Irak

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Las autoridades iraquíes no adoptaron medidas significativas para poner a disposición judicial a los miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias afines al Estado implicados en la violenta represión de las protestas celebradas en todo el país en octubre de 2019. Las fuerzas de seguridad continuaron sometiendo a desaparición forzada a hombres y niños, y seguía sin conocerse la suerte de miles de iraquíes víctimas de esta práctica en años anteriores. Las autoridades iraquíes atacaron la libertad de expresión y prepararon nuevas leyes para seguir restringiendo este derecho. Las autoridades intensificaron la represión de los derechos de las personas LGBTI. La protección frente a la violencia de género seguía siendo muy limitada en el centro del país y en la región del Kurdistán de Irak. La mayoría de los 1,1 millones de personas internamente desplazadas en Irak seguían viviendo en condiciones precarias y sin poder acceder a sus derechos básicos.

Información general

El 18 de diciembre se celebraron elecciones provinciales en todo el país, excepto en las cuatro gobernaciones de la región del Kurdistán de Irak, donde quedaron previstas para principios de 2024. La baja participación (del 41%) se atribuyó en gran medida a la apatía y la falta de confianza en las autoridades.

Durante el año, el Ministerio de Defensa Nacional de Turquía reivindicó la responsabilidad de varios ataques aéreos efectuados contra posiciones del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) en las montañas y en la región del Kurdistán de Irak, incluido un ataque con drones lanzado en octubre sobre un campo de refugiados que albergaba a más de 12.000 personas, y que se saldó con una mujer y dos niños heridos.

La sequía, exacerbada por el cambio climático, redujo la producción agrícola. Se produjeron brotes de cólera en todo el país relacionados con agua contaminada, y la OMS informó de que hasta mediados de noviembre se habían registrado al menos 1.302 casos y al menos 7 muertes.

En julio, el gobierno de Irak rompió relaciones diplomáticas con Suecia tras saber que un inmigrante iraquí había quemado una copia del Corán frente a la embajada de su país en Estocolmo, la capital sueca. En Irak, seguidores del clérigo chií Muqtada al Sadr atacaron la embajada de Suecia en Bagdad. En septiembre, un tribunal de Bagdad condenó a 18 agentes de policía a entre 18 meses y 3 años de prisión por no haber prevenido el ataque.

En octubre, partidos políticos, dirigentes de las Unidades de Movilización Popular y clérigos reaccionaron en Irak al bombardeo israelí de Gaza convocando manifestaciones multitudinarias en apoyo a Palestina. Al concluir el año, algunas de las mayores facciones de las Unidades de Movilización Popular, que posteriormente se dieron en llamar la Resistencia Islámica en Irak, se habían responsabilizado de unos ataques con drones y cohetes lanzados contra bases estadounidenses en la gobernación occidental de Anbar, así como en la región del Kurdistán de Irak.

Impunidad

Las autoridades iraquíes no adoptaron ninguna medida significativa para poner a disposición judicial a los miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias afines al Estado implicados en la violenta represión de las protestas celebradas en todo el país en octubre de 2019 (conocidas como protestas de Tishreen), a pesar de que se habían conformado varios comités de investigación.¹ Durante la represión de las protestas, cientos de personas habían muerto de manera violenta, miles habían sufrido mutilaciones y decenas habían sido secuestradas.

Actores armados, entre los que figuraban miembros de las Unidades de Movilización Popular, continuaron hostigando e intimidando a familiares y seres queridos de activistas desaparecidos o muertos en el contexto de las protestas de octubre de 2019. En un caso emblemático, familiares de Sajjad al Iraqi —destacado activista sometido a desaparición forzada en septiembre de 2020 en Nasiriya y cuya suerte seguía sin conocerse— dijeron que estaban recibiendo numerosas amenazas y presiones para retirar la denuncia judicial de su desaparición. La familia afirmó que quienes estaban realizando las amenazas tenían vínculos con los secuestradores y las Unidades de Movilización Popular.

En abril, la oficina del primer ministro envió una carta a Amnistía Internacional en la que explicaba las medidas adoptadas por el comité de investigación sobre los sucesos de Tishreen, establecido en octubre de 2020 y reactivado en noviembre de 2022, para empezar a entablar contactos con representantes de quienes habían participado en las protestas. La oficina afirmaba que el comité había investigado más de 215 casos facilitados por un tribunal de Bagdad y examinado miles de informes médicos, formularios de autopsias de víctimas e informes de peritos. Añadía que se habían pagado indemnizaciones a las familias de las personas muertas de manera violenta por un monto de 10 millones de dinares iraquíes (aproximadamente, 7.650 dólares estadounidenses) por cada víctima.² Sin embargo, el comité no había publicado aún los resultados de ninguna investigación. Asimismo, activistas, manifestantes y familiares de personas heridas o muertas de manera violenta expresaron preocupación por los requisitos para recibir indemnizaciones, como la necesidad de presentar documentos médicos que la mayoría de las personas heridas no habían podido obtener durante las protestas.

Desapariciones forzadas

Seguía sin conocerse la suerte de miles de iraquíes que habían sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado librado para recuperar el control de territorios del grupo armado Estado Islámico, así como durante las protestas convocadas en 2019 en todo el país.³ En junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak respondió a una carta de Amnistía Internacional sobre la desaparición de al menos 643 hombres y niños en la gobernación de Anbar desde 2016, afirmando que no se había hallado prueba alguna de implicación de fuerzas gubernamentales y que las familias de los desaparecidos no habían interpuesto ninguna denuncia contra las fuerzas de seguridad por los secuestros.⁴

Las fuerzas de seguridad e inteligencia iraquíes, incluidas las Unidades de Movilización Popular, continuaron sometiendo a desaparición forzada a hombres y niños aprehendidos en puestos de control, en viviendas y en la calle. En varias gobernaciones, especialmente en Saladino, Anbar, Nínive y Basora, las organizaciones y activistas de derechos humanos continuaron denunciando casos de desaparición forzada a manos de facciones de las Unidades de Movilización Popular presentes en esas zonas.

En abril, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas estimó que entre 250.000 y un millón de personas habían sido víctimas de desaparición forzada en Irak desde 1968 e instó al país a penalizar esta práctica. Ante ello, el 6 de agosto, las autoridades iraquíes presentaron en el Parlamento un proyecto de ley sobre personas desaparecidas, con el objetivo declarado de ayudar a sus familiares a conocer la suerte que habían corrido y darles acceso a indemnizaciones, incluso mediante el establecimiento de una comisión nacional sobre las personas en paradero desconocido. No obstante, el último borrador al que tuvo acceso Amnistía Internacional no tipificaba como delito la desaparición forzada ni preveía penas para los perpetradores.

Libertad de expresión

Las autoridades iraquíes llevaron a cabo una serie de ataques contra la libertad de expresión e intentaron promulgar legislación y normas para restringir este derecho.⁵

En enero, las autoridades anunciaron una campaña de eliminación del “contenido indecente” en Internet. A mediados de febrero, un juez del tribunal de instrucción de Bagdad especializado en medios de comunicación y publicaciones anunció que los tribunales habían formulado ya cargos contra 14 personas por publicar contenido “indecente” o “inmoral” en las redes sociales y condenado a 6 de ellas a entre 6 meses y 2 años de prisión. Todas habían sido acusadas en aplicación del artículo 403 del Código Penal, que penalizaba el material publicado que violara “la integridad o la decencia públicas”. Entre abril y diciembre se presentaron cargos contra 13 personas más. La mayoría quedaron en libertad bajo fianza o tras retirarse los cargos contra ellas, pero al menos una fue declarada culpable y condenada a 3 meses y 10 días de prisión.

En julio, las autoridades iraquíes presentaron de nuevo en el Parlamento sendos proyectos de ley sobre la libertad de expresión y de reunión pacífica y sobre delitos informáticos que, de ser aprobados, restringirían gravemente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.⁶

En la región del Kurdistán de Irak continuaron recluidas personas críticas con el gobierno, a pesar de que estaba prevista su excarcelación, después de que las autoridades presentaran nuevos cargos falsos en su contra. Entre ellas figuraban los periodistas Sherwan Sherwani y Guhdar Zebari, encarcelados allí desde octubre de 2020 tras un juicio flagrantemente injusto. A Guhdar Zebari se le informó el 16 de agosto, día en que estaba prevista su liberación, de que se le había imputado otro delito. Permaneció recluido en un centro de detención de la Asayish, la agencia de seguridad e inteligencia del Gobierno Regional del Kurdistán, hasta la celebración de su juicio el 1 de octubre, cuando se le impuso una pena de seis meses más de prisión por posesión de un arma sin licencia. La excarcelación de Sherwan Sherwani estaba prevista para el 9 de septiembre, pero, el 20 de julio, un tribunal lo condenó a otros cuatro años de prisión por cargos relacionados con la falsificación de la firma de Guhdar Zebari en una petición al Centro Reformatorio de Adultos de Erbil, aunque Zebari había ratificado su conformidad con la firma. El 1 de noviembre, un tribunal de apelación de Erbil le redujo la pena a dos años.⁷

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las autoridades intensificaron su represión de los derechos de las personas LGBTI.

El 9 de agosto, la Comisión Iraquí de Comunicaciones y Medios de Comunicación emitió una directiva que prohibía a éstos emplear la palabra “género” y les exigía sustituir el término “homosexualidad” por “desviación sexual” en sus publicaciones y emisiones.⁸

El 15 de agosto, el Parlamento iraquí realizó la primera lectura de un proyecto de ley, presentado por su vicepresidente, que imponía la pena capital a quien mantuviera relaciones homosexuales, así como medidas punitivas a las personas trans que trataran de someterse a tratamientos de afirmación de género. El proyecto de ley se retiró en septiembre a raíz de la indignación nacional e internacional suscitada.

El 6 de septiembre, en la región del Kurdistán de Irak, las autoridades de la ciudad de Erbil detuvieron a dos esteticistas de renombre por travestismo y publicación de imágenes indecentes en las redes sociales, respectivamente, hechos que la fiscalía consideraba que perturbaban el “orden de la sociedad”. Quedaron en libertad sin cargos a la semana siguiente.

Activistas y personal de ONG de la región del Kurdistán de Irak denunciaron haber recibido amenazas de detención y citaciones para interrogatorio en relación con su trabajo y activismo en favor de los derechos de las personas LGBTI.

Violencia contra mujeres y niñas

El Parlamento iraquí no tipificó como delito la violencia de género en el ámbito familiar ni protegió adecuadamente a las mujeres y las niñas frente a la violencia de género. En abril, un tribunal de Bagdad condenó al padre de Tiba al Ali a seis meses de prisión por su asesinato el 1 de febrero, lo que dio lugar a protestas en la ciudad contra esa pena tan leve.⁹

Las autoridades no adoptaron medidas para reformar disposiciones del Código Penal que permitían castigar a la esposa y aplicar castigos corporales a los hijos e hijas para disciplinarlos y preveían una pena mitigada para los “homicidios por honor”. El Código Penal también permitía a los violadores evitar el enjuiciamiento si se casaban con su víctima.

El hecho de que el Gobierno Regional del Kurdistán no reforzara los mecanismos y servicios de protección establecidos por el Estado socavaba gravemente la capacidad de las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar de huir de los malos tratos. La lentitud de los procesos judiciales y las difíciles condiciones de vida en los refugios dejaban a menudo a las mujeres sin apenas más opción que retirar las denuncias contra sus maltratadores, lo que perpetuaba la impunidad.

En abril, las autoridades iraquíes anunciaron que las sobrevivientes de violencia yazidíes tenían que interponer una denuncia para solicitar y recibir reparación, como establecía la Ley de Sobrevivientes Yazidíes de 2021, que socavaba gravemente el interés superior de las sobrevivientes y obstaculizaba su adecuada, pronta y efectiva reparación.¹⁰

Derechos de las personas internamente desplazadas

Al comenzar el año, al menos 1,2 millones de hombres, mujeres, niños y niñas permanecían internamente desplazados a consecuencia del conflicto con el Estado Islámico, y la mayoría seguían viviendo en situaciones precarias casi 6 años después de que el gobierno declarara haber vencido al grupo armado.

En abril, las autoridades iraquíes cerraron —sin avisar a los actores humanitarios ni coordinarse con ellos— el último campo de acogida operativo en la gobernación de Nínive, en el noroeste de Irak, para personas internamente desplazadas por el conflicto con el Estado Islámico. Los únicos campos que quedaban estaban en zonas controladas por el Gobierno Regional del Kurdistán. El cierre del campo de Nínive dejó a cientos de familias en riesgo de sufrir desplazamiento secundario y sin ningún plan para quienes no podían regresar a su lugar de origen.

Las fuerzas de seguridad y de inteligencia que actuaban en las oficinas del registro civil de varias gobernaciones continuaron sometiendo a cientos de familias, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres, a un proceso de inclusión en listas negras por su presunta vinculación con el Estado Islámico. Impedían a las familias acceder a documentación de su estado civil que resultaba esencial para acceder a derechos básicos y las dejaban expuestas a ser arrestadas en los puestos de control.

Al finalizar el año, al menos 1,1 millones de iraquíes seguían sufriendo desplazamiento: 175.000 en campos y, el resto, en situación de desplazamiento secundario.

Derecho a un medioambiente saludable

Con respecto al cambio climático, Irak continuaba estando entre los países más vulnerables y menos preparados. Pese a ello, actores que se creía que formaban parte de las Unidades de Movilización Popular intimidaron y, en algunos casos, secuestraron a activistas y especialistas ambientales. En febrero, actores armados no identificados de la localidad de Al Hilla, gobernación de Babilonia, secuestraron a un experto que en reiteradas ocasiones había llamado la atención sobre la desecación de los humedales iraquíes; estuvo dos semanas en paradero desconocido. Tras su liberación, afirmó haber sufrido tortura y otros malos tratos. No se hizo pública ninguna investigación ni detención relacionadas con el incidente.

Pese a haber recibido ayuda para elaborar un plan nacional de adaptación, el gobierno no había publicado ningún dato al respecto al concluir el año.

Irak anunció planes para perforar nuevos pozos y aumentar la producción de petróleo haciendo caso omiso de la conclusión de la ONU según la cual los países debían reducir sustancialmente su producción para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C. En octubre, Irak anunció que desde principios de 2023 había obtenido ganancias récord por la venta de petróleo, que suponían más del 90% de su recaudación total, pero estos ingresos no dieron lugar a ningún plan de diversificación de su economía.

Derecho al agua

Pese a los recursos naturales de los que disponía, Irak se había convertido en uno de los países del mundo con mayor estrés hídrico. Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Recursos Hídricos anunció que los niveles de agua del país estaban más bajos que nunca. Las autoridades iraquíes continuaron atribuyendo la escasez a la construcción de represas en los países vecinos. Otros actores, como UNICEF, atribuían la cada vez mayor escasez de agua a diversos factores, incluida la mala gestión, y expresaron preocupación por el uso excesivo de recursos hídricos no renovables.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 21.798 familias se hallaban desplazadas en las gobernaciones del sur y el centro de Irak en septiembre, a causa de la sequía y la escasez de agua exacerbadas por el cambio climático.