Las autoridades colombianas deben garantizar que las fuerzas de seguridad, en particular el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía, se abstienen de usar fuerza excesiva y desproporcionada contra manifestantes; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando la movilización nacional de protesta de comunidades rurales entra en su segunda semana. Según organizaciones sociales y de derechos humanos del país, al menos 179 manifestanteshan resultado heridos y 3 indígenas que participaban en las protestas han perdido la vida desde que comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes iniciaron una movilización nacional el 30 de mayo. También se han recibido informes que indican que algunos miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos. Los manifestantes sostienen en su protesta que el Gobierno colombiano ha incumplido los numerosos acuerdos alcanzados sobre asuntos muy diversos que afectan al medio rural, como la reforma agraria, la educación, la salud, la minería y el consentimiento libre, previo e informado. Las fuerzas de seguridad tienen el deber de garantizar el orden público, pero eso no debe servirles de excusa para hacer caso omiso de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad. El sistema de justicia civil deberá llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las muertes y lesiones para determinar si fueron resultado de un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Los resultados de estas investigaciones deben darse a conocer públicamente y los responsables deben ser procesados ante tribunales ordinarios.
