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Actualización de la situación en Cataluña

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre

Amnistía Internacional pudo documentar que tanto miembros de la Policía Nacional (Unidad de Intervención Policial) como agentes de la Guardia Civil hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y hicieron uso inadecuado de material antidisturbios como pelotas de goma o sustancias químicas irritantes contra personas que hacían resistencia pacífica, todo ello en el contexto de una operación legítima para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuyo objetivo era impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña (1-O).

Por otra parte, la actuación de las fuerzas de seguridad fue en ocasiones claramente obstaculizada. Según datos del Ministerio de Interior, a 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la Policía Nacional y 37 agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos como consecuencia de esos impedimentos, y la organización ha podido visionar imágenes que muestran actitudes violentas por parte de manifestantes contra agentes.

No obstante, la Fiscalía sigue sin impulsar acciones para esclarecer la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni coopera de manera activa en los casos que están ahora mismo abiertos en distintos tribunales en Cataluña, y el Ministerio de Interior sigue declarando que actuaron de forma proporcionada en todos los casos.

Amnistía Internacional ha pedido una investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en la que los responsables sean llevados ante la justicia, y que se tomen medidas para que este tipo de actuaciones no se repita. Además, el Ministerio del Interior debe proceder a la retirada y suspensión del uso de las pelotas de goma que se emplean actualmente en España.

En estos momentos hay abiertas instrucciones en ocho juzgados catalanes que están investigando algunas de estas denuncias. Sin embargo, persiste la falta de interés e impulso por parte de la Fiscalía a las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, la falta de investigaciones internas por parte del Ministerio del Interior, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes.

El procesamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart

El 16 de octubre, la jueza Lamela de la Audiencia Nacional dictó auto de prisión provisional contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de las organizaciones independentistas catalanas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. El pasado 6 de febrero, por decisión judicial se decidió prolongar la prisión provisional de Jordi Sánchez. Su causa también pasó al Tribunal Supremo, y tras la instrucción llevaba a cabo por el juez Llarena, se enfrentan a un delito de rebelión, ya que además de su responsabilidad en los hechos del 20 y 21 de septiembre, se les atribuye también su participación en la celebración del referendum del 1-O como elemento clave para la consecución de la independencia. El juez Llarena también confirmó la decisión de seguir manteniéndolos en prisión provisional.

Por los mensajes que publicaron en las redes sociales según los jueces, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los sucesos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart convocaron a la ciudadanía a concentrarse delante de unos edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal ordenada por un juzgado de Barcelona que conllevaba el registro de varios edificios oficiales. Al parecer no animaron a los manifestantes a utilizar la violencia, y los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no se les puede atribuir directa ni indirectamente en tanto que organizadores de las protestas.

Como ciudadanos particulares y presidentes de sendas organizaciones de la sociedad civil, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tenían derecho a expresar sus opiniones contrarias a las actuaciones policiales acordadas por un Juzgado de Instrucción de Barcelona, consistentes, entre otras, en el registro de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat. También tenían derecho a organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña.

Mientras que el hecho de convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita podría, de demostrarse, ser castigado, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por delitos graves como la rebelión, y su prisión provisional, constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por esta razón Amnistía Internacional pide que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad y que se retiren los cargos de rebelión.

Ante la posible comisión de un delito de orden público, Amnistía Internacional no les ha identificado como presos de conciencia*. La organización seguirá observando las actuaciones penales y estudiará las pruebas presentadas contra ellos.

El procesamiento de Carles Puigdemont y otros altos cargos catalanes

El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión del referéndum y el 17 de octubre resolvió que el referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para el 1 de octubre (1-O), era inconstitucional. El derecho internacional de los derechos humanos no proporciona ninguna base para impugnar la legitimidad o el razonamiento jurídico de la providencia del Tribunal Constitucional.

De esta providencia se deduce que los actos de los altos cargos catalanes que participaron en la organización del referéndum del 1-O y en la posterior declaración de independencia el 27 de octubre fueron ultra vires y posiblemente constituyeron delito en virtud de la legislación española. Los actos cometidos por los altos cargos catalanes en el ejercicio de sus funciones oficiales para celebrar un referéndum ilegal no estaban protegidos ni por el derecho a la libertad de expresión ni por ningún otro derecho humano establecido en el derecho internacional.

El pasado 30 de octubre, el fiscal general del Estado español presentó una querella en la Audiencia Nacional contra el ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont i Casamajó y 13 exconsejeros del gobierno catalán, y otra en el Tribunal Supremo contra varios ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán, incluida su presidenta, Carme Forcadell. Según el Fiscal General, todos ellos eran responsables penales de rebelión, sedición y malversación. Tras pasar toda la causa al Tribunal Supremo, el pasado 21 de marzo de 2018, el juez Llarena dictó un auto de procesamiento contra ellos por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, estando en estos momentos a la espera de que se celebre el juicio oral.

El 2 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó la prisión provisional de ocho de los 13 exconsejeros. El 5 de noviembre, después de que una jueza de la Audiencia Nacional emitiera una orden europea de detención, Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros fueron requeridos por la justicia belga y se personaron ante la policía, tras lo cual fueron puestos en libertad con medidas cautelares. El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo ordenó la libertad con fianza de los cinco miembros del Parlamento catalán. El 5 de diciembre, el juez del Tribunal Supremo español anuló las ordenes de detención. El 23 de marzo, algunos de los exconsejeros y la presidenta de la Mesa del Parlamento, que estaban en libertad bajo fianza, tuvieron que ingresar nuevamente en prisión por mandato del juez Llarena. El 25 de marzo de 2018, Carles Puigdemont fue detenido en Alemania tras reactivarse la orden europea de detención cuando regresaba en coche de un evento en el que participaba en Finlandia. El Tribunal de Schleswig-Holstein decretó su libertad con fianza a la espera de decidir sobre la extradición, si bien por la información aportada por la justicia española dicho tribunal no veía indicios de rebelión, según la figura análoga que existe en el Derecho alemán. El procedimiento de extradición continúa en marcha.

Si bien Amnistía Internacional reconoce que los consejeros y parlamentarios catalanes podrían haber cometido un delito legítimamente enjuiciable, los tribunales deben garantizar que las facultades discrecionales de enjuiciamiento no se ejercen de forma arbitraria o injustificada. Por otra parte, Amnistía Internacional no ha identificado ningún motivo que haga pensar que, caso de ser el expresidente y los exconsejeros extraditados a España, sean sometidos a un juicio que incumpla el derecho y las normas internacionales.

Amnistía Internacional no ha calificado a los altos cargos catalanes en prisión de presos o presas de conciencia*, pues la organización utiliza tal expresión únicamente para las personas que no deberían ser castigadas en modo alguno pero están privadas de libertad sólo por el ejercicio de sus derechos humanos (o por ciertos elementos de su identidad) y, por tanto, no han hecho nada que pueda interpretarse legítimamente como delito.

Sin embargo, según el artículo 472 del Código Penal español, el delito de rebelión exige el uso de la violencia para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. En cuanto a que el gobierno catalán hizo un llamamiento a las personas a la movilización y a la oposición pacífica a varias operaciones policiales legítimas antes o durante el referéndum, de los datos de que dispone Amnistía Internacional no parece que se cumpla el requisito de la violencia para que exista el delito de rebelión, pero es la justicia la que tendrá que determinar el tipo penal y AI seguirá haciendo seguimiento para evaluar si hay juicio justo.

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la actual situación de prisión provisional de los seis exconsejeros del gobierno catalán y de la expresidenta de la Mesa del Parlamento. Tanto la jueza de la Audiencia Nacional como el auto de prisión del Juez Llarena justifican esta medida para todos ellos haciendo referencia a los requisitos previstos en la legislación española, a saber: la existencia de indicios de su participación en los delitos, el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración delictiva y el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.

Según el derecho y las normas internacionales, el uso de la prisión preventiva sólo se justifica cuando no existe una medida alternativa que garantice los intereses de la justicia. Por otra parte, la medida de prisión preventiva debe estar sometida a revisión judicial periódica.

Amnistía Internacional observará atentamente todas las actuaciones penales sobre este caso para evaluar si se respetan plenamente el derecho a un juicio con las debidas garantías y el derecho a la libertad.

El acercamiento de Jordi Cuixart y dos exconsejeros presos

Los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, indican que los presos y presas deberían poder cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y lo soliciten individualmente. En el caso de Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva, que han pedido poder estar más cerca de sus familiares y su arraigo personal, Amnistía Internacional considera que no hay ningún obstáculo para que se les facilite que puedan estar más cerca de su familia mientras están a la espera de juicio.

* Ante la inexistencia de una definición aceptada del término “preso/a político/a” en el derecho internacional y a la luz de los numerosos posibles significados que puede tener en su empleo cotidiano, Amnistía Internacional, por norma general, trata de evitar su uso. La organización utiliza ocasionalmente el término como término descriptivo abreviado en casos con un fuerte contexto político, pero prefiere evitarlo por el riesgo de que sea malinterpretado en el sentido de que implica un estatuto jurídico determinado. Más específicamente, Amnistía Internacional no emplea los términos “preso/a político/a” y “preso/a de conciencia” de forma indistinta y, en concreto, evita el uso del término “preso/a político/a” en situaciones en las que podría invitar erróneamente a inferir que la persona así calificada es un “preso/a de conciencia”.


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