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Un tribunal de Moscú consolida la caza de brujas contra las ONG

Vladimir Putin, presidente ruso, en una imagen de archivo. © SERGEI CHIRIKOV/AFP/Getty Images

Al confirmar la desmesurada exigencia de que otras tres organizaciones independientes se registren como "agentes extranjeros", un tribunal de Moscú ha dado el visto bueno a la caza de brujas de las autoridades contra pacíficos defensores y defensoras de derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional.

La determinación de las autoridades rusas a silenciar cualquier forma de disidencia o crítica es asombrosa. La decisión de esta semana deteriorará aún más a la sociedad civil en Rusia y tendrá un efecto desastroso sobre miles de rusos y rusas que verán cómo se reducen sustancialmente las posibilidades de que se protejan sus derechos humanos", ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.  

Los días 24, 26 y  27 de junio, el tribunal del distrito de Zamoskvoretskiy, en Moscú, rechazó los recursos presentados por las ONG Golos, Yurix y Veredicto Público para no tener que registrarse como "agentes extranjeros" en aplicación de la represiva Ley de Agentes Extranjeros que entró en vigor el 21 de noviembre de 2012.

El tribunal estuvo de acuerdo con el punto de vista de la fiscalía de que actividades legítimas tales como proporcionar asistencia letrada gratuita a personas sometidas a detenciones arbitrarias y tortura, analizar la legislación, publicar decisiones judiciales, presentar un informe al Comité contra la Tortura de la ONU y defender la reforma de la policía, constituyen "actividades políticas".

En mayo de 2014, este mismo tribunal falló en el mismo sentido respecto a la destacada ONG de derechos humanos "Memorial".

Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, consideran que, en la práctica, esta ley se utiliza para limitar la labor legítima de los activistas de derechos humanos y restringir la libertad de asociación en el país.

Este mes entraron en vigor una serie de enmiendas adicionales a la ley sobre ONG de Rusia, que permiten al Ministerio de Justicia registrar a una ONG como "agente extranjero" sin su consentimiento, lo cual ya ha sucedido con cinco ONG.