El anuncio de que el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían alcanzado un acuerdo para poner fin a cinco decenios de conflicto armado es una noticia trascendental largamente esperada que trae esperanzas de que la paz finalmente sea posible, dijo Amnistía Internacional. Las dos partes anunciaron en Cuba que, tras casi cuatro años de conversaciones de alto nivel, habían llegado a un acuerdo sobre los principales asuntos pendientes. El documento del acuerdo, de 297 páginas, abarca distintos asuntos, como la reforma rural, la participación política, el tráfico de drogas y los derechos de las víctimas. "Estamos presenciando la construcción de la historia en Colombia. Uno de los factores principales para una paz duradera y sostenible dependerá en gran medida de si las autoridades pueden garantizar una verdadera justicia para las millones de personas víctimas de desapariciones, homicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y tortura,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El acuerdo específico en torno a los derechos de las víctimas, que se completó e hizo público a finales del pasado año, establece los mecanismos que deben implementarse para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La realidad es que se albergan serias dudas respecto a que estos derechos sean garantizados en la práctica de conformidad con lo dispuesto en el derecho y las normas internacionales. El conflicto se ha caracterizado por los crímenes de derecho internacional —entre ellos homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, toma de rehenes, tortura y delitos de violencia sexual— cometidos por todas las partes, incluidos las fuerzas de seguridad y los paramilitares —actuando solos o en connivencia entre ellos— y los grupos guerrilleros. Muchas de estas violaciones y abusos contra los derechos humanos no se han dado en el contexto del combate directo entre las fuerzas de seguridad y los grupos guerrilleros, sino que han sido motivadas por factores económicos vinculados a la explotación de tierras ocupadas por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Así pues, el riesgo de que estos crímenes no cesen tras la firma del acuerdo es elevado. “Para que cualquier proceso de paz sea efectivo, las autoridades deben garantizar que todas las personas a las que se les presuponga responsabilidad penal en violaciones de derechos humanos son llevadas ante la justicia y procesadas en juicios justos ante tribunales civiles. También deben garantizar que se adoptan medidas integrales para garantizar la seguridad de los grupos y comunidades que corren mayores riesgos y para poner fin a las violaciones y abusos contra los derechos humanos”, ha afirmado Erika Guevara Rosas. Está previsto que la firma oficial del acuerdo de paz tenga lugar en Colombia a mediados o finales de septiembre y, posteriormente, el 2 de octubre, el acuerdo sea ratificado mediante plebiscito. Las FARC no iniciarán el proceso de desmovilización y desarme hasta que el acuerdo esté firmado oficialmente, y éste se pondrá en marcha de forma progresiva a lo largo de los siguientes seis meses.“La paz duradera y sostenible dependerá en gran medida de si las autoridades pueden garantizar una verdadera justicia para las millones de víctimas”Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
