Un joven saudí de la comunidad chií que afirma que fue torturado para “confesar” delitos presuntamente cometidos cuando tenía 16 años podría ser ejecutado de forma inminente, en el último escandaloso ejemplo de la implacable represión en Arabia Saudí de la disidencia, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La familia de Abdulkareem al Hawaj, que tiene actualmente 21 años, fue informada ayer de que el Tribunal Supremo había confirmado su condena a muerte por su presunta intervención en protestas contra el gobierno. El joven ya ha agotado todos sus recursos judiciales y podría ser ejecutado en cuanto el rey Salman ratifique su condena, lo que podría ocurrir en cualquier momento. Al Hawaj, que fue condenado a muerte en julio de 2016 en un juicio manifiestamente injusto, niega haber participado en ninguno de los actos que se le atribuyen. “La atroz represión de Arabia Saudí de la disidencia no parece tener límites. Su última víctima, que era menor de edad en el momento en que presuntamente cometió los delitos, podría ser ejecutada por un régimen represivo que utiliza la pena de muerte como herramienta para aplastar la disidencia”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora de Investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional. “Desde su detención arbitraria hasta su tortura bajo custodia, pasando por su juicio injusto, la sentencia condenatoria dictada contra Abdulkareem al Hawaj es una burla a la justicia. El rey Salman debe intervenir para anular esta condena y ordenar un nuevo juicio compatible con las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, sin recurrir a la pena de muerte.” Debido al secreto que rodea las actuaciones judiciales en Arabia Saudí, no está claro cuándo ratificaría el rey Salman la condena a muerte. Normalmente a las familias no se les informa del proceso de ratificación ni de la fecha prevista de ejecución de sus seres queridos. Abdulkareem al Hawaj fue condenado a muerte el año pasado por diversos delitos relacionados con su presunta participación en protestas contra el gobierno celebradas en la Provincia Oriental de Arabia Saudí, de mayoría chií, en 2012, cuando tenía 16 años. Al Hawaj no tuvo acceso a un abogado durante el periodo de detención en espera de juicio y los interrogatorios, y afirma que estuvo recluido en régimen de aislamiento durante los primeros cinco meses, tras ser detenido en un control de seguridad en 2012. También dice que lo sometieron a palizas y que amenazaron de muerte a su familia en sus interrogatorios por agentes de la Dirección General de Investigaciones. Al final escribió y firmó una “confesión” que aparentemente es la única base de su sentencia condenatoria. “En lugar de enviar a la muerte a Abdulkareem al Hawaj basándose en una declaración posiblemente obtenida bajo tortura, las autoridades saudíes deberían estar investigando las afirmaciones de que fue torturado por agentes de seguridad”, ha añadido Lynn Maalouf. “Además, las autoridades deben establecer de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones, con vistas a abolir la pena capital en Arabia Saudí.” Arabia Saudí es Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años. Información complementaria
Desde 2013 Amnistía Internacional viene registrando un preocupante aumento de las condenas a muerte impuestas en Arabia Saudí a disidentes políticos, incluida la minoría musulmana chií. La organización ha documentado los casos de al menos 33 miembros de la comunidad chií de Arabia Saudí condenados a muerte actualmente; todos fueron acusados de actividades consideradas peligrosas para la seguridad nacional. Hay otras tres personas condenadas a muerte en espera de ejecución: Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon, que también fueron detenidas por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años y que afirman que fueron torturadas para hacerlas “confesar”. Arabia Saudí es uno de los verdugos más prolíficos del mundo y usa la pena de muerte para una gran diversidad de delitos, como el asesinato, los delitos de drogas y el terrorismo. Al menos 85 personas han sido ejecutadas en el país desde principios de 2017, incluidas 44 en los últimos dos meses. La semana pasada, la familia de otro hombre condenado a muerte en espera de ejecución, Said Mabkhout al Saiari, declarado culpable de asesinato, supo que será ejecutado el 13 de septiembre. El tribunal lo condenó a muerte a pesar de concluir que no había pruebas suficientes, basándose en las declaraciones del padre de la víctima, que juró 50 veces ante el tribunal que creía que Said Mabkhout al Saiari era el responsable del asesinato de su hijo a pesar de que no estaba presente en el lugar del crimen.
