Myanmar

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Cinco años después del golpe militar, el conflicto armado se intensificó aún más. Un terremoto de gran magnitud y los recortes de la ayuda estadounidense agravaron el sufrimiento de la población civil. Los ataques aéreos durante las ofensivas del ejército alcanzaron una cifra sin precedentes y decenas de niños y niñas murieron en ataques de gran intensidad dirigidos contra escuelas. También fueron atacados hospitales, edificios religiosos y otras infraestructuras civiles. El ejército y los grupos armados, así como los centros de ciberestafas empleaban el trabajo forzoso. En los centros de ciberestafas las personas corrían peligro de sufrir trata y tortura. Las autoridades militares recurrían a leyes para reprimir la libertad de expresión, especialmente cualquier crítica relativa a las elecciones organizadas por la junta que comenzaron en diciembre. En los centros penitenciarios siguieron infligiéndose tortura y otros malos tratos, incluida la negación de la atención médica adecuada, lo que causó muertes bajo custodia. Si bien la mayoría de las violaciones eran perpetradas por el ejército, los grupos armados también violaban los derechos de la población civil, sometiéndola a trabajo forzoso, palizas, reclutamiento forzoso y ataques a informantes.

Información general

El ejército, que se recuperaba de un año de pérdidas en el campo de batalla en 2024, consiguió importantes avances políticos, territoriales y diplomáticos, mientras seguía socavando los derechos humanos. El número de muertes de civiles se incrementó hasta superar las 7.000, mientras dirigentes civiles derrocados, como Aung San Suu Kyi, Win Myint y otras figuras, seguían en detención arbitraria. Más de 3,5 millones de personas continuaban desplazadas. En marzo, un terremoto que se dejó sentir sobre todo en la región de Sagaing y otras zonas del centro de Myanmar causó casi 4.000 víctimas mortales, según cifras del ejército. El general Min Aung Hlaing viajó a Tailandia para asistir a sus primeras reuniones desde el golpe de Estado en un país de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), aunque su ejército había violado el alto el fuego declarado tras el terremoto. Min Aung Hlaing continuó siendo el líder de facto de la junta tras la muerte en agosto del presidente en funciones, Myint Swe. Poco antes se había levantado el estado de excepción en el país, preparando el camino para las elecciones de diciembre. A pesar de la disolución formal del Consejo de Administración del Estado, muchas zonas continuaban bajo la ley marcial, y el Consejo pasó a denominarse Comisión Nacional para la Seguridad y la Paz, con Min Aung Hlaing como presidente en funciones. Min Aung Hlaing realizó también visitas de alto nivel a Bielorrusia, China y Rusia. Estos dos países respaldaban los planes electorales del ejército. China presionó a dos poderosos grupos armados para que acordaran el alto el fuego con el ejército, y como resultado la junta recuperó el control de varios territorios. Los grupos políticos y armados de oposición condenaron los planes electorales e instaron a la comunidad internacional a que no reconociera el resultado de las elecciones. La ASEAN anunció que no enviaría observadores a la votación.

Ataques ilícitos

El número de ataques aéreos superó con creces el de 2024, siendo 2025 el año más mortífero para la población civil desde el golpe de Estado. En concreto, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aumentaron en más de un 50% en relación con 2024. La zona central del país fue la que sufrió más ataques aéreos contra la población civil.

Tras el terremoto continuaron los ataques ilícitos, especialmente en zonas donde había actividad de grupos armados contra el ejército, como las regiones de Sagaing y Mandalay. Las fuerzas armadas llevaron a cabo ataques aéreos en el municipio de Chaung-U, en la región de Sagaing, entre ellos varios ataques el 1 de abril y otro más el día del terremoto.¹ Se bloqueó el acceso de la ayuda a las áreas donde había grupos de resistencia activos, lo cual dificultó las labores de ayuda humanitaria tras el terremoto, que pudieron desarrollarse con más libertad en las zonas que estaban bajo el control del ejército.

Continuaron los ataques aéreos ilícitos contra escuelas. En mayo, menos de dos meses después de que el terremoto golpeara la región de Sagaing, al menos 20 escolares murieron en un ataque aéreo en el pueblo de Ohe Htein Twin. El ataque tuvo lugar cuando estaba en vigor el alto el fuego por el terremoto, que el ejército violó reiteradamente. En septiembre, el ejército lanzó un ataque aéreo en el estado de Rakáin en el que murieron 19 escolares de un internado del municipio de Kyauktaw. En diciembre, un ataque aéreo militar también alcanzó un hospital en el municipio de Mrauk-U, en el estado de Rakáin, causando la muerte de decenas de personas.² Según informes, unos días antes otro bombardeo en el municipio de Tabayin, en la región de Sagaing, causó la muerte de 18 personas al impactar en la tetería donde se encontraban.

Los ataques aéreos mataron, hirieron o desplazaron a civiles en casi todos los estados y regiones del país. Esos ataques se intensificaron tras la disolución oficial del Consejo de Administración del Estado en julio, momento a partir del cual se aceleraron los preparativos de las elecciones de diciembre. Cada vez fue más habitual que los ataques se realizaran con parapentes motorizados tripulados, denominados localmente “paramotores”, a menudo equipados con morteros de 120 mm, una nueva táctica utilizada por el ejército —especialmente en el centro de Myanmar— que exigía menos recursos, como, por ejemplo, combustible de aviación. El 6 de octubre, en el municipio de Chaung-U de la región de Sagaing, durante un acto de protesta en una vigilia con velas en la festividad budista de Thadingyut, un ataque con paramotores mató al menos a 18 personas, entre las que había menores de tan sólo dos años, e hirió a decenas más.³

Trabajo forzoso

Centros de ciberestafas

El ejército y las autoridades de Myanmar, en coordinación con los de China y Tailandia, actuaron enérgicamente contra los centros de ciberestafas del sureste del país con medidas a las que se había dado mucha publicidad. Los responsables de estos centros obligaban a las personas retenidas en ellos —se estimaba que decenas de miles— a realizar ciberestafas a víctimas en el extranjero, y utilizaban la tortura como método de castigo.

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso varias series de sanciones en mayo y septiembre a los propietarios y operadores de los centros situados dentro del proyecto de desarrollo urbanístico de Shwe Kokko, en el municipio de Myawaddy. En mayo, Estados Unidos designó como organización criminal transnacional al Ejército Nacional Karen, la milicia que controlaba Shwe Kokko. Además, sancionó a su líder, Saw Chit Thu, y a dos de sus hijos por su papel en la trata de personas y el contrabando transfronterizo. En septiembre, Estados Unidos extendió sus sanciones a otras figuras del Ejército Nacional Karen, además de a empresas conjuntas, sociedades financieras y compañías energéticas vinculadas a las operaciones que se realizaban en Shwe Kokko. Entre ellas figuraba Yatai International Holding Group y su propietario She Zhijiang, detenido por las autoridades tailandesas en 2022. Tras una sentencia judicial de Tailandia, dictada en octubre y confirmada en apelación en noviembre, se esperaba que She Zhijiang fuera extraditado a China, donde se ha condenado a muerte a personas declaradas culpables de estar implicadas en centros de ciberestafas.

En noviembre, Estados Unidos amplió sus sanciones a otro grupo armado, el Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA, por sus siglas en inglés) y a cuatro de sus líderes, por su apoyo a centros de ciberestafas en Myanmar.

Aunque numerosas víctimas de la trata de personas fueron liberadas a raíz de las actuaciones contra los centros de ciberestafas y muchas de las principales figuras responsables de los abusos fueron sancionadas, la crisis persistió. Según informes, el sector del ciberfraude permanecía intacto al acabar el año, especialmente en el sureste de Myanmar, donde quienes cometían estas estafas no habían rendido cuentas.

Conflicto armado

En enero, el ejército de Myanmar amplió su campaña de reclutamiento forzoso añadiendo nuevas restricciones. Estas medidas dificultaban la salida del país a las personas en edad de reclutamiento si no contaban con permisos adicionales, y establecían sanciones para quienes trataran de eludir el servicio militar. Las personas que desertaban denunciaron que a menudo se enviaba a los nuevos reclutas a zonas situadas en primera línea de combate, donde muchos morían o eran capturados. No existía ninguna opción alternativa de servicio civil que fuera ampliamente conocida ni oportunidad alguna de lograr la exención del servicio militar por motivos de objeción de conciencia ni por creencias religiosas.

Tanto las fuerzas armadas de Myanmar como el Ejército de Arakán y los grupos armados rohinyás empleaban el trabajo forzoso y el reclutamiento obligatorio en el estado de Rakáin. Las personas rohinyás refugiadas en Bangladesh corrían peligro de ser llevadas a la fuerza a Myanmar para luchar en el conflicto del país. El Ejército de Arakán sometía a trabajos forzados a personas rohinyás desplazadas internamente en el estado septentrional de Rakáin, y las golpeaban si se rebelaban. Este ejército afirmó que no obligaba a civiles a realizar trabajos forzados, sino que a veces ponía a trabajar a prisioneros de guerra o a presos comunes para que hicieran ejercicio o porque formaba parte de su condena. También cuestionó los testimonios que hablaban de prohibiciones discriminatorias sobre formas de ganarse la vida y sobre la libertad de circulación.

Libertad de expresión

Se promulgaron leyes restrictivas, especialmente sobre ciberseguridad e injerencia en las elecciones, que limitaron aún más la libertad de expresión. Algunas de las nuevas leyes, especialmente las que afectaban a las elecciones, ocasionaron arrestos y detenciones arbitrarias de personas que se mostraban críticas con el ejército o las elecciones de diciembre. Según el análisis de Human Rights Myanmar, la redacción de la ley sobre ciberseguridad era muy poco precisa y permitía utilizarla para criminalizar la disidencia, con condenas de hasta seis meses de cárcel por compartir información “no apta para el público en general”. Además, establecía requisitos adicionales para que las plataformas de redes sociales eliminaran contenido inadecuado en función de amplias categorías, lo cual podía favorecer la censura.

La Ley sobre Protección de las Elecciones Generales Democráticas Multipartidistas frente a Obstrucciones, Alteraciones y Acciones Destructivas, que entró en vigor en julio, contribuyó al efecto intimidatorio. Aparentemente destinada a evitar injerencias y proteger a las personas contratadas para organizar las elecciones gestionadas por la junta, la ley establecía penas que incluían condenas de prisión que oscilaban entre los tres años y la cadena perpetua por delitos tales como provocar alteraciones en el proceso, amenazar o lastimar a quienes participaban en él (incluidos los votantes) y ocasionar daños en el material electoral. También contemplaba la aplicación de la pena de muerte si estas acciones tenían como consecuencia la pérdida de vidas. El impacto de esta ley en la libertad de expresión era evidente incluso meses después de su aprobación. En septiembre, un bloguero fue condenado a siete años de cárcel por publicaciones que se consideraron críticas con las elecciones. Además, dos jóvenes fueron detenidos por colocar pegatinas contra las elecciones en Yangón. Según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos, más de 150 personas habían sido detenidas o acusadas en virtud de la ley electoral al finalizar el año.

Tortura y otros malos tratos

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que el arresto tras el golpe de estado de Linn Htut, ex ministro principal del estado de Shan, había sido ilegal. Según el informe del Grupo de Trabajo, su “confesión” de 2021 había sido extraída bajo tortura, incluida la privación de sueño. Grupos de derechos humanos pidieron que tanto él como el resto de las personas detenidas arbitrariamente a consecuencia del golpe quedaran en libertad de forma inmediata e incondicional.⁴

El ejército seguía sin proporcionar acceso a una atención médica adecuada a las personas privadas de libertad. También persistían las muertes bajo custodia, muchas de ellas debido a la negación sistemática de atención médica, incluidas lesiones producidas durante interrogatorios abusivos tras la detención para las que no se había recibido tratamiento. Medios de comunicación independientes y grupos de observación de las condiciones penitenciarias denunciaron muertes en distintos centros de detención en julio. La activista estudiantil Ma Wutt Yee Aung, arrestada en septiembre de 2021 por presuntas actividades de terrorismo e incitación, murió en la prisión de Insein de la ciudad de Yangón en torno al 19 de julio. El Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Dagon expresó su preocupación ante la posibilidad de que su muerte hubiera podido ser consecuencia de las heridas en la cabeza que había sufrido durante los interrogatorios bajo custodia y de la negación del tratamiento médico adecuado por parte de las autoridades penitenciarias.

Ese mismo día, Ko Pyae Sone Aung, de 44 años, representante de la sección del partido Liga Nacional para la Democracia en el municipio de Belin (estado de Mon), murió en la prisión estatal de Thaton tras una brutal paliza. La investigación publicada en julio por el Mecanismo de Investigación Independiente de la ONU para Myanmar reveló trato cruel a las personas detenidas, incluidas agresiones sexuales, palizas, electrocuciones, estrangulamientos y arrancamiento de uñas.

Derechos económicos, sociales y culturales

La situación económica empeoró. La juventud abandonaba el país y en las zonas de conflicto armado aumentaron el precio de los alimentos básicos y el hambre. La decisión del gobierno de Estados Unidos de congelar de forma repentina y radical la ayuda exterior ponía en grave peligro los derechos humanos de las personas refugiadas myanmaras, la población civil de las zonas de conflicto armado y otras personas que huían de la persecución. Grupos humanitarios y de derechos humanos advirtieron de que, si la decisión no se revocaba, podía costar vidas. En algunos casos se hicieron excepciones, pero la ayuda extranjera quedó reducida a una fracción de lo que era. Los recortes afectaron a la salud, la educación y la ayuda humanitaria, dejando a las y los estudiantes abandonados a su suerte y poniendo en peligro a defensores y defensoras de los derechos humanos, tanto en Myanmar como fuera del país. Asimismo, provocaron el cierre de hospitales en campos de personas refugiadas y comprometieron programas que ayudaban a evitar las atrocidades causadas por el conflicto armado en el país.

La financiación de los campos de personas refugiadas rohinyás en Bangladesh continuó, pero se redujo, dejando a los niños y niñas rohinyás expuestos a la violencia, el reclutamiento forzado y el trabajo infantil. La reducción de la financiación de la ayuda humanitaria para los campos situados a lo largo de la frontera de Tailandia con Myanmar supuso falta de acceso a atención médica y alimentos. La nueva política de Tailandia que autorizaba a trabajar a decenas de miles de personas refugiadas permitió albergar ciertas esperanzas de mitigar el impacto de los recortes en la ayuda.