Los siete habían sido detenidos a principios de 2006. Afirman que, durante su interrogatorio en el Departamento de Investigaciones Criminales de Abha, les propinaron fuertes palizas, les negaron la comida y el agua, les impidieron dormir, los tuvieron 14 horas seguidas de pie y los obligaron a firmar "confesiones". Estuvieron tres años y medio recluidos en la prisión general de Abha antes de ser juzgados.
El Tribunal General de Abha General declaró a los siete culpables de robo a mano armada en agosto de 2009 y los condenó a muerte. El juicio duró sólo unas horas, y no tuvieron asistencia letrada ni derecho de apelación. Unos agentes de seguridad presentes en el juicio les advirtieron de que, si se retractaban de sus "confesiones", los torturarían otra vez y llevarían a familiares suyos, incluidas sus madres, a la prisión para torturarlos también delante de ellos.
Amnistía Internacional se ha dirigido hoy al Gobierno español pidiéndole que, tanto a nivel bilateral como de la Unión Europea, adopte todas las medidas necesarias para intentar parar de inmediato estas ejecuciones.
Por otra parte, la organización ha lanzado un llamamiento a través de redes sociales, Facebook y Twitter instando al público a que contacte con la embajada de Arabia Saudí en España para pedir que se detengan las ejecuciones previstas.
Información complementaria
Arabia Saudí tiene uno de los índices de ejecución más altos de mundo: ejecutó al menos a 1.938 personas entre 1985 y 2012. Se sabe que en lo que va de año han sido ejecutadas ya al menos 17. Las autoridades aplican la pena de muerte por una amplia gama de delitos que no cumplen los criterios internacionales mínimos para imponer la pena capital; entre ellos figuran el robo a mano armada y el contrabando de drogas, así como "delitos", como la apostasía, que ni siquiera deberían estar tipificados como tales según las normas internacionales. Arabia Saudí sigue condenando a muerte y ejecutando a personas que eran menores de 18 años en el momento del presunto delito, lo que constituye una violación del derecho internacional.Normalmente se ejecuta por decapitación, a menudo en público. En algunos casos se "crucifica" el cadáver, lo que supone colgar el cuerpo y la cabeza cortada en un poste en una plaza pública, para que sirvan de escarmiento.
En Arabia Saudí, los procedimientos judiciales no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Raras veces se permite a los acusados contar formalmente con un abogado, y en muchos casos no son informados de la marcha de los procedimientos judiciales contra ellos. Pueden ser declarados culpables sin más pruebas que "confesiones" obtenidas con coacción o engaño.
Según las salvaguardias de la ONU que garantizan la protección de los derechos de los condenados a muerte, tiene que ofrecérseles una oportunidad adecuada de defenderse y de apelar, y la imposición de la pena de muerte debe estar prohibida si cabe la posibilidad de interpretar las pruebas de otro modo.
Las fuerzas de seguridad saudíes utilizan impunemente la tortura y otros malos tratos para obtener "confesiones". Normalmente aplican métodos como privar a la víctima del sueño, propinarle puñetazos, golpearla con palos, colgarla del techo y aplicarle descargas eléctricas.
Arabia Saudí es Estado Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíbe el uso de pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Su artículo 15 dispone: "Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración".
Amnistía Internacional puso de relieve el amplio uso de la pena de muerte en Arabia Saudí en un informe de 2008 titulado Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia
