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Continúa la espiral de represión cien días después del golpe militar

El ejército de Tailandia impuso la ley marcial el 20 de mayo de 2014, dos días después se hizo con el poder. © EPA

Los centenares de detenciones arbitrarias, los informes de tortura y otros malos tratos, las amplias restricciones sobre la libertad de expresión y reunión pacífica y los juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares están creando un clima de miedo en Tailandia y no hay señales de que vaya a remitir, según afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.

Attitude adjustment –100 days under Martial Law es la primera investigación completa sobre la situación de los derechos humanos en Tailandia desde que el ejército impuso la ley marcial el 20 de mayo de 2014 y tomó el poder dos días más tarde.

“Tres meses después del golpe militar, nuestras investigaciones dibujan un cuadro de violaciones de derechos humanos generalizadas y de gran alcance que el gobierno militar sigue perpetrando”, ha dicho Richard Bennett, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“Las autoridades tailandesas deben terminar con este alarmante cuadro de represión, poner fin a las violaciones de derechos humanos, respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos y permitir la discusión y el debate abierto, todo lo cual es fundamental para el futuro del país.”

Detenciones arbitrarias
En un intento de “regular actitudes” y reprimir la disidencia, el gobierno militar –el Consejo Nacional para la Paz y el Orden– ha incurrido en la práctica sistémica de detener y recluir arbitrariamente a cientos de personas, muchas de ellas aliadas del gobierno anterior, conculcando su derecho a la libertad y otros derechos humanos.

Aunque la mayoría sólo estuvieron privados de libertad siete días como máximo, fueron detenidos sin cargos ni juicio, privados de acceso a un abogado y, en algunos casos, recluidos en régimen de incomunicación. Ahora viven con la amenaza del procesamiento tras haber firmado documentos en los que renunciaban a participar en “actividades políticas” como condición previa para su liberación.

El ejército y la policía han detenido o amenazado con detener a familiares de algunos de los que se niegan a informar. Se ha procesado a varias personas por desobedecer la orden militar de informar y se les ha revocado el pasaporte.

“Las detenciones arbitrarias masivas suponen un flagrante desprecio de los compromisos internacionales de Tailandia en materia de derechos humanos. Es un caso claro de persecución política y un intento de acallar la disidencia”, ha manifestado Richard Bennett.

“Las detenciones y órdenes de informar deben terminar, al igual que todas las restricciones impuestas a las personas liberadas y el procesamiento de quienes se niegan a informar.”

Tortura y otros malos tratos
Amnistía Internacional ha recibido informes verosímiles sobre personas  torturadas –mientras estaban detenidas en régimen de incomunicación y en otras situaciones– mediante palizas, asfixia y simulacros de ejecución, entre otros métodos. La tortura es un problema desde hace mucho tiempo en Tailandia y está muy extendida en los lugares de detención, sobre todo en zonas donde se ha impuesto la ley marcial.

Kritsuda Khunasen, activista política detenida el 27 de mayo de 2014, dijo que los soldados la habían golpeado brutalmente en repetidas ocasiones y la habían asfixiado con una bolsa de plástico durante el interrogatorio.

“Si tardaba demasiado en contestar, no hablaba, no respondía a la pregunta de manera directa [...] me daban puñetazos en la cara, el estómago y el cuerpo [...] Lo peor de todo fue cuando me envolvieron la cabeza con una bolsa de plástico, ataron los extremos y luego me pusieron un saco por encima.  Perdí el conocimiento y me echaron agua encima para que lo recuperase [...] Finalmente supe lo que era temer constantemente la muerte”, explicó.

“El Consejo Nacional para la Paz y el Orden debe garantizar que ninguna persona es sometida a tortura u otros malos tratos, las denuncias sobre estos delitos deben ser investigadas con imparcialidad, independencia y exhaustividad, y los presuntos responsables deben ser procesados”, ha afirmado Richard Bennett.

Libertad de expresión y de reunión pacífica
El Consejo Nacional para la Paz y el Orden ha impuesto asimismo amplias restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, que han tenido un efecto disuasorio sobre el debate público y dado lugar a una autocensura generalizada.

Cientos de sitios web han sido desactivados o bloqueados, se han establecido equipos de censura para vigilar los medios de comunicación y se ha amenazado con la cárcel a personas por publicar material en línea que se consideraba crítico con el ejército.

La prohibición de reuniones de más de cinco personas lleva en vigor desde que se impuso la ley marcial y conculca claramente el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Y un número sin precedentes de personas han sido acusadas en aplicación de la abusiva Ley de Lesa Majestad, que prohíbe las injurias a miembros de la familia real. Desde el golpe de Estado, 4 personas han sido procesadas y condenadas y otras 10 han sido formalmente acusadas.  

“Reprimir las formas más sutiles de disidencia, como llevar camisetas que pueden ‘promover la división’ o leer ciertos libros y comer bocadillos en público como protesta simbólica contra el régimen militar, ya forma parte del modus operandi del gobierno militar”, ha dicho Richard Bennett.

“Las autoridades tailandesas deben revocar tales leyes y órdenes abusivas, retirar todos los cargos formulados simplemente por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y reunión, y poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas o encarceladas por tales cargos.”

Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las restricciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica han tenido graves repercusiones para la labor fundamental de los individuos y organizaciones que defienden los derechos humanos, como la Sección Tailandesa de Amnistía Internacional.

Se ha ordenado a los grupos de derechos humanos que no celebren actos pacíficos, mientras que los cargos por difamación y los procesamientos iniciados contra periodistas y activistas de derechos humanos antes del golpe militar siguen adelante.

Juicios sin las debidas garantías
El derecho a un juicio justo está igualmente en peligro, ya que unas 60 personas se enfrentan a juicios inminentes ante tribunales militares, sin derecho de apelación.

El Consejo Nacional para la Paz y el Orden ha ordenado el procesamiento de civiles ante tribunales militares por incumplimiento de órdenes militares que vulneran derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y por vulnerar una legislación de lesa majestad que también puede conculcar el derecho a la libertad de expresión.

Recomendaciones
Attitude adjustment – 100 days under Martial Law contiene recomendaciones a las autoridades tailandesas para restablecer el respeto a los derechos humanos y garantizar que Tailandia cumple sus obligaciones internacionales.

“Tailandia tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no puede pasar por alto en nombre de la ‘seguridad nacional’; las restricciones impuestas actualmente a las libertades son excesivamente amplias”, ha dicho Richard Bennett.

“Los miembros de la comunidad internacional deben aprovechar cualquier oportunidad, incluido el actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, para animar al gobierno militar tailandés a cambiar de rumbo y garantizar el respeto de los derechos humanos, imprescindible para alcanzar su meta declarada de la reconciliación nacional.”