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Ahmed Abu Ali, condenado a 30 años de cárcel. Su juicio y su sentencia condenatoria siguen causando preocupación

Londres.- Ahmed Omar Abu Ali fue condenado ayer a 30 años por un tribunal federal de Estados Unidos, con 30 años más de libertad vigilada, tras ser declarado culpable en noviembre por un jurado federal de nueve cargos de conspiración para cometer actos de terrorismo, entre ellos el de conspirar con miembros de al Qaeda para asesinar al presidente estadounidense George W. Bush. El juez de distrito estadounidense Gerald Bruce Lee afirmó que la sentencia era “un castigo justo”, y el ayudante del fiscal general, Paul J. McNulty, afirmó que la declaración de culpabilidad y la condena eran “un hito en los esfuerzos internacionales para llevar a los terroristas ante la justicia”.

A Amnistía Internacional le siguen preocupando profundamente las deficiencias existentes en el juicio de Ahmed Abu Ali, ya que el jurado no tuvo acceso a las pruebas que apoyaban la afirmación del acusado, según el cual durante el año y medio que estuvo recluido sin cargos ni juicio en Arabia Saudí había sido torturado para que confesara. A Amnistía Internacional le preocupa mucho que el juicio pueda sentar un inquietante precedente sobre la admisibilidad de las pruebas de tortura en los tribunales estadounidenses. La organización insta a que, si se presenta recurso, los tribunales se ocupen de esta cuestión.

 

Información complementaria

Ahmed Abu Ali fue detenido en Arabia Saudí en junio de 2003, donde afirma que fue sometido a palizas y latigazos y fue amenazado con la amputación y la decapitación. A pesar de solicitarlo reiteradamente, no recibió la visita de ningún funcionario de la embajada estadounidense hasta el 8 de julio, ni le permitieron ponerse en contacto con su familia hasta el 31 de julio. Mientras estuvo detenido en Arabia Saudí, Ahmed Abu Ali fue interrogado varias veces por agentes de la Oficina Federal de Investigación estadounidense (FBI). Su confesión fue grabada en vídeo el 24 de julio de 2003.

 

Ahmed Abu Ali fue devuelto a Estados Unidos el 21 de febrero de 2005, donde se presentaron contra él cargos por delitos relacionados con el terrorismo, después de haber pasado más de un año y medio sin cargos ni juicio en Arabia Saudí.

 

El testimonio de Ahmed Abu Ali sobre las torturas sufridas en Arabia Saudí coincide con la práctica de la tortura en ese país documentada por Amnistía Internacional desde hace muchos años.

 

Sin embargo, en el juicio el juez Gerald Bruce Lee sentenció que sólo serían admisibles las pruebas directamente relacionadas con el interrogatorio de Ahmed Abu Ali, negando con ello a la defensa la posibilidad de presentar pruebas contextuales pertinentes. El juez Lee había establecido durante los procedimientos previos al juicio que el gobierno estadounidense había demostrado mediante una “preponderancia de pruebas” que las declaraciones efectuadas por Ahmed Abu Ali en Arabia Saudí eran “voluntarias” y que sus declaraciones incriminatorias eran admisibles en juicio. Durante el juicio se utilizaron declaraciones generales de funcionarios saudíes para desvirtuar las denuncias de Ahmed Abu Ali, y sin embargo a sus abogados defensores no se les permitió presentar ninguna prueba relacionada con la trayectoria de derechos humanos de Arabia Saudí en lo referente a la tortura.

 

Un observador enviado por Amnistía Internacional al juicio concluyó que éste había estado viciado debido a la no admisibilidad de pruebas contextuales o generales sobre la tortura en Arabia Saudí.

 

A Amnistía Internacional le preocupa que el juicio de Ahmed Abu Ali pueda haber sentado un precedente en los tribunales estadounidenses al conceder apoyo incondicional a las declaraciones de un gobierno extranjero respecto a su historial de derechos humanos como forma de hacer admisible unas pruebas, incluidas declaraciones conseguidas por medio de torturas y malos tratos. En este caso, parece haberse dado crédito sin más a las declaraciones de funcionarios de Arabia Saudí –un país con un claro historial de torturas y malos tratos generalizados– que negaban rotundamente que existieran estas prácticas, sin ningún intento serio de impugnar dichas afirmaciones.