La Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, y la Administración General del Estado se comprometieron en 2017 a adoptar medidas para dignificar las condiciones de vida de los habitantes de la Cañada Real Galiana. Pero poco se ha hecho. Más de 4.000 personas viven sin luz ni acceso a servicios esenciales básicos como son el agua potable o instalaciones sanitarias.
El Ayuntamiento de la capital alude al Gobierno para poder intervenir y poner solución al asunto; el Gobierno, en una carta el pasado 25 de enero, devuelve la responsabilidad a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital. Y Naciones Unidas ha pedido que pare el juego. “Estos hechos bien podrían haberse evitado dejando a un lado la pugna política y cumpliendo con las obligaciones de España en materia de derecho internacional”, ha escrito el relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos, el pasado 18 de febrero.
Una protesta con velas que dice: "Están apagando nuestras luces" en referencia al corte de electricidad en la Cañada Real. © Foto AP / Manu Fernandez
Ya en 2018 Naciones Unidas habló de responsabilidades compartidas entre autoridades en un informe elaborado por el Comité de los Derechos del Niño, en el que recordaba que el Estado debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la legislación de las comunidades autónomas se ajusta a los marcos jurídicos nacionales y, por ende, internacionales.
Es decir, el Gobierno debe asegurarse de que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Coslada y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid cumplen con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y protegen los derechos humanos de todas las personas de la Cañada Real Galiana.
La patata caliente de los derechos humanos debe parar y deben ponerse soluciones. Desde Amnistía Internacional volvemos a reiterar la petición que ya hemos realizado a las autoridades:
- Que se asegure un nivel de vida adecuado a todas las personas residentes en la Cañada Real Galiana.
- Acceso a una vivienda digna y adecuada, es decir, acceso agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la preparación y conservación de alimentos, calefacción y alumbrado, carga de dispositivos electrónicos y eliminación de residuos.
- Que se asegure el acceso a la educación de los niños y niñas.
- Que se garantice el acceso a la salud de todas las personas allí residentes.
- Que se cumpla la Ley de Cañada Real aprobada en 2011 por la Asamblea de Madrid que establecía que las administraciones competentes llevarían a cabo un acuerdo marco de contenido social para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de estos terrenos, garantizando en todo el proceso la participación de las personas afectadas.
Amnistía Internacional viene desde 2012 denunciando vulneraciones de Derechos Humanos en la Cañada Real en forma de desalojos y derribos producidos sin las garantías necesarias y recuerda que los derechos humanos deben estar en el centro de toda actuación, con especial atención a las personas mayores, con discapacidad, niños, niñas y personas con enfermedades previas.>
