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“Confesiones” televisadas, tortura y juicios injustos apuntalan la actuación del cuarto mayor verdugo del mundo

Londres.- Las autoridades iraquíes están aumentando el uso de la pena de muerte, una pena impuesta en ocasiones tras “confesiones” televisadas, denuncias no investigadas de tortura y juicios injustos, según afirma un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional.

Con la ejecución de al menos 65 personas el año pasado, Irak se ha convertido en el cuarto país con el número más alto de ejecuciones, por detrás de China, Irán y Pakistán.

Desde que se reinstauró la pena capital a mediados de 2004, más de 270 personas han sido condenadas a muerte, y al menos un centenar han sido ejecutadas. La retransmisión de “confesiones” televisadas cesó a finales de 2005, pero muchos de los que aparecieron “confesando” permanecen condenados a muerte o han sido ejecutados.

“El espectacular incremento de esta pena cruel, inhumana y degradante constituye un peligroso retroceso hacia los brutales errores del pasado, especialmente cuando tantas ejecuciones se han llevado a cabo tras juicios injustos, ‘confesiones’ televisadas y denuncias no investigadas de tortura”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Pese a las justificaciones oficiales de la pena de muerte como elemento disuasorio, la creciente violencia en Irak sugiere que su reinstauración puede haber contribuido sencillamente al embrutecimiento de la sociedad iraquí.”

El informe, titulado La aplicación de la pena de muerte en Irak: injusta y sin las debidas garantías procesales (título provisional) se basa en el examen realizado por Amnistía Internacional sobre centenares de resoluciones dictadas por el Tribunal Penal Central de Irak, así como en los testimonios de las familias de las personas condenadas y de sus abogados. También incluye un detallado análisis de las leyes iraquíes que socavan el derecho a un juicio justo.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe:

·    no se realizan investigaciones, o las que se realizan son insuficientes, sobre las denuncias de tortura, pese a que en muchos casos la declaración de culpabilidad en casos de delitos punibles con la muerte se basa en “confesiones” realizadas durante la detención;

·    hay “confesiones” televisadas previas al juicio, y en los tribunales se presentan testimonios de personas que identifican al acusado tras haber visto la “confesión”;
·    el acceso a los abogados defensores es inadecuado, y los abogados sufren intimidaciones tales como amenazas de muerte y agresiones;

·    los delitos punibles con la pena capital están definidos de una manera vaga y excesivamente amplia en la legislación iraquí, e incluyen secuestros sin consecuencia de muerte y daños a bienes públicos con el fin de minar la seguridad o la estabilidad.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, por considerarla una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. En el ámbito internacional, la reinstauración de la pena de muerte en Irak constituye también un grave retroceso. A principios de 2007, al menos 128 países habían tomado la trascendente decisión de abolir la pena de muerte en la ley o en la práctica, y a lo largo del último decenio una media de más de tres países al año han optado por la abolición.

“Las atroces escenas de la ejecución de Sadam Husein pusieron de manifiesto la brutal crueldad de la pena de muerte en Irak, pero aquella fue sólo una de las al menos 65 ejecuciones llevadas a cabo el año pasado, y la cifra sigue aumentando”, ha manifestado Malcolm Smart. “Amnistía Internacional pide al gobierno iraquí que dicte de inmediato una suspensión de las ejecuciones, conmute todas las condenas de muerte pendientes y garantice que se respetan en todos los casos las normas más rigurosas respecto a juicios justos. De lo contrario, Irak continuará viviendo bajo el brutal legado del pasado.”