Ali Aarrass
expulsiones sumarias
- Plan de Derechos Humanos. El Comité ha expresado su preocupación al Estado español de que el Segundo Plan de Derechos Humanos aún no haya sido aprobado.
- Ley de Seguridad Ciudadana. El Comité ha destacado el efecto disuasorio que puedan tener las sanciones administrativas contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio de 2015, y en la reforma del Código Penal sobre las personas que quieren manifestarse pacíficamente, así como su impacto en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica. Amnistía Internacional ha documentado el uso abusivo de las sanciones administrativas y penales para castigar a manifestantes pacíficos, lo que parece estar orientado a desincentivar la protesta social en España y limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica.
- Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad. El Comité ha expresado preocupación por frecuentes informes que dan cuenta de denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos por parte de agentes del Estado en especial en el marco de las protestas ciudadanas. También ha destacado las debilidades y deficiencias de las investigaciones de estos casos. Amnistía Internacional lleva años denunciando la falta de investigación y la impunidad que rodea los casos de malos tratos y tortura en diferentes contextos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Para la organización no se trata de una práctica generalizada, pero tampoco de casos aislados. Y la falta de una investigación adecuada fomenta un clima de impunidad con estas prácticas.
- Régimen de incomunicación. El Comité ha lamentado que España no haya abolido el régimen de incomunicación (hasta 13 días en casos de terrorismo o crimen organizado) con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como recomendó en diferentes ocasiones. Amnistía Internacional considera que la detención en régimen de incomunicación no sólo viola derechos de las personas que son esenciales para garantizar un juicio justo, como son acceso a entrevistarse con un abogado, sino que facilita la tortura y otros malos tratos a personas detenidas. La organización se hace eco de las recomendaciones del Comité en este sentido para que se garantice el derecho de toda persona detenida a un abogado de su elección, a ser examinado por un medico de su elección, y a notificar a su familia el hecho y lugar de su detención.
- Víctimas del franquismo. El Comité se ha hecho eco de las recomendaciones de Amnistía Internacional en relación con que los derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo sigan siendo denegados en España, pese a las recomendaciones de numerosos mecanismos de Naciones Unidas. Amnistía Internacional ha documentado y ha denunciado que España ni investiga, ni deja investigar estos crímenes, como demuestra la falta de colaboración con Argentina, donde se encuentra abierta la única investigación sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado.
- El Comité también ha expresado la necesidad de incrementar medidas para combatir los persistentes índices de violencia contra las mujeres. Y ha llamado la atención sobre la reforma de la ley del aborto, que pretende exigir el consentimiento expreso de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad de 16 a 18 años o personas con capacidad modificada judicialmente. Para el Comité, ésta medida podría obligar a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en riesgo su vida y su salud.
Peticiones de Amnistía Internacional
- No devolver a ninguna persona a un país en el que corra riesgo real de ser sometida a violaciones de derechos humanos.
- Revisar la legislación, las políticas y prácticas relativas al control de manifestaciones para garantizar y facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
- Impulsar investigaciones rápidas y eficaces que acaben con la impunidad en casos de malos tratos y tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
- Suprimir el régimen de incomunicación garantizando derecho a asistencia legal y médica de su elección a toda persona detenida.
- Garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
- Intensificar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres.
- Garantizar a las menores de 16 a 18 años y a mujeres con discapacidad el aborto legal y seguro con independencia del consentimiento parental o de sus representantes legales.
