Una versión previa del decreto, que contenía la firma del presidente, incluía disposiciones preocupantes que autorizaban el uso de “fuerza letal” (Artículo 11) por las fuerzas de seguridad y la limitación del derecho a la información (Artículo 9), suspendiendo “servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet” y restringiendo la difusión de “información clasificada, reservada o de circulación restringida a través de los medios de comunicación social, redes sociales y contenido comunicacional”. Posteriormente, la Presidencia argumentó que se trataba sólo de un “borrador” y emitió una nueva versión sin esas disposiciones.
El 18 de junio, a pesar de que el estado de excepción suspendió la libertad de asociación y reunión, la Presidencia emitió el Boletín Oficial 561, titulado “La capital de los ecuatorianos marcha por la Paz”, para promover una marcha de “cientos de quiteños y quiteñas (…) preocupados por la situación del país y los actos de violencia y vandalismo”. El boletín incluía el mensaje “El Gobierno Nacional respalda esta iniciativa y se suma a esta causa”. Tanto la página oficial que albergaba el boletín, como el tweet que lo promovía, fueron eliminados posteriormente. Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado durante esa marcha, muestra a un grupo de personas cantando mensajes racistas contra la población indígena.
