Hoy, ochenta y cinco organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos pedido a los Estados del Consejo de Derechos Humanos para que, durante el próximo periodo de sesiones del Consejo, en septiembre, renueven y fortalezcan el importante mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Los Estados deben garantizar que la Misión de Determinación de los Hechos cuenta con financiación suficiente y está capacitada para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesamientos u otros fines de rendición de cuentas, incluidos los mecanismos de justicia internacionales, con el fin de evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela.
La Misión de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos mediante la resolución 42/25 el 27 de septiembre de 2019, con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con vistas a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Aunque la Misión no ha recibido permiso para entrar en Venezuela, presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2020, cuando concluye su actual mandato.
La necesidad de que este mecanismo internacional siga investigando y denunciando crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela está clara en un contexto en el que estas prácticas continúan imparables, a pesar del aumento del escrutinio internacional, y la impunidad por estos crímenes es la norma imperante a nivel nacional.
En Venezuela, millones de personas siguen sufriendo violaciones del derecho a la vida, la libertad, la integridad física y mental o el acceso a la justicia. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que agravar y empeorar la emergencia humanitaria en el país, donde muchas personas tienen dificultades para acceder a servicios de atención a la salud, agua, alimento, combustible, electricidad y gas, todo lo cual obstaculiza su capacidad de protegerse frente a la pandemia. Más de 5,2 millones de personas venezolanas han huido del país a causa de la crisis humanitaria, política, económica y de derechos humanos que lo azota. Mientras tanto, la pandemia también ha servido como una justificación retorcida del gobierno de Nicolás Maduro para mantener y aumentar su represión de la disidencia, incluyendo a personal sanitario y periodistas.
Estas graves violaciones de derechos humanos y estos crímenes de derecho internacional se ven facilitados por la impunidad generalizada que reina en el país. Tal como han informado muchas organizaciones, y tal como ha dejado claro un reciente informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el sistema de justicia de Venezuela carece de independencia y deja sistemáticamente de proporcionar justicia imparcial a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En lugar de eso, el gobierno de Maduro está utilizándolo para criminalizar y controlar a la población.
La publicación en septiembre del primer informe de la Misión de Determinación de los Hechos marcará un importante primer paso en la senda de la rendición de cuentas en Venezuela mediante la documentación de la participación de aquellas personas de las que se sospecha que son penalmente responsables. Es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos responda de manera significativa a las conclusiones y recomendaciones del informe. Los Estados deben garantizar la total renovación y el fortalecimiento del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos, y deben asegurarse de que la misión cuenta con recursos adecuados para continuar con sus investigaciones fundamentales.
Entre las 85 ONG firmantes destacan organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Global Center for the Responsibility to Protect (GCR2P), Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. Entre las nacionales, están, entre otras, Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Alerta Venezuela, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Civilis DDHH, Defiende Venezuela, Foro Penal, Movimiento Ciudadano Dale Letra, Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia (OGCD), Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Sin Mordaza y Sinergia.
