Madrid, 8 de octubre de 2018.- Ante la publicación de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial sobre el número de desalojos por impago de alquiler y de ejecución hipotecaria, Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España, ha declarado:
“El número de desalojos por impago de alquiler en el segundo trimestre de 2018 se sitúa en niveles que no alcanzábamos desde el mismo periodo en 2013. Resulta muy preocupante comprobar que la crisis de la vivienda sigue sin resolverse en España, dejando desamparadas a miles de personas”.
La organización resalta que los desalojos por impago de alquiler han aumentado en un 7,36% respecto al primer trimestre de 2018 y los producidos por ejecución hipotecaria han subido un 5,31%.
“En total este año se han producido 33.059 lanzamientos. Es importante recordar que detrás de ellos hay personas, familias, menores: unas historias que no siempre podemos conocer porque no existen estadísticas con datos desagregados para conocer el impacto real de la crisis de la vivienda, así como el impacto específico sobre las mujeres; y poder así elaborar un diagnóstico adecuado y unas políticas de vivienda dirigidas a hacer frente a esta situación”, denuncia Marta Mendiola.
“Es necesario incrementar de manera urgente los recursos para aumentar el parque de vivienda social y adoptar medidas sobre las viviendas vacías. No puede ser que España cuente con un número tan elevado de viviendas vacías en España (3,44 millones, según el censo de 2011, el 30% de las existentes en Europa), un importante recurso potencialmente disponible que las autoridades públicas pueden y deben usar para garantizar el derecho a la vivienda”.
La organización señala además que estas cifras se dan en un momento en el que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado de manera alarmante: el año pasado se produjo la mayor subida de los precios de alquiler en los últimos 11 años, y durante el segundo trimestre de 2018 se ha incrementado un 2,4%, dejando el precio por metro cuadrado en 10,8 euros mensuales, según el informe de evolución de los precios del alquiler publicado por idealista. Otros informes recientes sitúan el Índice de Esfuerzo Inmobiliario en 7,7 años de sueldo para la adquisición de una vivienda media, lo que supone entre 3 y 4 meses más de lo que costaba hace un año. “Cuando los salarios no están creciendo a ese mismo nivel, el resultado es que las personas no pueden soportar ese incremento de precios y la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un lujo”, lamenta Mendiola.
En ese sentido, además, la organización ha recordado que el Comité DESC le pidió este año a España que "Adopte las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos y revise su legislación sobre arrendamientos y lleve a cabo las modificaciones necesarias a fin de garantizar una protección adecuada de la seguridad de la tenencia”.
“También es importante conseguir una mayor coordinación entre juzgados y autoridades municipales para que quienes no dispongan de recursos tengan asegurada una vivienda alternativa en caso de desalojo. El derecho a la vivienda en un derecho humano, nadie puede quedar en la calle como consecuencia de esta situación”, concluye Mendiola.
Más información: los datos
- 17.152 desalojos en el segundo trimestre del año. Han aumentado en un 7,26% respecto al primer trimestre. De ellos:
- 10.491 por impago alquiler. Han subido un 7,36% respecto del primer trimestre. Volvemos a niveles de lanzamiento por desahucio del segundo trimestre del 2013, cuando hubo 10.527.
- 5.672 por ejecución hipotecaria. Han subido un 5,31% respecto del primer trimestre.
- 989 por otros procedimientos.
- En lo que va de año: 33.059 lanzamientos. De ellos:
- 20.210 por impago alquiler.
- 11.043 por ejecución hipotecaria.
Qué pide Amnistía Internacional La organización, que lanzó su último informe sobre derecho a la vivienda en mayo de 2017, exige:
- Elaborar estadísticas con datos desagregados sobre cuántas personas han perdido su hogar como consecuencia de un desalojo.
- Incrementar los recursos destinados a aumentar el parque de vivienda social de alquiler.
- Regular el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos y revisar la legislación sobre arrendamientos urbanos con el fin de garantizar una protección adecuada de la seguridad de la tenencia.
- Las administraciones deben realizar un censo actualizado de vivienda vacía y adoptar medidas para utilizar, en la medida de lo posible, estos recursos para incrementar el parque de vivienda social.
- Incrementar la coordinación entre juzgados y autoridades municipales para que quienes no dispongan de recursos tengan asegurada una vivienda alternativa en caso de desalojo.
