Las baterías producidas o comercializadas en la Unión Europea (UE) deberán cumplir nuevas normas y controles ambientales para garantizar que sus materias primas han sido obtenidas de manera responsable, según un anteproyecto de ley que cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo. Estas normas aún no han sido aprobadas por gobiernos de la UE que quieren retrasar la introducción de los objetivos de reciclaje y los controles de diligencia debida por parte de los fabricantes de baterías.
Alex Keynes, gerente de vehículos limpios de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), declaró: “Esto sitúa a Europa en la senda de un futuro sostenible de cero emisiones.” Las baterías que sustituyan a la combustión de petróleo tendrán que producirse con energía verde, fabricarse a partir de metales obtenidos de manera responsable y reciclarse por completo al final de su vida útil. En la actualidad, se están estableciendo fábricas de baterías en Europa, por lo que cualquier retraso en los objetivos de reciclaje y en los controles de materiales obtenidos de manera responsable no es justificable.”
Según el anteproyecto de ley, los fabricantes de baterías deberán someterse a controles en sus cadenas de suministro para garantizar que se identifique y aborde cualquier abuso contra el medio ambiente o los derechos humanos. Los límites a las emisiones de carbono causadas por la producción de baterías reducirán aún más su impacto climático y potenciarán la ventaja climática de los vehículos eléctricos sobre los de motor de combustión.
A partir de 2026 deberán reciclarse las principales materias primas al final de la vida útil de la batería: el 90% del níquel, el cobre y el cobalto utilizados y el 70% del litio (frente al escaso 35% propuesto por la Comisión). Esto contribuirá a garantizar el abastecimiento básico nacional de metales para baterías y compensar la necesidad de nuevas explotaciones mineras.
“Es un paso alentador en la buena dirección por parte del Parlamento Europeo. Las baterías son esenciales para la transición energética, y los legisladores de la UE deben tener como prioridad absoluta velar por que no se produzcan abusos de los derechos humanos ni daños ambientales. Hay que respetar a toda costa los derechos y los medios de vida de las comunidades indígenas y situadas en primera línea. La imposición de requisitos estrictos de diligencia debida sobre la extracción y el tratamiento de los metales de las baterías puede ayudar a salvaguardar tales derechos, y sentará un sólido precedente para la regulación en otros lugares”, afirmó Richard Kent, investigador sobre derechos humanos y transición energética en Amnistía Internacional.
T&E y Amnistía Internacional han pedido a los ministros de Medioambiente de la UE que abandonen todas las propuestas de retrasar los controles de diligencia debida y los objetivos de reciclaje en su reunión del 17 de marzo. Se espera que el Parlamento y los gobiernos de la UE ultimen la ley a finales de junio.
