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Diez años después de los levantamientos masivos de 2011, la represión y la violencia no erradican el activismo árabe

©REUTERS

Durante los últimos 10 años, desde los levantamientos masivos de 2011 que se conocieron como “la Primavera Árabe”, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos de todo Oriente Medio y el Norte de África han seguido reclamando sus derechos ante la implacable represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en la conmemoración del aniversario de las protestas.

En lugar de abordar las causas fundamentales que sacaron a la gente a las calles, las autoridades de Bahréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen han sofocado las protestas y han intentado silenciar la disidencia, utilizando una violencia extrema, detenciones masivas y reclusiones arbitrarias para intimidar a quienes las critican.

Los levantamientos masivos de 2011 generaron sacudidas en todo Oriente Medio y el Norte de África. Las manifestaciones rompieron el tabú en torno a las protestas populares y desataron un cambio irreversible en la imaginación política de jóvenes de ambos sexos. La población de la región reconoció el auténtico poder de la manifestación pacífica y aprendió a soñar con un futuro diferente, uno en el que la gente tenía el control de sus derechos... y no hay vuelta atrás”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Diez años después de las protestas masivas, la situación de los derechos humanos en gran parte de Oriente Medio y el Norte de África presenta un panorama sombrío; Siria y Yemen sufren los devastadores costes humanos del conflicto armado, la anarquía continúa imparable en Libia y las autoridades de Egipto y Bahréin han intensificado su represión de la libertad de expresión y de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de todo, hay señales claras de que la valiente juventud no ha renunciado a reclamar sus derechos.”

Las protestas celebradas en 2019 en Oriente Medio y el Norte de África, en lugares como Argelia, Irak, Líbano e Irán, demostraron que la fe de la población en el derecho de reunión pacífica como herramienta para conseguir cambios no ha decaído, y que la gente no se dejará acobardar por la brutalidad de las autoridades.

Fe inquebrantable

En Túnez, donde la revolución de 2011 dio lugar al surgimiento de una dinámica sociedad civil, algunos movimientos de activismo popular como Manich Msameh han hecho trabajo de incidencia contra la impunidad por la corrupción. La lucha por la rendición de cuentas ha sido ardua, y la Comisión de la Verdad y la Dignidad (IVD) se ha enfrentado a una fuerte resistencia de los parlamentarios y sólo ha logrado una colaboración reacia de los sucesivos gobiernos. Amplias coaliciones de la sociedad civil han apoyado a la IVD para que complete su trabajo y han impedido la aprobación de conflictivos proyectos de ley de seguridad presentados por el Ministerio del Interior. Las personas LGBTI que hacen campaña también han redoblado su trabajo sobre cuestiones tabú, pese a que las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo siguen estando criminalizadas, y los hombres sospechosos de participar en ellas son sometidos habitualmente a exámenes anales, lo cual viola el derecho internacional.

En Libia, diez años después, la justicia por los crímenes de guerra y otros abusos atroces sigue siendo esquiva, y los líderes de las milicias responsables de graves abusos contra los derechos humanos han sido ascendidos en lugar de ser obligados a rendir cuentas. Sin embargo, los y las activistas hacen ahora campaña tanto dentro como fuera de Internet y alzan la voz para reclamar derechos humanos pese a que se enfrentan a una amenaza real de secuestro, detención arbitraria e incluso asesinato a manos de innumerables milicias.

Las organizaciones y plataformas libias recién fundadas que se centran en la justicia y la documentación de derechos humanos han trabajado incansablemente para romper el círculo de impunidad y han desempeñado un papel fundamental en el establecimiento con éxito de la Misión de Investigación de la ONU en el Consejo de Derechos Humanos.

En Siria, el conflicto armado nacido del levantamiento ha desplazado a 6,7 millones de personas dentro del país y ha hecho que 5,5 millones busquen refugio fuera de él. Decenas de miles de personas que se oponen al gobierno sirio han sido detenidas y sometidas a desaparición forzada desde 2011; entre ellas se encuentran manifestantes, activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de los medios de comunicación, profesionales de la medicina y personal de ayuda humanitaria.

En medio de esta sombría imagen, en el extranjero se han creado nuevas organizaciones dirigidas por personas de la región de Oriente Medio y el Norte de África cuyo objetivo es lograr justicia y rendición de cuentas y documentar abusos contra los derechos humanos. Entre ellas se encuentran grupos fundados por comunidades sirias en la diáspora en colaboración con organizaciones europeas para documentar crímenes de derecho internacional, y esa documentación ha dado lugar a procesamientos en Alemania y Francia. Esta misma semana, Eyad al-Gharib se convirtió en el primer agente gubernamental sirio condenado por crímenes de lesa humanidad por su papel en la tortura de personas detenidas en Siria.

El grupo yemení de derechos humanos Mwatana ha encabezado iniciativas internacionales de captación de apoyos para que se rindan cuentas a nivel global, y ha sido nombrado candidato al Premio Nobel de la Paz de 2021.

En Egipto, la represión ha ido en aumento desde que el presidente Hosni Mubarak fue derrocado. Bajo el gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi, las autoridades han endurecido las restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica y han hecho un uso generalizado de la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada y los juicios injustos para silenciar las críticas pacíficas. Las autoridades han seguido atacando a defensores y defensoras de los derechos humanos, a quienes han detenido o recluido o a quienes han sometido a prohibiciones de viajar y a congelación de bienes. Sin embargo, a pesar de eso, en los últimos diez años las personas que hacen activismo de derechos humanos en el país han continuado con su trabajo, y se han fundado varias organizaciones nuevas tanto dentro del país como en el extranjero.

En Bahréin, las autoridades han intensificado su represión de la libertad de expresión y del activismo pacífico y han atacado a disidentes, defensores y defensoras de los derechos humanos, clérigos y activistas independientes. Los y las activistas bahreiníes en el extranjero se han organizado rápidamente en los últimos años hasta convertirse en una voz destacada sobre los derechos humanos en el país.

Como ilustración del hecho de que la lucha por los derechos humanos todavía encuentra eco en la población de la región, en los últimos tres años más de 630.000 personas de Oriente Medio y el Norte de África se han convertido en miembros internacionales o simpatizantes de Amnistía Internacional.

“El predominio y la gravedad de las violaciones de derechos humanos en la región son una realidad sumamente aleccionadora que hace que resulte difícil celebrar el décimo aniversario. Pero lo que está claro es que los gobiernos que hicieron caso omiso de reivindicaciones reales en 2011 están cometiendo el mismo error hoy. Las demandas de derechos humanos para lograr un futuro mejor no van a desaparecer”, ha manifestado Heba Morayef.

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