El acuerdo sobre justicia transicional firmado ayer por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lleva un rayo de esperanza a los millones de víctimas de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante los largos 50 años de conflicto armado de Colombia, ha manifestado Amnistía Internacional. Sin embargo, las imprecisas definiciones y las posibles amnistías hacen temer que no todos los responsables de abusos contra los derechos humanos se enfrenten a la justicia. La única manera de que Colombia deje atrás su turbulenta historia es garantizar que todos los responsables de la tortura, homicidios, desapariciones forzadas, delitos de violencia sexual o desplazamiento forzado de millones de personas que se han cometido por todo el país rinden finalmente cuentas de sus delitos. “Este acuerdo es un avance muy importante y una clara señal de que el final de las hostilidades está por fin casi al alcance de la mano. Sin embargo, deja aún muchas cuestiones sin resolver en lo que respecta a garantizar verdad, justicia y reparación a todas las víctimas de conformidad con el derecho internacional”, ha señalado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Colombia tiene el deber de investigar y, si hay pruebas admisibles suficientes, procesar a todos los presuntos responsables penales de delitos de derecho internacional. Esta obligación no es negociable, ni siquiera en el contexto de un proceso de paz.”Ambas partes han anunciado que, con sólo un asunto por resolver, relativo al desarme y la desmovilización, se firmará un acuerdo de paz el 23 de marzo de 2016 a más tardar, es decir, dentro de seis meses. Las FARC han accedido a deponer la armas 60 días después. La cuestión de la justicia ha sido uno de los temas más peliagudos de las negociaciones de paz, que se han venido desarrollando en Cuba desde 2012. A lo largo de este periodo, Amnistía Internacional ha sostenido firmemente que se dé prioridad en las conversaciones a los derechos humanos de las víctimas del conflicto, incluido su derecho a la justicia. Las FARC y el Gobierno han accedido a establecer una Jurisdicción Especial para la Paz, compuesta de un tribunal y salas de justicia, que estarán formados por jueces y magistrados colombianos elegidos por las FARC y por el Gobierno, junto con una participación limitada de expertos extranjeros. El tribunal y las salas de justicia tendrán competencia sobre todos aquellos que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto armado y estén implicados en “delitos graves”. Se entiende por tales los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, incluidos el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, la tortura, la toma de rehenes, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual, entre otros delitos. No obstante, este proceso judicial estará centrado sólo en los delitos “más graves y representativos” y, en el caso de las FARC, sólo en quienes sean considerados los más responsables. Los acusados de “delitos políticos y conexos” podrán acogerse a una nueva ley de amnistía. Tiene todavía que definirse la naturaleza de lo que constituye “delito conexo”, pero no habrá amnistía para quienes sean declarados culpables de delitos graves. El fiscal general ha dicho que podrían beneficiarse de amnistías unos 15.000 miembros de las FARC. Quienes admitan su responsabilidad en delitos graves serán condenados a entre cinco y ocho años de “restricción de libertad”, pero no a prisión. A quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente, se les impondrá una pena de entre cinco y ocho años de prisión. Quienes sean declarados culpable tras haber negado su responsabilidad cumplirán hasta 20 años de prisión. El hecho de centrarse en quienes sean considerados los “máximos responsables” podría dar lugar a que muchos autores de abusos contra los derechos humanos eludan la justicia, pues el concepto no está definido con claridad. Se teme también que resulte difícil conseguir que se dicten sentencias condenatorias en el caso de determinados delitos, como las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. El 4 de junio de este año, el gobierno y las FARC anunciaron también planes de creación de una comisión de la verdad, pero se teme que los tribunales no puedan utilizar ninguna información procedente de ella. Podría verse menoscabada entonces la capacidad de la “Jurisdicción Especial para la Paz” para enjuiciar abusos y violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional pide que se lleven a cabo investigaciones penales independientes para garantizar que quienes se acojan a amnistías no están implicados en abusos y violaciones de derechos humanos. El gobierno debe garantizar que, cualquiera que sea el acuerdo de paz con las FARC, no se procede como con el proceso de desmovilización iniciado con los grupos paramilitares en 2005 en virtud de la Ley de Justicia y Paz. En ese proceso, alrededor del 90 por ciento de los aproximadamente 30.000 paramilitares supuestamente desmovilizados se acogieron a amnistías de facto sin que se llevara a cabo previamente una investigación efectiva sobre su posible participación en delitos de derecho internacional. Del 10 por ciento restante que fueron objeto de investigación criminal, sólo en unos pocos casos se llegó a la fase de juicio un decenio más tarde. Muchos paramilitares de rango medio y bajo no se desmovilizaron.
Información complementaria
El conflicto armado interno de Colombia ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y los paramilitares contra diversos grupos guerrilleros durante más de 50 años. Se ha caracterizado por la comisión sistemática y generalizada de abusos y violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y por una absoluto fracaso para llevar ante la justicia a los presuntos responsables de tales delitos. Las fuerzas de seguridad y los paramilitares, solos o en connivencia, y los grupos guerrilleros han sido responsables de reiterados abusos contra civiles, entre ellos homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y secuestros, desplazamiento forzado, tortura y delitos de violencia sexual. Muy pocos de los presuntos responsables han rendido alguna vez cuentas. Los abusos y violaciones de derechos humanos continúan afectando de manera desproporcionada a determinadas comunidades y grupos, especialmente de las zonas rurales, como los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como a los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos sindicalistas y líderes comunitarios. Hay crecientes esperanzas de que el segundo grupo guerrillero más importante del país, el Frente de Liberación Nacional (ELN), entable conversaciones oficiales de paz con el gobierno a principios de 2016.
