Varias niñas se refugian bajo un paraguas mientras cae la nieve en la Cañada Real. © Foto AP / Manu Fernandez
La Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, y la Administración General del Estado se comprometieron en 2017 a adoptar medidas para dignificar las condiciones de vida de los habitantes de la Cañada Real Galiana. Pero poco se ha hecho. Más de 4.000 personas viven sin luz ni acceso a servicios esenciales básicos como son el agua potable o instalaciones sanitarias.
El Ayuntamiento de la capital alude al Gobierno para poder intervenir y poner solución al asunto; el Gobierno, en una carta el pasado 25 de enero, devuelve la responsabilidad a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital. Y Naciones Unidas ha pedido que pare el juego. “Estos hechos bien podrían haberse evitado dejando a un lado la pugna política y cumpliendo con las obligaciones de España en materia de derecho internacional”, ha escrito el relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos, el pasado 18 de febrero.
Una protesta con velas que dice: "Están apagando nuestras luces" en referencia al corte de electricidad en la Cañada Real. © Foto AP / Manu Fernandez
Ya en 2018 Naciones Unidas habló de responsabilidades compartidas entre autoridades en un informe elaborado por el Comité de los Derechos del Niño, en el que recordaba que el Estado debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la legislación de las comunidades autónomas se ajusta a los marcos jurídicos nacionales y, por ende, internacionales.
Es decir, el Gobierno debe asegurarse de que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Coslada y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid cumplen con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y protegen los derechos humanos de todas las personas de la Cañada Real Galiana.
La patata caliente de los derechos humanos debe parar y deben ponerse soluciones. Desde Amnistía Internacional volvemos a reiterar la petición que ya hemos realizado a las autoridades:
Amnistía Internacional viene desde 2012 denunciando vulneraciones de Derechos Humanos en la Cañada Real en forma de desalojos y derribos producidos sin las garantías necesarias y recuerda que los derechos humanos deben estar en el centro de toda actuación, con especial atención a las personas mayores, con discapacidad, niños, niñas y personas con enfermedades previas.
Contigo somos independientes
Amnistía Internacional lo forman personas que defienden una humanidad justa y libre alrededor del mundo. Personas como tú, que creen en nuestro trabajo. Por eso, si tú también defiendes los derechos humanos, te necesitamos para seguir siendo independientes. Puedes hacerlo desde aquí en menos de un minuto, con cuotas a partir de 4 € al mes.
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