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En primer plano, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (izquierda) y el comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londono (derecha) se dan la mano tras firmar el acuerdo de paz que no fue ratificado el pasado 2 de octubre. © AP Photo/Fernando Vergara

Colombia: Defensores y defensoras en el proceso de paz

Por Elena Puche (@puchecita) del equipo de trabajo sobre Colombia - Amnistía Internacional,

Personas asesinadas, desaparecidas forzosamente, desplazadas y despojadas de sus tierras, secuestradas, víctimas de violencia sexual, masacradas, torturadas, amenazadas, ejecutadas extrajudicialmente, reclutadas a la fuerza… Víctimas de un conflicto armado que se ha alargado durante más de 50 años, civiles en su mayoría. Muchas de ellas no han cesado de luchar pacíficamente por los derechos humanos ni en demandar paz. Son defensores y defensoras de derechos humanos que tras el reciente resultado del plebiscito sobre la paz –en el que se impuso el “no”– se encuentran en una situación de incertidumbre y especial vulnerabilidad.

Las víctimas en el conflicto colombiano se cuentan por millones. Mayoritariamente pertenecen a la población civil y han sido atacadas de forma deliberada debido a su identidad, actividad o lugar de residencia. Personas campesinas, niños y niñas, mujeres, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, activistas, dirigentes comunitarios... han sido víctimas de violaciones sistemáticas de sus derechos. Población civil cuya inmunidad no ha sido respetada por ninguna de las partes y que mucho menos ha sido protegida de las consecuencias del conflicto.

Entre estas víctimas están los defensores y defensoras de derechos humanos, activistas de esta misma sociedad civil que no han cejado en su empeño de intentar que se respeten los derechos humanos en Colombia, denunciando las violaciones y abusos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Mientras lo hacían estaban poniendo en peligro su vida y, en muchos casos, la han acabado perdiendo.


Doris del Carmen Carrascal camina junto a sus hijos a la vuelta del colegio. Su familia y otras 39 tuvieron que abandonar sus tierras hace casi 10 años al verse en medio del fuego cruzado entre las fuerzas de seguridad, los paramilitares y las FARC. © AP Photo/Fernando Vergara

Estos defensores y defensoras siempre han abogado por una salida negociada del conflicto, siendo ellos los primeros promotores de la paz. Por fin, tras décadas de conflicto y después de más de cuatro años de negociaciones entre las FARC y el gobierno, se había logrado un acuerdo de paz. Un acuerdo de 297 páginas que fue firmado en Cartagena el 26 de septiembre, pero que, sin embargo, no ha sido ratificado mayoritariamente por la población en el plebiscito sobre la paz celebrado el pasado 2 de octubre.

Al miedo generado por la reciente oleada de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, de líderes sociales comunitarios, así como de miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, se suma ahora la incertidumbre que ha provocado esta inesperada victoria del “no” en el mencionado plebiscito, todo ello en contraste con las esperanzas que se habían generado por la firma del acuerdo de paz.

Aunque el “no” ha ganado a nivel nacional, el “sí” ha obtenido una victoria contundente en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Si bien todo el país ha sufrido las consecuencias de este largo enfrentamiento, son las áreas rurales más remotas, ricas en recursos naturales, las que más víctimas han aportado en esta guerra y las que han sentido en mayor grado su destrucción. Zonas repletas de tragedias silenciadas que no han sido informadas ni denunciadas y que no se reflejan de ninguna forma en las estadísticas. En estas áreas ha habido comunidades diezmadas por el conflicto, familias expulsadas de sus hogares, mujeres sometidas a violencia  sexual y niños y niñas víctimas de las minas terrestres. Y es también en estas zonas rurales o apartadas del país, a menudo inaccesibles, donde los activistas locales han corrido y corren un mayor peligro.  

A pesar del resultado del plebiscito, el compromiso de alto el fuego se mantiene. Sin embargo, la mayor amenaza para los derechos humanos no está sólo en los enfrentamientos armados directos entre ambas partes, sino también en los ataques selectivos contra civiles. Muchos de estos ataques son el resultado de los intentos de diversos grupos armados de hacerse con el control de territorios, especialmente los habitados por pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes, con la intención de explotar esas tierras con fines económicos, mediante actividades de minería, petróleo, agroindustria y tráfico de drogas.


El conflicto colombiano ha dejado innumerables víctimas de violaciones y abusos sistemáticos que continúan impunes sin que las personas responsables hayan sido juzgadas ni recibido castigo alguno. © AP Photo/Ariana Cubillos

No hay que olvidar que el conflicto colombiano ha supuesto la trágica historia de innumerables víctimas de violaciones y abusos sistemáticos que destruyeron sus vidas y sus comunidades, y que en su inmensa mayoría continúan impunes sin que los responsables hayan sido juzgados ni recibido castigo. Ni la firma del acuerdo de paz ni tampoco un resultado mayoritario afirmativo en el plebiscito traerían inmediatamente la paz a Colombia, ni mucho menos borrarían todas las sangrientas y dolorosas consecuencias de este enfrentamiento, pero sí supondrían el primer e inevitable paso en el camino de construcción de la paz.

En este nuevo e incierto escenario de inseguridad y dudas que ahora se dibuja, nuevos riesgos pueden surgir de forma paulatina para la población civil y para los líderes y defensores de derechos humanos. Los datos sobre homicidios ofrecidos por la organización colombiana “Somos Defensores” lo ponen de relieve: 63 defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de homicidio en 2015, entre ellos líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos (52 en los nueve primeros meses de 2016). La pregunta es: ¿cuál va a ser el panorama de estos activistas en estos momentos de incertidumbre? Sin duda, ahora más que nunca resulta imprescindible recordar y pensar en los millones de víctimas del conflicto y proteger de forma especial a todas las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos.

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