No a los asesinatos de EE.UU en alta mar
El ejército de Estados Unidos ha realizado ataques aéreos contra barcos no identificados en aguas internacionales en Latinoamérica, causando al menos 150 muertes.
Estos ataques violan el el derecho a la vida en virtud del derecho internacional de los derechos humanos . No hay ninguna justificación para usar fuerza letal de esta manera.
Si el gobierno estadounidense puede decidir por sí mismo a quién atacar, bajo la excusa de llamar “terrorista” a cualquier persona o grupo, nadie está a salvo. Permitirlo crea un precedente muy peligroso que pone en riesgo vidas en todo el mundo.
Ningún gobierno debería tener el poder de matar sin rendir cuentas.
Firma para pedir al Congreso de Estados Unidos que exija responsabilidades por estos ataques ilegales. Enviaremos todas las firmas a la embajada de Estados Unidos en Madrid.
Ayúdanos a llegar a 10.000
Firma y enviaremos esta petición en tu nombre a la embajada de EE.UU en España.
Enviaremos esta petición junto con tu nombre, apellidos y correo electrónico.
Excmo. Sr. Embajador:
Le escribo en nombre de Amnistía Internacional para expresarle mi gran preocupación por los ataques aéreos llevados a cabo por el ejército estadounidense contra embarcaciones no identificadas en el mar Caribe. Los ataques constituyen una clara violación del derecho a la vida según el derecho internacional de los derechos humanos y sientan un peligroso precedente. El uso de fuerza letal en este contexto no tiene absolutamente ninguna justificación.
El uso intencionado de la fuerza letal se rige por las normas de aplicación de la ley establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Solo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida de una amenaza inminente y cuando no se disponga de medios menos dañinos, como la captura. Además, cualquier uso de la fuerza letal debe ser proporcional a la amenaza a la que se enfrenta en las circunstancias imperantes, en particular con miras a minimizar los riesgos para la vida humana y la integridad personal.
Los ataques letales contra lo que el Gobierno de los Estados Unidos alega que son embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe equivalen a ejecuciones extrajudiciales. Los comentarios públicos del presidente Trump, el secretario Rubio y otros miembros de la Administración Trump sobre estos ataques, así como la continuación de los mismos a lo largo de varias semanas, sugieren que se trata de una nueva política de ejecuciones extrajudiciales que viola tanto el derecho a la vida como el derecho al debido proceso.
Las personas que se encuentran en estos barcos no han sido objeto de ninguna investigación ni juicio por presuntamente haber cometido un delito, y sus actividades o su posible pertenencia a un cártel son irrelevantes cuando se trata de la protección de los derechos a la vida y al debido proceso. Además, fuera del contexto de un conflicto armado, el uso de la fuerza letal por parte del ejército estadounidense para acciones policiales es ampliamente ilegal . Dado que actualmente no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y ningún Estado o grupo armado del Caribe, el Gobierno estadounidense no puede invocar las leyes de la guerra para justificar los ataques. Las operaciones policiales siguen estando regidas exclusivamente por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
Gran parte del derecho internacional de los derechos humanos incorporado en los estatutos relacionados con la política exterior de los Estados Unidos se centra en las «violaciones graves de los derechos humanos», una categoría de abusos definida en la sección 502B de la Ley de Ayuda Exterior de 1974. El Departamento de Estado ha interpretado desde hace tiempo que las violaciones graves de derechos humanos incluyen las ejecuciones extrajudiciales. Esta misma consideración está codificada en: la Ley Magnitsky Global, que autoriza sanciones a las personas que hayan cometido una violación grave de los derechos humanos o hayan participado en actos de corrupción; las sanciones en materia de visados estadounidenses autorizadas en la sección 7031(c) de las leyes de asignaciones presupuestarias anuales, que invocan la definición de violaciones graves de derechos humanos y, por extensión, las ejecuciones extrajudiciales; la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, que permite presentar demandas civiles en Estados Unidos contra personas que hayan cometido ejecuciones extrajudiciales; y la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que clasifica a los no ciudadanos que hayan cometido o participado de otro modo en ejecuciones extrajudiciales como no aptos para ser admitidos en Estados Unidos.
Si el Congreso de los Estados Unidos ha declarado que este tipo de acciones no deben tolerarse en otros lugares, debería condenar este comportamiento del Gobierno de los Estados Unidos y exigir responsabilidades. Permitir las ejecuciones extrajudiciales viola el derecho internacional y socava los principios que este país ha defendido durante mucho tiempo. En la práctica, el Congreso debería abordar la falta de financiación de los servicios directos y la atención sanitaria si quiere desempeñar un papel significativo en la erradicación de la crisis de opiáceos en los Estados Unidos, en lugar de apoyar las ejecuciones extrajudiciales.
Le instamos a que inicie una investigación rápida, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre estos ataques. El Gobierno de los Estados Unidos debe garantizar que la fuerza letal intencionada solo se utilice en respuesta a una amenaza inminente para la vida y cuando no sea posible recurrir a medios menos dañinos, como la captura o la incapacitación no letal, y el uso de la fuerza debe ser proporcional a las circunstancias imperantes. Además, el Congreso debería rechazar rotundamente el uso cada vez mayor que hace la Administración del ejército para llevar a cabo actividades de aplicación de la ley. No se debe normalizar la realización de ataques aéreos para detener presuntas actividades delictivas.
El Congreso no debe aprobar sin más nuevas ataques ilegales. Debe utilizar todos los medios a su alcance para impedir que la administración continúe con estos ataques y hacerla responsable de sus acciones ilegales. Ya se trate de abusos nacionales o extranjeros, necesitamos que se oponga a ellos.
Atentamente,
Le escribo en nombre de Amnistía Internacional para expresarle mi gran preocupación por los ataques aéreos llevados a cabo por el ejército estadounidense contra embarcaciones no identificadas en el mar Caribe. Los ataques constituyen una clara violación del derecho a la vida según el derecho internacional de los derechos humanos y sientan un peligroso precedente. El uso de fuerza letal en este contexto no tiene absolutamente ninguna justificación.
El uso intencionado de la fuerza letal se rige por las normas de aplicación de la ley establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Solo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida de una amenaza inminente y cuando no se disponga de medios menos dañinos, como la captura. Además, cualquier uso de la fuerza letal debe ser proporcional a la amenaza a la que se enfrenta en las circunstancias imperantes, en particular con miras a minimizar los riesgos para la vida humana y la integridad personal.
Los ataques letales contra lo que el Gobierno de los Estados Unidos alega que son embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe equivalen a ejecuciones extrajudiciales. Los comentarios públicos del presidente Trump, el secretario Rubio y otros miembros de la Administración Trump sobre estos ataques, así como la continuación de los mismos a lo largo de varias semanas, sugieren que se trata de una nueva política de ejecuciones extrajudiciales que viola tanto el derecho a la vida como el derecho al debido proceso.
Las personas que se encuentran en estos barcos no han sido objeto de ninguna investigación ni juicio por presuntamente haber cometido un delito, y sus actividades o su posible pertenencia a un cártel son irrelevantes cuando se trata de la protección de los derechos a la vida y al debido proceso. Además, fuera del contexto de un conflicto armado, el uso de la fuerza letal por parte del ejército estadounidense para acciones policiales es ampliamente ilegal . Dado que actualmente no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y ningún Estado o grupo armado del Caribe, el Gobierno estadounidense no puede invocar las leyes de la guerra para justificar los ataques. Las operaciones policiales siguen estando regidas exclusivamente por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
Gran parte del derecho internacional de los derechos humanos incorporado en los estatutos relacionados con la política exterior de los Estados Unidos se centra en las «violaciones graves de los derechos humanos», una categoría de abusos definida en la sección 502B de la Ley de Ayuda Exterior de 1974. El Departamento de Estado ha interpretado desde hace tiempo que las violaciones graves de derechos humanos incluyen las ejecuciones extrajudiciales. Esta misma consideración está codificada en: la Ley Magnitsky Global, que autoriza sanciones a las personas que hayan cometido una violación grave de los derechos humanos o hayan participado en actos de corrupción; las sanciones en materia de visados estadounidenses autorizadas en la sección 7031(c) de las leyes de asignaciones presupuestarias anuales, que invocan la definición de violaciones graves de derechos humanos y, por extensión, las ejecuciones extrajudiciales; la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, que permite presentar demandas civiles en Estados Unidos contra personas que hayan cometido ejecuciones extrajudiciales; y la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que clasifica a los no ciudadanos que hayan cometido o participado de otro modo en ejecuciones extrajudiciales como no aptos para ser admitidos en Estados Unidos.
Si el Congreso de los Estados Unidos ha declarado que este tipo de acciones no deben tolerarse en otros lugares, debería condenar este comportamiento del Gobierno de los Estados Unidos y exigir responsabilidades. Permitir las ejecuciones extrajudiciales viola el derecho internacional y socava los principios que este país ha defendido durante mucho tiempo. En la práctica, el Congreso debería abordar la falta de financiación de los servicios directos y la atención sanitaria si quiere desempeñar un papel significativo en la erradicación de la crisis de opiáceos en los Estados Unidos, en lugar de apoyar las ejecuciones extrajudiciales.
Le instamos a que inicie una investigación rápida, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre estos ataques. El Gobierno de los Estados Unidos debe garantizar que la fuerza letal intencionada solo se utilice en respuesta a una amenaza inminente para la vida y cuando no sea posible recurrir a medios menos dañinos, como la captura o la incapacitación no letal, y el uso de la fuerza debe ser proporcional a las circunstancias imperantes. Además, el Congreso debería rechazar rotundamente el uso cada vez mayor que hace la Administración del ejército para llevar a cabo actividades de aplicación de la ley. No se debe normalizar la realización de ataques aéreos para detener presuntas actividades delictivas.
El Congreso no debe aprobar sin más nuevas ataques ilegales. Debe utilizar todos los medios a su alcance para impedir que la administración continúe con estos ataques y hacerla responsable de sus acciones ilegales. Ya se trate de abusos nacionales o extranjeros, necesitamos que se oponga a ellos.
Atentamente,