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La lucha contra la impunidad en España

© AP Photo/Víctor R. Caivano
© AP Photo/Víctor R. Caivano

En cuanto a la lucha contra la impunidad, nuestra organización mantiene desde hace tiempo diversas preocupaciones, relacionadas por ejemplo, con la jurisdicción universal, en donde España ha dado un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles.

En este sentido, y de manera adicional, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países, lo cual resulta tremendamente preocupante.

Por último, nos preocupa la tortura y malos tratos de personas por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos, así como la detención de personas en régimen de incomunicación.

Familiares de víctimas del franquismo. Protesta en Pamplona. 26 de enero de 2012.
Familiares de víctimas del franquismo. Protesta en Pamplona. 26 de enero de 2012. © AP Photo/Alvaro Barrientos

Jurisdicción universal

Fotografías de personas fallecidas expuestas en el Centro dedicado a la memoria del genocidio en Kigali, Ruanda. Más de 20 años después, muchos perpetradores del genocidio han sido juzgados por los tribunales ruandeses nacionales y comunitarios; por e
Fotografías de personas fallecidas expuestas en el Centro dedicado a la memoria del genocidio en Kigali, Ruanda. Más de 20 años después, muchos perpetradores del genocidio han sido juzgados por los tribunales ruandeses nacionales y comunitarios; por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y por tribunales de Europa y Norteamérica. Continúan las investigaciones sobre decenas de presuntos genocidas que viven fuera de Ruanda. La mayoría de los homicidios cometidos por el RPF siguen sin ser juzgados. © AP Photo/Ben Curtis
Cientos de manifestantes se concentran frente a la sede de la Comisión de la Unión Europea en Bruselas, el sábado 9 de febrero de 2008, para apoyar la acusación de un juez español contra 40 oficiales del ejército ruandés   tras el genocidio de Ruan
Cientos de manifestantes se concentran frente a la sede de la Comisión de la Unión Europea en Bruselas, el sábado 9 de febrero de 2008, para apoyar la acusación de un juez español contra 40 oficiales del ejército ruandés tras el genocidio de Ruanda de 1994. © AP Photo/Ben Curtis

Amnistía Internacional aboga para que las violaciones graves de derechos humanos cometidas en cualquier parte del mundo sean investigadas y juzgadas. La jurisdicción universal es una herramienta con la que cuentan los tribunales nacionales para enjuiciar penalmente violaciones graves de derechos humanos, independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen, o de la nacionalidad del autor o de la victima.

España, a través del ejercicio efectivo de la jurisdicción universal, había contribuido en el pasado a generar una mayor conciencia en la comunidad internacional de que los perpetradores de los crímenes más atroces no eran "intocables", que sus actos podían y debían ser castigados. Investigaciones por parte de la justicia española sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros, en aplicación del principio de jurisdicción universal, constituyeron algunos de los ejemplos claves en este sentido. 

Ahora las víctimas de genocidio, tortura, desapariciones forzadas, crímenes de guerra y contra la humanidad que quieran buscar justicia fuera de sus países porque en ellos no la encuentran, tampoco podrán hacerlo en España.

Reforma LOPJ 2014: Situación actual

El 15 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma exprés impulsada por el Grupo Parlamentario Popular del articulo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que consagra el principio de jurisdicción universal. Su aprobación supone un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. Esta reforma elimina la disposición anterior del artículo 23.4 que permitía investigar casos en los que "existiese algún vínculo de conexión relevante con España", un precepto que daba cierto margen para que los jueces de la Audiencia Nacional pudieran investigar estos delitos. 
Su facultad para investigar crímenes de derecho internacional cometidos fuera de España, queda así restringida:


  • Para delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad se exige que el presunto autor sea español o extranjero residiendo en España o cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas.

  • Para delitos de tortura y desaparición forzosa se exige que el presunto autor sea español o que la víctima fuera de nacionalidad española en el momento de la comisión del delito y que el presunto autor esté en territorio español en el momento en el que el juez investigue los hechos.



Además, la reforma se aplica no solo a futuras investigaciones sino también a aquellos casos que ahora se encuentran en tramitación en los tribunales nacionales. La Disposición Transitoria Única de la reforma dispone que “Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. Esta Disposición Transitoria Única pretende imponer a los jueces la conclusión inmediata de los sumarios y priva retroactivamente a los querellantes del derecho a la tutela judicial efectiva, constituye una injerencia del Poder Legislativo en el ámbito del Poder Judicial, contraria al derecho internacional.

Actualmente, en la Audiencia Nacional se encuentran abiertas un número de causas que tienen su base jurídica en el principio de jurisdicción universal, muchas de las cuales han ido avanzando con dificultad a pesar de la reforma llevada a cabo en 2009. Sin embargo, con la nueva reforma aprobada en el 2014, el archivo de algunas querellas ha sido inminente. Entre ellas, cabe destacar la causa relativa al genocidio en el Tíbet y el proceso relacionado con la persecución al grupo religioso Falun Gong. Ambas investigaciones fueron cerradas en junio de 2014, y el Tribunal Supremo confirmó las decisiones de archivo en mayo de 2015. Sin embargo, en diciembre de 2016, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto contra la decisión de archivar la investigación relativa al genocidio en el Tíbet

Amnistía Internacional pide:

La LO 1/2014, relativa a la justicia universal, plantea incompatibilidades graves con el derecho internacional, los tratados internacionales en vigor y la Constitución española. En base a ello, pedimos al gobierno español que:

  • Promueva legislación que prevea, sin cortapisas o limitaciones indebidas, el principio de jurisdicción universal. Esta legislación debe permitir a las autoridades judiciales investigar y  procesar a toda persona sospechosa de cometer un crimen de derecho internacional, con  independencia del lugar en el que se haya perpetrado o de la nacionalidad del acusado o de la víctima, así como conceder reparaciones a esta y a sus familiares.

  • No obstaculice las investigaciones de las causas que se encuentran actualmente en tramitación en virtud del principio de jurisdicción universal y del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países. Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad.

Amnistía Internacional ve con preocupación que el comportamiento por parte de todos los poderes del Estado español parece estar orientado a buscar que se garantice la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Así se deduce del rechazo de los jueces españoles, amparados por el Tribunal Supremo, de investigar, y la falta de colaboración del gobierno y de la fiscalía con otras jurisdicciones, como la argentina, para que otros países puedan investigar estos crímenes. El Poder Legislativo, reacio a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía.

Amnistía Internacional pide:

  • Al gobierno de España cooperar plenamente con la justicia argentina y con la justicia mexicana, donde se están llevando a cabo las únicas investigaciones abiertas sobre estos crímenes en el mundo. Y reclama al gobierno que cumpla con su obligación de proporcionar verdad, justicia y reparación a las personas afectadas.

Investigación abierta en Argentina:

Las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo están siendo objeto de investigación en Argentina bajo la dirección de la jueza Servini de Cubría. La jueza argentina investiga la querella interpuesta por familiares de víctimas del franquismo en 2010 en virtud del principio de jurisdicción universal. En septiembre de 2013 la jueza ordenó, a fines de extradición, la detención de Jesús Muñecas Aguilar, y José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ex agentes de las fuerza de seguridad franquistas sospechosos de haber cometido torturas. En abril de 2014, la Audiencia Nacional rechazó la extradición a Argentina de estos presuntos torturadores por considerar, entre otros argumentos, que el delito había prescrito. Según Amnistía Internacional, esta interpretación es contraria al derecho internacional. España, al igual que todos los Estados, tiene la obligación de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes de derechos internacional y de cooperar, en su caso, con la justicia de otros países en su identificación, detención, extradición y castigo.

En mayo de 2014, la jueza argentina visitó España para seguir con su investigación. Durante su visita en España, Amnistía Internacional aprovechó para recordar al gobierno que debe investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y colaborar, o al menos no obstaculizar, el trabajo de investigación de la justicia argentina. En marzo de 2015, cuatro mecanismos de Naciones Unidas criticaron a España por no extraditar a los 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.

En febrero de 2016, la jueza argentina solicitó viajar a España a fin de poder tomar declaración a los imputados. Sin embargo, por medio de una circular fechada el 30 de septiembre, la Fiscalía General del Estado española dio instrucciones a las fiscalías territoriales para que se opusieran a cualquier solicitud de cooperación formulada por la justicia argentina, argumentando que los crímenes en cuestión, que incluían desapariciones forzadas y tortura, no podían investigarse de acuerdo con la Ley de Amnistía, entre otras, y debido a la prescripción de los delitos.

Investigación abierta en México:

En febrero de 2017, la Procuraduría General de la República de México admitió la denuncia presentada por Amnistía Internacional y Lily, quien hace unos años descubrió que podría haber sido una bebé robada en 1968 en España.

Lily pudo haber sido sustraída a su familia biológica, y dada posteriormente en adopción a otra familia, siéndole su verdadera identidad suprimida y modificada por una distinta, con el consentimiento y aquiescencia de las autoridades españolas. Esta investigación tiene por objetivo esclarecer si se trata de un caso de desaparición forzada y restablecer la verdadera identidad  de Lily.

La denominación de bebés robados, se empezó a utilizar en el contexto español para referirse a los niños y niñas que fueron objeto de secuestro, tráfico de menores y adopciones ilegales durante la Guerra Civil y la postguerra. Las denuncias por casos de bebés robados, sin embargo, se han prolongado durante todo el franquismo y los primeros años de la democracia.

Hasta ahora, las investigaciones realizadas en España sobre casos de bebés robados no han dado resultados y han descartado abordarlos como crímenes de derecho internacional, particularmente como desapariciones forzadas, al contrario de lo recomendado por diferentes organismos de Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o el Comité contra la Desaparición Forzada. La justicia española, por el contrario, ha investigado estos casos como delitos comunes (detenciones ilegales, adopciones irregulares o falsedades documentales) y como casos aislados, descartando desde un primer momento la posibilidad de que tales delitos pudieran responder a una trama a nivel nacional.

La jurisdicción universal es una herramienta con la que cuentan los tribunales nacionales para enjuiciar penalmente violaciones graves de derechos humanos, independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen o de la nacionalidad del autor o de
La jurisdicción universal es una herramienta con la que cuentan los tribunales nacionales para enjuiciar penalmente violaciones graves de derechos humanos, independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen o de la nacionalidad del autor o de la víctima. © AP/Andres Kudacki
Dos ancianos buscan los nombres de sus difuntos en la Fosa Común del cementerio de San Salvador de Oviedo.
Dos personas mayores buscan los nombres de sus difuntos y colocan flores en la Fosa Común del cementerio de San Salvador de Oviedo. © EFE/Alberto Morante
Manifestación pidiendo que se investiguen las denuncias de bebés robados en España.
Manifestación pidiendo que se investiguen las denuncias de bebés robados en España. Hasta ahora las investigaciones realizadas no han dado resultados y se ha descartado abordarlas como crímenes de derecho internacional. Fuente Facebook @Familialuquedelgado

Tortura y malos tratos

Captura de vídeo de los malos tratos infringidos por mossos d'esquadra en la comisaria de Les Corts en Barcelona, 31 de marzo 2007
Captura de vídeo de los malos tratos infringidos por los mossos d'esquada en la comisaría de Les Corts, en Barcelona, el 31 de marzo de 2007.
Captura de vídeo de los malos tratos infringidos por mossos d'esquada en la comisaría de Les Corts en Barcelona, el 31 de marzo de 2007.

El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios. Además de respetar la prohibición de la tortura y los malos tratos, es obligación de los Estados investigar de forma inmediata tales actos, someter a los responsables a un proceso justo, imponerles un castigo y ofrecer a las víctimas una reparación adecuada.

Amnistía Internacional trabaja para la erradicación de la tortura en todo el mundo. En España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos.

El régimen de incomunicación

Amnistía Internacional se opone a la detención en régimen de incomunicación por ser una práctica que facilita la tortura y los malos tratos y que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos contra los detenidos. Desde el Gobierno, incluso el propio Ministerio de Interior ha dicho que no se ha aplicado en lo que va de año 2015 a los “80 presuntos terroristas detenidos”.  Por estos motivos desde nuestra organización instamos a las autoridades españolas a derogarlo.

Y no solo nuestra organización lo pide; diversos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura (CAT) en sus recientes recomendaciones a España han recomendado esta derogación. Sin embargo, lejos de atender estas advertencias internacionales, en el Proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se contempla su abolición y, sobre todo, ni siquiera se incorpora expresamente su inaplicación a menores de edad, a pesar de haberse comprometido a ello en la última revisión a España del CAT del pasado mes de mayo.

Así se lo advierten también otros organismos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha condenado a España hasta seis veces en los últimos cinco años por no haber llevado a cabo investigaciones adecuadas ante denuncias de torturas cometidas durante la aplicación de este régimen de detención, lo que supone un importe de más de 120.000 euros en concepto de indemnizaciones y costas judiciales.

Falta de garantías para la persona detenida

En España una persona puede pasar hasta un máximo de 13 días en régimen de incomunicación, donde no tiene derecho a designar un abogado de su elección, ni consultar con aquel asignado de oficio de manera confidencial, ni tener acceso a un médico de su elección, así como comunicar su paradero a la familia o a su consulado en caso de ser extranjero.

Amnistía Internacional ha publicado un informe que analiza el Proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llevado a cabo por el gobierno para poner en práctica la Directiva Europea sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea. Aunque esta reforma contempla algunos aspectos positivos, como el hecho de que la restricción de los derechos del detenido ya no se hace de manera automática sino que el juez tiene que determinar justificadamente cada una de esas limitaciones caso por caso, las autoridades españolas siguen desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales.

El pasado mes de mayo el Comité contra la Tortura hizo públicas sus recomendaciones a España. Entre otras, reiteró la propuesta para que se derogue el régimen de incomunicación, y para que, en caso de que se aplique, se haga con un aumento de las garantías necesarias.

La organización exige que, hasta que no se derogue este régimen, se garantice a la persona detenida el derecho a un abogado de su elección y a entrevistarse con él o con el de oficio en privado; a ser examinado por un médico de su elección y a poder notificar a sus familiares dónde se encuentra.

Amnistía Internacional pide:

  • España debe derogar el régimen de incomunicación, que facilita la práctica de la tortura y los malos tratos y atenta contra los derechos básicos del detenido. A la persona detenida se le debe garantizar el derecho a un abogado de su elección y a entrevistarse con él o con el de oficio en privado; a ser examinado por un médico de su elección y a poder notificar a sus familiares dónde se encuentra.

  • Garantice que toda denuncia de tortura y malos tratos es investigada de manera inmediata, exhaustiva y efectiva, incluso cuando no haya denuncia expresa, siempre que existan motivos razonables para creer que ha habido un acto de tortura u otros malos tratos. La investigación debe incluir un examen médico y ser capaz de identificar y castigar a los responsables con penas proporcionales a la gravedad del abuso cometido.

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