La nueva regulación penal recientemente aprobada por el líder talibán afianzará aún más la violencia y la discriminación contra las mujeres; así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo análisis jurídico que documenta el amplio y regresivo impacto de esta nueva regulación en los derechos humanos.
La “Regulación de Procedimiento Penal de los Tribunales”, que dispone penas y sentencias condenatorias para una serie de delitos imprecisos y excesivamente amplios, sólo tipifica como delito la violencia de género en el ámbito familiar cuando una mujer haya sufrido la fractura de un hueso o lesiones visibles. El decreto prescribe también una pena de tres meses de prisión para cualquier mujer que visite regularmente a miembros de su familia sin el permiso de su esposo y que se niegue a cumplir una orden judicial de regresar a su hogar.
Asimismo, la regulación dispone duras penas por incumplimiento religioso y penas más severas para personas de condición social baja, y reconoce la esclavitud. Otras disposiciones autorizan la destrucción de bienes como forma de castigo, institucionalizan la tortura y otros malos tratos mediante el castigo corporal y prescriben la pena de muerte para un número mayor de delitos.
“La regulación convierte un sistema ya de por sí represivo en otro aún más draconiano. Las mujeres y las niñas están, por supuesto, entre los grupos de población más afectados, con disposiciones que normalizan la violencia de género en el ámbito familiar e imponen restricciones aún mayores a su circulación y su autonomía”, ha manifestado Smriti Singh, directora de Amnistía Internacional para Asia meridional.
“Las disposiciones sobre el estricto cumplimiento religioso y el endurecimiento de las penas dependiendo de la clase social afianzarán la discriminación y afectarán a la población más marginada y económicamente desfavorecida del país.”
“Pedimos a los talibanes que revoquen o revisen de inmediato esta represiva regulación y la adapten para conformarla a las normas internacionales de derechos humanos. También instamos a la comunidad internacional a condenar la regulación de manera inequívoca, y a presionar a los talibanes para que pongan fin a las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas que están llevando a cabo.”
El análisis destaca algunas de las principales disposiciones draconianas de la regulación y los desafíos que plantea, así como la manera en que afectarán a los derechos humanos en al menos siete áreas. Estas áreas se exponen a continuación, junto con algunas de las cuestiones clave que incluyen:
- Derechos de las mujeres: Cómo los cambios expuestos más arriba eliminan mecanismos de seguridad esenciales para víctimas y supervivientes de violencia de género.
Libertad de credo, de creencia, de pensamiento y de expresión: El impacto que sobre las minorías religiosas tendrán las severas penas nuevas por desviarse de la escuela hanafí del islam suní que los talibanes afirman seguir, y la designación como heréticas de las creencias contrarias a la rama suní del islam. - Tortura y otros malos tratos: Cómo las disposiciones de la regulación prescriben la tortura y otros malos tratos en forma de flagelación o azotes por una amplia variedad de delitos.
- Pena de muerte: La prescripción de la pena de muerte para una amplia diversidad de delitos, entre ellos “sodomía habitual”, basándose en el criterio discrecional de un imán de que la pena se impone en aras del “interés público”.
- Normas internacionales sobre juicios justos: Cómo las imprecisas definiciones de delitos facultan a los jueces y las autoridades talibanes para definirlas arbitrariamente e implementarlas, lo que socavará aún más el proceso de justicia.
- Igualdad ante la ley: La división de delincuentes en cuatro categorías con una escala progresiva de penas basada en la jerarquía social.
- Esclavitud: Cómo la redacción de algunas disposiciones parece reconocer la propiedad sobre determinadas personas y reconoce expresamente la esclavitud.
Información complementaria
El 5 de enero, el líder talibán aprobó la regulación y ordenó su publicación en el Boletín Oficial, donde se publican las leyes y otros documentos legislativos para garantizar que la población los conoce y puede acceder a ellos. El 8 de enero, la Secretaría del Tribunal Supremo talibán (Dar al Insha), distribuyó la regulación entre los miembros de Tribunal Supremo, los órganos de dirección y los tribunales, para su puesta en práctica. Aunque la regulación aún no se ha publicado en el Boletín Oficial, los talibanes declararon el 23 de enero que pronto se publicaría. Amnistía Internacional se puso en contacto el 19 de febrero con las autoridades talibanes de facto para pedir una copia oficial de la regulación y cualquier material de acompañamiento con el fin de llevar a cabo este análisis, y de determinar si la regulación se ha puesto de hecho en práctica, pero no recibió ninguna respuesta.
El 15 de febrero, un medio de comunicación informó de que la aplicación de la regulación había dado lugar al procesamiento de una persona en la provincia de Badghis por insultar al líder talibán.
