“Las autoridades saudíes deben paralizar los planes de extraditar a dos hombres uigures a China, donde correrán un elevado riesgo de sufrir tortura en el contexto de la brutal represión de las minorías musulmanas en la región de Xinjiang”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El ulema Aimidoula Waili y su amigo Nuermaimaiti Ruze, detenidos sin explicaciones en Arabia Saudí desde noviembre de 2020, fueron trasladados a la capital, Riad, la semana pasada y se cree que corren riesgo inminente de ser repatriados forzosamente a China.
“De ser enviados a China, es muy probable que ambos hombres sean sometidos a detención arbitraria y tortura en alguno de los represivos campos de internamiento y prisiones de Xinjiang, donde cientos de miles de personas uigures sufren violaciones graves de derechos humanos”, afirmó Lynn Malouf, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“En virtud del derecho internacional, el gobierno saudí tiene la obligación de no extraditar a Waili y Ruze a China debido al riesgo de que sean torturados. Las autoridades saudíes deben paralizar todos los planes de deportarlos y ponerlos en libertad inmediatamente a menos que se los acuse de un delito común reconocible”.
Familiares de los dos hombres dijeron a Amnistía Internacional que Waili (conocido también como Hamdullah Veli) y Ruze (conocido también como Nur Muhammed Rozi) fueron trasladados desde Yeda a Riad el 16 de marzo, y que creen que esto indica su extradición inminente a China.
“Nos preocupa enormemente nuestro padre, lo que le pasaría si es enviado a China. Necesitamos que todo el mundo ayude inmediatamente a detener esta extradición”, dijo Sumeyye, hija de Waili, a Amnistía Internacional.
“Casi seguro que mi esposo sería sometido a tortura en China. Por favor, detengan esta extradición”, añadió la esposa de Ruze.
Waili, que había sido torturado en prisión en Xinjiang, viajó a Arabia Saudí desde Turquía en febrero de 2020 para llevar a cabo una peregrinación religiosa (umrah) con su amigo Ruze.
A principios de noviembre de 2020, Waili supo por un amigo que había hablado con un funcionario saudí que el gobierno iba a repatriarlo a China. Unos días después, Ruze y él fueron detenidos.
Ambos hombres están detenidos desde el 20 de noviembre de 2020 y, hasta su traslado a Riad, estuvieron en la prisión central de Dhahban, en Yeda. Las autoridades saudíes no han dado a Waili ni a Ruze ninguna razón de su detención ni les han informado de los cargos que hubiera contra ellos.
Información complementaria
El artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que ningún Estado Parte extraditará a una persona a un país donde correría peligro de ser sometida a tortura. Arabia Saudí es parte en la Convención desde el 23 de septiembre de 1997.
Aimidoula Waili había sido detenido en Xinjiang en agosto de 2013 porque uno de los empleados de su fábrica supuestamente había incitado a una rebelión. A principios de noviembre de 2020, Waili dijo a Amnistía Internacional que lo habían torturado en prisión con descargas eléctricas y obligándolo a permanecer sobre el hielo vestido sólo con zapatillas y ropa interior hasta tres horas al día.
Tras su excarcelación en 2016, viajó a Turquía, donde le concedieron documentos de residencia que le permitían quedarse indefinidamente en el país. A principios de febrero de 2020, Waili y Ruze entraron en Arabia Saudí con un visado de turista para llevar a cabo una peregrinación religiosa.
En junio de 2021, Amnistía Internacional publicó un informe que revelaba que cientos de miles de hombres y mujeres musulmanes de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang son sometidos a detención arbitraria masiva, adoctrinamiento y tortura.
Testimonios de personas que estuvieron detenidas en campos de internamiento detallaban las medidas extremas adoptadas por las autoridades chinas desde 2017 para erradicar esencialmente las creencias y tradiciones religiosas islámicas, así como las prácticas culturales y las lenguas locales de los grupos étnicos musulmanes de la región.
El gobierno chino ha hecho todo lo posible para ocultar las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Xinjiang y para impedir que los miembros de la diáspora uigur hablen de ellas. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que personas de etnia uigur, kazaja y de otras etnias musulmanas túrquicas de Xinjiang habían sido detenidas sólo por vivir, viajar o estudiar en el extranjero o por comunicarse con personas que estaban en el extranjero. Muchas fueron detenidas sólo por estar “relacionadas” con personas que vivían, viajaban, estudiaban o se comunicaban con personas en el extranjero.
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña internacional en la que pide el cierre de los campos de internamiento y presenta más de 70 detallados expedientes de caso de personas de quienes se cree que están actualmente detenidas. En septiembre de 2021 se habían recopilado más de 300.000 firmas de todo el mundo para exigir la libertad de todas las personas detenidas actualmente en campos de internamiento y prisiones en Xinjiang.
