Londres.- Amnistía Internacional ha enviado hoy a las autoridades de Myanmar un documento informativo sobre las graves violaciones de derechos humanos que continúan cometiéndose desde que comenzara la represión de septiembre. Este documento precede a la visita que la semana próxima realizará a Myanmar el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos, Paulo Sergio Pinheiro.
"Las numerosas detenciones arbitrarias, tomas de rehenes, palizas y torturas bajo custodia y desapariciones forzadas ponen claramente en entredicho cualquier afirmación de las autoridades myanmaras sobre la vuelta a la normalidad”, ha dicho Catherine Baber, directora del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
"En vez de quejarse de injerencias en su soberanía, las autoridades myanmaras deben cumplir su promesa de ‘cooperar plenamente’ con la ONU permitiendo pleno acceso al relator Pinheiro y aplicando en su totalidad las mejoras concretas en el ámbito de los derechos humanos señaladas por el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.”
Los principales motivos de preocupación de Amnistía Internacional son:
- La situación de detención en que continúan unos 700 presos y presas políticos, entre ellos al menos 15 condenados a penas de hasta 9 años y medio de prisión;La política oficial de tomar a familiares y amigos como “rehenes” para obligar a entregarse a otras personas.
- Las muertes bajo custodia por brutales palizas y otras formas de tortura.
- Las atroces condiciones de detención, con negación de alimentación adecuada, agua e instalaciones sanitarias, así como mantenimiento de las personas detenidas en “celdas para perros”.
- Las desapariciones forzadas que se han producido desde el inicio de la represión (las autoridades no han respondido del paradero de al menos 72 personas).
- El hecho de que las autoridades myanmaras no hayan dado cuenta del número de personas muertas durante la represión.
- La evidencia de la presencia en los puentes y sobre los camiones del ejército de tiradores que disparaban con fuego real contra los manifestantes, matando al menos a dos estudiantes e hiriendo gravemente a otros.
- La negación del acceso de las ambulancias a las víctimas en las calles durante las manifestaciones de septiembre y la orden dada a los centros médicos privados de no atender a los heridos.
