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Manifestantes en El Cairo protestan contra la violencia sufrida en enfrentamientos con la policía. © AP Photo/Amr Nabil, File

La juventud egipcia: una generación encarcelada

Por Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional, 

¡ACTÚA!

Mahmoud Hussein es un estudiante de 19 años encarcelado en Egipto por llevar una camiseta que decía "Nación sin tortura" y un pañuelo que conmemoraba la "Revolución del 25 de Enero". Pídele a las autoridades egipcias que ordenen su libertad inmediata e incondicional.

La joven 'generación de las protestas' que hizo dimitir en 2011 al dictador egipcio Hosni Mubarak se ha convertido en 2015 en la 'generación encarcelada'. Este es el desolador resumen del informe que Amnistía Internacional hace público, Generation Jail: Egypt’s youth go from protest to prison, y que simboliza en 14 casos los miles de detenciones, procesamientos y encarcelamientos arbitrarios de los últimos dos años.

 

Esa arbitrariedad represiva la ha sufrido en carne propia la defensora de derechos humanos y presa de conciencia Yara Sallam, por la que Amnistía Internacional España ha recogido 80.263 firmas para pedir su libertad incondicional. Premiada internacionalmente por su lucha por los derechos de las mujeres y por los derechos humanos en África, ella es una víctima más de la Ley de Manifestación de 2013; una auténtica vía rápida hacia la cárcel.

De hecho, Sallam está en prisión (la condenaron a tres años, luego rebajados a dos) por el simple hecho de haber estado 'cerca' de una marcha de protesta contra esa ley. En un juicio sin garantías que trasladó su sede a 25 kilómetros de distancia sin avisar a los abogados, la acusación no pudo probar que ella, la cineasta activista Sanaa Ahmed Seif –colaboró en el documental nominado al Oscar 'La Plaza'– y otras 20 personas procesadas hubieran participado en ningún tipo de violencia.

Sanaa Ahmed Seif conoce de cerca la falta de garantías judiciales en Egipto. Su hermano Alaa Abd El Fattah, bloguero crítico con el poder que ha conocido la prisión durante los gobiernos de Mubarak y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, podría exhibir una galería de detenciones arbitrarias, irregularidades judiciales y encarcelamientos, que le han llevado a varias huelgas de hambre de protesta. Mientras cumple condena de cinco años por manifestarse, acumula una dolorosa carga de sufrimiento familiar por sus repetidos arrestos: se perdió el nacimiento de su primer hijo, supo de la detención de su hermana, y no pudo visitar en el hospital a su padre operado a corazón abierto hasta que este ya estaba inconsciente. Su padre, el abogado de derechos humanos Ahmed Seif al-Islam, finalmente falleció.

El 'relevo' de la ciberacción de Yara Sallam lo toma otro joven egipcio de la 'generación encarcelada': Mahmoud Hussein, preso de conciencia detenido sin juicio desde hace más de 500 días por llevar una camiseta de la campaña "Nación sin Tortura" y un pañuelo conmemorativo de la "Revolución del 25 de enero" que hizo dimitir a Mubarak en 2011. Tenía 18 años, y volvía a casa de una protesta contra el régimen militar y la Hermandad Musulmana. En los interrogatorios lo golpearon y torturaron con descargas eléctricas en espalda, manos y testículos, hasta que al cabo de cuatro horas accedió a 'confesar' delitos que no había cometido. Ni siquiera ha sido acusado formalmente. La ciberacción reclama al presidente egipcio Abdel Fattah El Sisi que cumpla su promesa de poner en libertad a "todos los jóvenes inocentes encarcelados".

No es fácil la abogacía en defensa de los derechos humanos en Egipto, como bien sabe Mahienour El Massry, que cumple 15 meses de cárcel –como el periodista Youssef Shaaban y el activista político Loay El-Kahwagy– por solidarizarse ante una comisaría con juristas que denunciaron haber sido asaltados por policías. La prisión, donde recibió un premio de derechos humanos en 2014, no ha impedido que la abogada siguiera con su defensa de causas justas, como la de las mujeres sin suficientes recursos encarceladas por no poder hacer frente a sus deudas.

No hay grados de tolerancia, toda oposición es perseguible para el régimen. Tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi, la política gubernamental de firmeza se acentuó con la prohibición y declaración como "organización terrorista" de la Hermandad Musulmana, la disolución del Partido Libertad y Justicia y la clausura de organizaciones no gubernamentales etiquetadas oficialmente en esa órbita.

La respuesta a las protestas con detenciones masivas deja clara esa línea dura. El informe recoge el caso del ciudadano irlandés Ibrahim Halawa, procesado con otras 493 personas por manifestarse en El Cairo en agosto de 2013. La represión de las protestas provocó al menos 97 muertes, y él mismo fue herido de bala en la mano, pese a lo cual no recibió más atención médica que la de un doctor compañero de celda. Tenía 17 años, y como dice su hermana Somaia Halawa, en libertad bajo fianza tras haber sido detenida a la vez, "esperemos que cuando Ibrahim salga, nuestras vidas puedan continuar. Ya le han robado dos años".

También les han "robado el tiempo" a la universitaria Menatalla Moustafa y a su familia, que echa en falta su risa desde que hace 20 meses ingresó en prisión. Fue condenada a dos años de cárcel por participar en una protesta que desembocó en violencia, lo mismo que otra joven estudiante, Abrar Al Anany, y que la profesora Yousra Elkhateeb, que vio aumentada su pena a seis años al ser implicada también en otra manifestación previa. Fue un juicio sin garantías, celebrado en ausencia de las acusadas y una sentencia injusta.

También le han 'robado' sus casi dos años en prisión, con largas jornadas en huelga de hambre, a Mohammed Soltan, deportado hace justo un mes a Estados Unidos. Tenía doble nacionalidad, y tuvo que renunciar a la egipcia para poder ser expulsado tras su condena a 25 años de cárcel en abril. Fue testigo, por su trabajo en la comisión de medios que informaba de abusos policiales y militares contra simpatizantes del derrocado Morsi, de la represión en agosto de 2013 contra partidarios del expresidente en la plaza cairota de Rabaa al-Adawiya, donde él mismo fue herido de bala en el brazo izquierdo.

Como dice un abogado para subrayar la magnitud del drama en Mattay, donde casi todos los hogares tienen algún familiar acusado en el caso: "Bienvenidos al pueblo de las penas de muerte"...

Las fuerzas de seguridad asaltaron su casa días después para detener a su padre Salah Soltan, dirigente de la Hermandad Musulmana, pero al no encontrarlo acabaron llevándose al hijo –aún convaleciente– y a tres amigos que estaban de visita. Ahí empezó una cadena de malos tratos, desatención médica y humillaciones, incluido su aislamiento como castigo por sus huelgas de hambre de protesta. Solo cuando perdía el conocimiento se le trasladaba a la unidad médica de la cárcel; en cuanto recobraba el sentido, se le devolvía a su celda.

El punto final del informe lo pone el caso de Hatem Ahmed Zaghloul Ali, que recibió en abril de 2014 una de las 37 condenas a muerte impuestas en un juicio injusto –él mismo tenía 17 años, y la legislación egipcia e internacional prohíbe la pena capital a esa edad– por el ataque a una comisaría del pueblo de Mattay y el asesinato de un oficial en un hospital cercano en agosto de 2013. La Corte de Casación ordenó un nuevo juicio en enero pasado –los acusados siguen detenidos–, que rematará un irregular periplo judicial que empezó con 545 procesados y 528 penas de muerte, reducidas después a 37 y 491 condenas de 25 años. Como dice un abogado para subrayar la magnitud del drama en Mattay, donde casi todos los hogares tienen algún familiar acusado en el caso: "Bienvenidos al pueblo de las penas de muerte"...