España: Exclusión sanitaria de personas migrantes en situación irregular

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 39.508 firmantes

Amnistía Internacional ha venido exigiendo a las autoridades centrales y autonómicas que, de cara al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que el gobierno anunció que iba a celebrarse, se adoptasen acuerdos para garantizar la atención sanitaria universal. Sin embargo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no se ha celebrado hasta la fecha. Desde Amnistía Internacional seguimos trabajando por la reforma del Real Decreto Ley 16/2012 y porque las autoridades implementen las recomendaciones de Naciones Unidas y el Consejo de Europa que exigen que España garantice la atención sanitaria universal. La organización está pidiendo a los partidos políticos que incluyan entre sus compromisos de cara a las próximas elecciones generales la reforma del Real Decreto Ley y también ha venido exigiendo a las autoridades autonómicas que adopten medidas para asegurar el acceso al derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación.

Petición antes del cierre

Tres años después, la reforma sanitaria sigue perjudicando gravemente la salud de las personas migrantes, pese a las recomendaciones de más de diez organismos internacionales, que se han dirigido a España pidiéndole que restablezca la universalidad en el acceso a la atención sanitaria. ¡Actúa!

Las autoridades españolas han de tener en cuenta las recomendaciones realizadas por más de una decena de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, que han recordado a España que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas que residen en nuestro país, con independencia de su situación administrativa. Los casos de Aïcha en Castilla La Mancha y Alicia en la Comunidad Valenciana son el resultado del Real Decreto-ley 16/2012 que expulsó a cerca de 750.000 personas de la atención médica gratuita. De éstas, únicamente 730 han suscrito un Convenio especial, que pagando entre 60 y 157 euros mensuales, entre otros requisitos, les permite recibir atención sanitaria. Además, tres años después de su aprobación, persiste la falta de información sobre la reforma sanitaria. El resultado: incumplimientos de la propia normativa. Los casos de cobros en atención de urgencias y de denegación de tratamiento a personas que están cubiertas por ley, no han hecho sino agravar el impacto de una normativa que, por regresiva y discriminatoria, es contraria al derecho internacional. Naciones Unidas y el Consejo de Europa han exigido a España que de marcha atrás y reforme el Real Decreto-ley 16/2012. El anuncio realizado por el Gobierno de garantizar atención primaria a las personas inmigrantes en situación irregular no es suficiente. Necesitamos un anuncio de reformas legislativas que blinden la salud como un derecho humano al que se debe tener acceso sin ningún tipo de discriminación. Exige al Gobierno que cumpla sus obligaciones en materia del derecho a la salud.