En los dos años transcurridos desde las protestas masivas en Rusia contra la detención por motivos políticos del destacado activista opositor Aleksei Navalny, las autoridades rusas no han cejado en sus intentos de desmantelar el movimiento opositor y crear un entorno más temible para quienes defienden los derechos humanos.
El Kremlin ha atacado a oponentes políticos, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil en numerosos frentes, y ha utilizado la ley para llevar a cabo detenciones y enjuiciamientos por cargos falsos y al mismo tiempo liquidar organizaciones de la sociedad civil de larga trayectoria para poner fin a su indispensable labor.
“En los últimos dos años, el gobierno ruso no ha hecho más que intensificar su caza de brujas de organizaciones opositoras y de la sociedad civil. Ninguna persona crítica, defensor o defensora de los derechos humanos o periodista independiente está a salvo de la amenaza de persecución, represalias y represión”, ha afirmado Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia.
“Tras el intento de envenenamiento de Aleksei Navalny en 2020 y su detención en 2021, las autoridades rusas intentaron aniquilar la libertad de expresión en el país. Esta rápida e implacable represión les permitió acabar sin dilación con las protestas masivas contra la invasión en gran escala de Ucrania un año después.”
Implacable represión de Navalny y sus colaboradores
El 2 de febrero de 2021, un tribunal de Moscú sustituyó la pena no privativa de libertad impuesta a Navalny por una pena de dos años y ocho meses de cárcel, a la que posteriormente se restaron dos meses. Poco después, las autoridades rusas empezaron a desmantelar la Fundación Anticorrupción y la Fundación para la Protección de los Derechos Ciudadanos, creadas por Navalny, y cerraron sus oficinas. El 9 de junio de 2021, ambas organizaciones fueron calificadas oficialmente de “extremistas” y prohibidas arbitrariamente.
En marzo de 2022, Navalny fue condenado a nueve años de prisión, que se suman a la condena anterior, por cargos de motivación política como “fraude en una escala especialmente grande”. Pero una pena de prisión aún más larga puede esperarlo, ya que en septiembre de 2021 también se formularon en contra cargos de “crear y dirigir una comunidad extremista”.
Por si esto fuera poco, en octubre de 2022 las autoridades abrieron una investigación penal contra Navalny por presuntamente “promover el terrorismo”, “financiar y promover el extremismo” y “rehabilitar el nazismo”. Si Navalny es declarado culpable de estos cargos de motivación política, la condena a prisión podría llegar a un total de 30 años.
“Las organizaciones asociadas con Aleksei Navalny son consideradas el archienemigo de las autoridades, y se han convertido en blanco de represión generalizada. En consecuencia, la mayoría de los colaboradores de Navalny han huido del país”, ha afirmado Natalia Zviagina.
Activistas que han permanecido en Rusia han sufrido enjuiciamientos y otras represalias. Varios colegas y simpatizantes de Navalny fueron juzgados por la “violación de las normas sanitarias y epidemiológicas” tras sus llamamientos a protestas pacíficas.
Lilia Chanysheva, exjefa de la oficina de Navalny en la ciudad de Ufa, situada a 1.400 kilómetros al este de Moscú, fue la primera persona detenida por cargos de “crear y dirigir una comunidad extremista” en noviembre de 2021. Continúa detenida en espera de juicio y podría ser condenada a un máximo de 18 años de cárcel.
En diciembre de 2021 se acusó a dos colegas de Chanysheva, Vadim Ostanin y Ksenia Fadeeva (de Barnaul y Tomsk, respectivamente, ciudades de Siberia occidental), de “organizar una comunidad extremista” y de “crear una organización sin ánimo de lucro que vulnera la personalidad y los derechos de los ciudadanos”. El segundo cargo, que antes era un artículo del Código Penal confuso y rara vez utilizado, ahora se usa con frecuencia contra simpatizantes de Navalny.
En marzo de 2022, Vadim Ostanin quedó detenido en espera de juicio, situación en la que actualmente continúa. Daniel Kholodny, exdirector técnico del canal de YouTube Navalny Live, fue detenido al mismo tiempo y continúa privado de libertad por cargos de “participación en una comunidad extremista”.
En diciembre de 2022, Zakhar Sarapulov, exjefe de la oficina de Navalny en Irkutsk, fue condenado a un año de libertad condicional. En enero de 2023 se restringió por un año la libertad de circulación de Elizaveta Bychkova y Yegor Butakov, excoordinadores del movimiento de Navalny en Arkhangelsk; los cargos formulados en su contra se redujeron tras acceder a cooperar con la investigación penal sobre las actividades de Navalny.
La amenaza de enjuiciamiento permanece incluso en el exilio
Personas que colaboraban con Navalny y lograron huir a países de Europa y de otras regiones pueden ser enjuiciadas si regresan a Rusia. Leonid Volkov, que dirigió la red regional de Navalny antes de su disolución en abril de 2021, hace frente a diversos cargos, desde “crear una comunidad extremista” hasta “justificación del terrorismo” o “implicación de menores en la comisión de actos peligrosos”.
Ivan Zhdanov, exdirector ejecutivo de la Fundación Anticorrupción de Navalny, también hace frente a un conjunto de cargos de “extremismo”. Además, en marzo de 2021 las autoridades detuvieron a su padre, Yuri Zhdanov, exfuncionario local en el oblast (provincia) de Arkhangelsk, y lo acusaron de “abuso de autoridad”. En febrero de 2022 fue condenado a tres años de prisión.
Otras personas que colaboraban con Navalny, como la portavoz Kira Yarmysh, Lyubov Sobol, Georgy Alburov, Ruslan Shaveddinov o el abogado Vyacheslav Gimadi, son buscadas por “participación en una comunidad extremista” u otros presuntos “delitos”. Además, contra algunas de ellas se presentaron cargos de “difusión de información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas” y “justificación del terrorismo” en agosto de 2022.
Además de desmantelar el movimiento de Navalny, las autoridades rusas también han actuado contra los movimientos Rusia Abierta y Vesná (Primavera), han detenido y encarcelado a destacadas figuras de la oposición y activistas contra la guerra, y han liquidado el grupo de derechos humanos Memorial, icono del movimiento de derechos humanos en Rusia.
Las autoridades también han atacado al respetado Grupo Moscovita de Helsinki, han cerrado medios de comunicación independientes y han promovido la censura y la retórica militarista en instituciones educativas y culturales.
“La lista de víctimas de la represión de la libertad de expresión en Rusia parece interminable, y sin embargo activistas rusos en el país y en el extranjero siguen organizándose en apoyo de los derechos humanos y contra la invasión de Ucrania por Rusia”, ha afirmado Natalia Zviagina.
“Aleksei Navalny y los colaboradores y colaboradoras suyos a quienes se ha privado de libertad por su activismo pacífico deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, y deben retirarse todos los cargos formulados en su contra. La comunidad internacional debe intensificar su apoyo a la sociedad civil rusa, que está gravemente mutilada pero sigue siendo capaz de increíbles proezas de resiliencia, valentía y perseverancia.”
