Declaración Conjunta de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace

Desde hace unas semanas, los ciudadanos del mundo somos testigos de los esfuerzos de los Gobiernos del mundo para socorrer a las entidades financieras y salvarlas de una quiebra anunciada. Primero el gobierno estadounidense, y después los europeos, han puesto sobre la mesa decenas de miles de millones de dólares y de euros de los contribuyentes para ayudar a estas compañías en profunda crisis. Recientemente, los líderes mundiales se han reunido en Washington para unificar sus estrategias, y continuar actuando en socorro de los bancos y entidades financieras. A estas alturas es ya imposible cuantificar con exactitud cuanto dinero público se está destinando para paliar la crisis financiera global. Esta situación ha desviado la atención de otras crisis igualmente relevantes para la estabilidad mundial y que afectan directamente a las vidas de cientos de millones de personas: las crisis alimentaria, climática y de derechos humanos. La premura mostrada por los países ricos para atajar el derrumbe financiero contrasta enormemente con su lentitud y sus promesas incumplidas en materia de ayuda al desarrollo, lucha contra la pobreza, derechos humanos y cambio climático, las prioridades centrales para construir un mundo más justo. Todavía es pronto para prever con exactitud las dificultades que sufrirán los países más pobres como resultado de la crisis financiera y el consiguiente empeoramiento de la situación económica. Pero es evidente que la reducción de las exportaciones a los países desarrollados, la reducción de las remesas, el descenso de la inversión extranjera y la escasez de liquidez internacional, que afectará especialmente a los países con menos acceso al crédito encareciendo la financiación de su desarrollo, derivarán en menos crecimiento y riqueza para repartir y por tanto menos educación y salud para cientos de millones de personas. Para quienes viven en los países más pobres del mundo esta situación es literalmente una cuestión de vida o muerte. El aumento de precios de los alimentos, y las cada vez más frecuentes sequías, inundaciones y demás catástrofes meteorológicas derivadas del cambio climático, unidas al desmantelamiento de las redes de protección social promovidas por las instituciones financieras internacionales, están agravando las situaciones de pobreza y hambre. A finales de septiembre, cuando empezaron a salir a la luz pública las quiebras de Wall Street, en una cumbre de la ONU se supo que muy pocos gobiernos cumplirán los compromisos financieros necesarios para alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza de aquí a 2015. En lo que se refiere a los derechos humanos, las previsiones no son buenas. No sólo los derechos económicos y sociales –incluido el derecho a la vivienda, la salud y la educación– son objeto de una presión cada vez mayor, sino que existe el peligro de que se perpetren más violaciones de derechos humanos. Si se produce una recesión económica prolongada y los países se aprietan el cinturón, las personas migrantes y refugiadas, y las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en todos los Estados se verán sumidas en situaciones insostenibles. Podrían aumentar las tensiones sociales, y el consiguiente nerviosismo de los gobiernos podría conducirlos a reprimir la disidencia y a imponer políticas de seguridad pública muy estrictas que restringirían las libertades civiles. La crisis actual podría debilitar aún más a Estados ya frágiles y sumirlos de nuevo en la inestabilidad y la violencia. En cuanto al cambio climático, también los compromisos comienzan a debilitarse. El liderazgo de la Unión Europea se tambalea, y los acuerdos para una reducción ambiciosa de emisiones podrían peligrar, condenando al mundo a un cambio climático irreversible y de consecuencias catastróficas que afectaría especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables. Peores cosas podrían suceder aún si los países ricos decidieran utilizar la crisis financiera como un pretexto para disminuir las ayudas y los intercambios comerciales. La historia no da pie para el optimismo. Durante la recesión registrada en 1972 y 1973, el gasto mundial destinado a ayudas disminuyó un 15 por ciento, hasta alcanzar sólo 28.800 millones de dólares. Entre 1990 y 1993, el gasto de los países donantes se redujo en un 25 por ciento durante cinco años, hasta llegar sólo a 46.000 millones de dólares, y hasta 2003 no se volvió a alcanzar el nivel de 1992. La ayuda humanitaria –lo que nos gastamos para ayudar a las víctimas de conflictos y desastres naturales– disminuyó también de forma muy sensible durante un periodo similar como consecuencia directa de la recesión registrada entre 1990 y 1993 (esta tendencia sólo se frenó durante los conflictos de Ruanda y Kosovo). En cuanto a los intercambios comerciales, por ejemplo, los países reaccionaron al desplome de Wall Street de 1929 y a la depresión económica mundial levantando barreras aduaneras, y el comercio mundial se redujo casi en un 70 por ciento. Si en 2009 se repitiera este patrón, estaríamos ante un desastre de magnitudes extraordinarias para las personas de los países pobres, que pagarían un coste elevadísimo por el descontrol de la burbuja crediticia en Norteamérica y Europa,. A ello se une el impacto que ya está teniendo la reducción en los flujos de remesas, que para algunos países, como Bolivia o Bangladesh, constituyen hasta el 10% del PIB. España no es una excepción a esta deriva global. Mientras la crisis económica y financiera ocupa la agenda del gobierno de manera prioritaria y casi única, se desdibujan a la misma velocidad los compromisos del gobierno en materia de medio ambiente y derechos humanos y se anuncia el congelamiento en el incremento de la ayuda al desarrollo para 2009. Los derechos humanos no son un lujo propio de épocas de prosperidad. En tiempos de recesión económica, las obligaciones de derechos humanos de los Estados ni se extinguen, ni se atenúan. Los derechos humanos deben ser una prioridad si la recuperación económica se pretende que sea sólida y sostenible. Por otro lado, la inacción ante el cambio climático no es una opción viable. Y en cuanto a la pobreza, hay que asumir que la pobreza global es la negación de todos los derechos, y además una amenaza a la estabilidad mundial. Los países ricos deben dejar de mirarse el ombligo y asumir su responsabilidad sobre el desarrollo global, ya que son los responsables de la actual crisis y por tanto de sus consecuencias para los más pobres. No es sólo una cuestión de dinero, sino de atención sostenida, colaboración internacional y decidida voluntad política de abordar los grandes problemas. En el marco del 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los gobiernos deben garantizar a través de una regulación sensata, la adecuada protección de los derechos de las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables para prevenir un incremento de la pobreza y una sostenibilidad medioambiental a largo plazo y y. Deben dar muestras de una capacidad de liderazgo sin precedentes para construir una economía global que sea respetuosa con el medio ambiente y en la que la mejora de la vida y de los medios de subsistencia de todas las personas prime sobre un sistema que beneficia sólo a unos pocos privilegiados. Seis propuestas concretas para el gobierno español Por todo ello, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam, desde nuestros respectivos ámbitos de trabajo a favor de los derechos humanos, en defensa del medio ambiente y en la lucha contra la pobreza, instamos al Gobierno español a: - Adoptar un Plan estatal contra el racismo que ataje el posible incremento de la discriminación, el racismo y la xenofobia en el contexto de la recesión económica. La administración central debe aprovechar la revisión de la Ley de Extranjería para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas extranjeras, independientemente de su situación administrativa y especialmente de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Igualmente, la revisión de la Ley de Asilo debe garantizar el acceso a la protección internacional para las personas que la necesiten. - La lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad para el Gobierno español también en tiempos de crisis. Se debe  convocar con urgencia la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas sobre la violencia de género, que ha sido pospuesta sin fecha. - Asumir el compromiso en el marco de la Unión Europea de una reducción efectiva de las emisiones de CO2, hasta alcanzar una reducción del 30% en el año 2020 (respecto a 1990). - Introducir los cambios necesarios en la política energética para la sustitución progresiva y completa de las energías fósiles y nuclear, por energías renovables. - Cumplir el compromiso europeo de destinar el 0,56% del PNB a la AOD en 2010, y el de alcanzar el 0´7% del PNB en 2012. - Promover y apoyar la reforma profunda del FMI y el Banco Mundial. En el futuro, estas instituciones deberían abandonar la imposición de las políticas neoliberales a los países en desarrollo, políticas que han contribuido a generar la actual situación de crisis.