Más de 30 organizaciones internacionales han aunado sus fuerzas para pedir que se establezca un tratado internacional a fin de controlar el comercio de los instrumentos de tortura que se utilizan en todo el mundo para reprimir protestas pacíficas y cometer abusos contra personas detenidas.
En una declaración firmada en Londres, varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han hecho un llamamiento en favor de un tratado para prohibir la fabricación y el comercio de material intrínsecamente abusivo, como porras con púas y dispositivos corporales de electrochoque, así como de la introducción de controles basados en los derechos humanos sobre el comercio de material para hacer cumplir la ley de uso más habitual, como aerosoles de pimienta, balas de goma y esposas.
Estos artículos suelen utilizarse para cometer actos de tortura u otros malos tratos, que están terminantemente prohibidos por el derecho internacional.
“Durante demasiado tiempo, los Estados han ignorado el comercio con instrumentos de tortura que permite a empresas de todo el mundo beneficiarse del dolor y el sufrimiento humano. Todos los Estados tienen la responsabilidad de actuar con decisión para poner bajo control este comercio. Esta declaración es un paso importante hacia la creación de un tratado internacional”, ha declarado Verity Coyle, asesora de Derecho y Política de Amnistía Internacional.
En los últimos años, en todas las regiones se ha utilizado material —como gas lacrimógeno, balas de goma, porras e instrumentos de coerción— para intimidar, reprimir y castigar a manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas durante el control policial de las demostraciones y en los lugares de detención.
Miles de personas manifestantes han sufrido lesiones oculares derivadas del empleo indiscriminado de balas de goma, y otras han sido alcanzadas por granadas de gas lacrimógeno, rociadas con dosis excesivas de sustancias químicas irritantes o golpeadas con porras, o han sido obligadas a mantener posturas en tensión mediante instrumentos de coerción.
Pese a ello, actualmente se carece de controles mundiales relacionados con los derechos humanos sobre el comercio de material para hacer cumplir la ley. No obstante, la Asamblea General de la ONU tiene ahora una oportunidad histórica de votar para que comiencen las negociaciones sobre un tratado al respecto.
Simon Adams, presidente y director general del Centro para las Víctimas de Tortura, ha dicho: “Me reúno con sobrevivientes de la tortura en todo el mundo. Veo las heridas que produce y las consecuencias que tiene un clima de impunidad que permite a los comerciantes vender con libertad instrumentos de tortura en el mercado mundial. Un tratado sobre el comercio sin tortura puede prevenir la tortura mediante la regulación y prohibición de la venta de los productos que se utilizan para infligir sufrimiento inimaginables”.
La presión en favor de un tratado sobre el comercio sin tortura llega después de la aprobación en 2013 —por una mayoría abrumadora de los Estados de todo el mundo— del Tratado sobre el Comercio de Armas, que convirtió un mosaico de leyes y normas nacionales y regionales en controles mundiales destinados a poner fin a las transferencias que alimentaban violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Algunas de las entidades firmantes de la declaración señalan que han trabajado con víctimas de tortura que quedaron ciegas por balas de goma, y conocen casos de mujeres embarazadas que sufrieron un aborto tras estar expuestas a gas lacrimógeno y también de gente que quedó desfigurada de forma permanente tras recibir palizas con porras y sobrevivientes que quedaron con traumas para toda la vida.
Alex Kigoye, director de programas del Centro Africano de Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, ha manifestado: La tortura destruye la dignidad y la personalidad de la gente. Afecta gravemente a las personas y la sociedad, y un tratado desempeñaría un papel decisivo a la hora de proteger la dignidad humana.
Michael Crowley, de la Fundación de Investigación Omega, ha afirmado que el carácter internacional del comercio hace necesaria una respuesta multilateral.
“La investigación de Omega sobre el comercio de instrumentos de tortura ha demostrado que esta actividad económica está actualmente fuera de control. Es un problema global que exige una respuesta global. Mediante el actual proceso de la ONU, ahora tenemos una oportunidad única para controlar este comercio.”
Según Fatia Maulidiyanti, coordinadora del grupo panasiático de derechos humanos Kontras, hay que restringir de forma urgente el comercio de gas lacrimógeno.
Una investigación concluyó que el empleo de gas lacrimógeno por parte de la policía en el estadio de fútbol Kanjuruhan, en Java Oriental (Indonesia), en octubre de 2022 había sido el principal desencadenante de una estampida en la que murieron 132 personas y fue una de las peores catástrofes relacionadas con un acontecimiento deportivo en el mundo.
Lucila Santos, de la Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO), ha añadido: “Un tratado comercial libre de tortura podría retirar las armas intrínsecamente abusivas de la circulación, y contribuir a evitar que se cometan abusos contra los derechos humanos en las calles en el marco de las protestas. Sin controles comerciales internacionales estrictos y basados en los derechos humanos, las personas manifestantes de toda América Latina seguirán sufriendo graves traumas físicos y psicológicos”.
