Mongolia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Continuaban violándose los derechos de las personas afectadas por planes de remodelación urbanística. Se utilizó el Código Penal para limitar la libertad de expresión de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y organizaciones de medios de comunicación. Las consultas a las comunidades concernidas por proyectos mineros fueron inadecuadas.

Información general

Dos cambios de gobierno pusieron de relieve la preocupación de la población por la corrupción y la integridad de sus dirigentes. Altos cargos gubernamentales realizaron en repetidas ocasiones declaraciones públicas en las que se menoscababa considerablemente la independencia y la imparcialidad del poder judicial.

Derecho a la vivienda

Las personas afectadas por proyectos de desarrollo urbanístico en la capital, Ulán Bator, no tuvieron tiempo ni información suficiente para negociar. Se vieron obligadas a aceptar tasaciones de sus tierras e inmuebles inferiores a su valor real, lo que ponía en peligro sus medios de vida. Los negocios familiares se infravaloraron o ni siquiera se tasaron, y no se proporcionaron informes de tasación inmobiliaria. El Parlamento no estableció mecanismos eficaces ni proporcionó garantías jurídicas adecuadas para que los colectivos afectados presentaran demandas y buscaran reparación.

Derecho a un medioambiente saludable

Las consultas a las comunidades concernidas por proyectos mineros a menudo fueron superficiales, poco oportunas o inaccesibles, a pesar de que la ley exigía realizar evaluaciones de impacto ambiental.¹ Gran parte de la población dedicada al pastoreo no estaba al tanto de estas evaluaciones o no había sido tenida en cuenta por la representación local de las autoridades estatales. Las actividades mineras y las infraestructuras asociadas a ellas redujeron y degradaron los pastizales, fragmentando las rutas de trashumancia y las zonas de pastoreo de los rebaños y amenazando la sostenibilidad del nomadismo como medio de vida de esa población.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades no protegieron de los ataques de terceros a las personas que ejercían su derecho de reunión pacífica. El 12 de enero, durante una manifestación en la plaza Sukhbaatar de Ulán Bator, un grupo de personas agredieron a un manifestante sin que los agentes encargados de hacer cumplir la ley intervinieran.²

En mayo apareció en redes sociales información sobre el lujoso estilo de vida del hijo del primer ministro L. Oyun-Erdene. Esta información indignó a la opinión pública y desencadenó 21 días de protestas pacíficas lideradas por jóvenes en las que se pedía la dimisión del primer ministro, lo que finalmente provocó la dimisión del gobierno.

Al acabar el año seguía pendiente de aprobación un proyecto de ley sobre libertad de reunión y manifestación que había sido presentado al Parlamento el 23 de enero.

Libertad de expresión y de asociación

Se utilizó el Código Penal para imponer restricciones a la difusión de información, limitando así la libertad de expresión de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y organizaciones de medios de comunicación. El Tribunal Constitucional, al que se le pidió que evaluara la legalidad de basar tales restricciones en términos imprecisos como “falso” o “engañoso”, resolvió el 25 de noviembre que el artículo 13.14 del Código Penal era inconstitucional.

Derecho a un juicio justo

El 17 de marzo, la policía irrumpió en las oficinas de la agencia de medios de comunicación Noorog Creative Studio y confiscó material y teléfonos móviles particulares. Según informaron las personas que trabajaban en la agencia, la policía las detuvo por presunta violación del artículo 19.9.1 del Código Penal, que tipificaba como delitos los actos que “perjudi[caba]n la unidad nacional”, y las interrogó durante toda la noche. Esto suscitó preocupación respecto al derecho a un juicio con las debidas garantías.³

Violencia por motivos de género

El 30 de julio se publicó el Decreto núm. 48 por el que se creaba la Comisión Nacional contra la Violencia. El gobierno destacó que se trataba de una iniciativa para abordar la violencia de género en el ámbito familiar, pero no aclaró cómo se abordaría la violencia basada en el género en general, incluida la facilitada por la tecnología. No se implementaron las recomendaciones para fortalecer la legislación relacionada.