Que las autoridades de Brasil no hayan identificado a todos los responsables del homicidio de la defensora de los derechos humanos Marielle Franco seis meses después del brutal tiroteo que le costó la vida plantea dudas sobre su compromiso de hacer justicia en este crimen atroz y garantizar un entorno seguro a los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país, ha dicho hoy Amnistía Internacional. Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes, fueron tiroteados en su automóvil en Río de Janeiro el 14 de marzo. A la activista le dispararon cuatro veces en la cabeza. La información de los medios de comunicación sugiere que el homicidio estuvo cuidadosamente planeado y que al parecer participaron en él agentes del Estado y las fuerzas de seguridad. “Hoy se cumplen seis meses del homicidio de Marielle. En esta triste fecha se evidencia también la incapacidad y la aparente falta de voluntad que siguen mostrando las autoridades para investigar adecuadamente el caso. Es totalmente inaceptable que haya pasado medio año y que no se haya avanzado en la investigación para saber quiénes fueron los responsables de la absurda muerte de Marielle y Anderson”, ha dicho Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil. “La impunidad no puede ser una opción para las autoridades. Las autoridades federales y estatales de Brasil y su sistema de justicia penal tienen la obligación de garantizar una investigación minuciosa, independiente e imparcial de estos terribles asesinatos.” Tras la presión de Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio Público de Brasil anunció en agosto la incorporación de investigadores especializados en el caso de Marielle, al hacerse cargo de la investigación en septiembre un nuevo equipo del **Grupo de Actuación Especial contra la Delincuencia Organizada (GAECO)**. Amnistía Internacional declaró que se trataba de un paso en la dirección adecuada, pero pidió a las autoridades que incorporasen también a la investigación al Grupo de Actuación Especializada en Seguridad Pública (GAESP). Esta unidad especializada se encarga de investigar abusos policiales y asegurarse de que la policía civil lleva a cabo investigaciones profesionales. “Además, debe crearse un grupo formado por expertos, abogados y otros especialistas, totalmente independiente del Estado, para supervisar la investigación y asegurarse de que sigue el debido proceso”, ha dicho Jurema Werneck. El 20 de agosto, en un encuentro con familiares de Marielle y Amnistía Internacional, el secretario de Estado para la Seguridad brasileño, Richard Nunes, afirmó que apoyaba la iniciativa propuesta de permitir que un grupo independiente vigilara cualquier injerencia indebida o negligencia en la investigación. Las autoridades no han comprobado aún las informaciones aparecidas en los medios de comunicación según las cuales unas cámaras de seguridad enfocadas hacia el lugar del delito fueron apagadas la víspera del atentado y las balas disparadas eran parte de un lote vendido a la Policía Federal brasileña. También quedan por resolver otras interrogantes de la investigación, como si el arma que se utilizó para matar a Marielle y Anderson era una subametralladora de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Se había denunciado la desaparición de armas del mismo modelo del arsenal de la policía civil. Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, la forma en que se llevaron a cabo los homicidios y la precisión de los disparos indican que alguno de sus autores pudiera tener entrenamiento especializado. “Es posible que detrás del homicidio de Marielle haya un grupo de personas que crean que pueden actuar con impunidad. Las autoridades deben demostrarles que están equivocadas y asegurarse de que toda persona implicada en este crimen es procesada con las debidas garantías”, ha dicho Jurema Werneck. La dedicación de Marielle Franco a los derechos humanos Nacida y criada en la favela Maré de Río, Marielle, socióloga y con una maestría en Administración Pública, comenzó a trabajar en derechos humanos en 2000, tras la muerte de una amiga en un tiroteo en el barrio donde vivían. Durante más de diez años trabajó en defensa de los derechos de las mujeres, los habitantes de las favelas, las personas LGBTI y la gente joven de raza negra. También denunció las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos perpetradas por policías y otros agentes estatales. Poco antes de morir, Marielle, que también era concejala del ayuntamiento de Río de Janeiro, había sido nombrada relatora de la comisión municipal encargada de controlar la intervención federal en la seguridad pública de Río. “Cada día que pasa el, reconocimiento internacional del ejemplo que dio mi hija crece y se transforma en una lucha en pro de la justicia para exigir responsabilidades al Estado de Brasil”, declaró Marinete da Silva, madre de Marielle Franco. “Marielle era una lideresa nata. Siempre que participaba en un proyecto lo hacía con el objetivo de ayudar a los demás, con la convicción de que la organización colectiva basada en la solidaridad podría cambiar el mundo. Era feliz haciendo cosas por los demás. Mi familia no descansará hasta que tengamos respuestas sobre los motivos de este crimen”, afirmó Marinete da Silva. Según los informes, sólo en 2016 murieron 66 defensores y defensoras de los derechos humanos en Brasil. Sin embargo, la mayoría de los homicidios de activistas de derechos humanos no se investigan y rara vez se exigen responsabilidades a alguien. “Matando a un defensor o defensora de los derechos humanos se intenta intimidar y silenciar no sólo al activista, sino a toda la sociedad. Es un ataque contra los derechos humanos. Las autoridades de Brasil deben hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a quienes alzan la voz contra la injusticia, y asegurarse de que pueden llevar a cabo su labor sin temor a represalias”, ha dicho Jurema Werneck.
