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Motivos de preocupación en el cuarto aniversario de la guerra de Irak

Londres.- El 20 de marzo se cumplen cuatro de la invasión encabezada por Estados Unidos que puso fin al gobierno de Sadam Husein. Irak sigue atrapado en una vorágine de conflicto y abusos graves contra los derechos humanos. Pese a la decisión adoptada por el gobierno estadounidense a principios de enero de enviar 21.500 soldados más a Irak, la seguridad en el país sigue siendo muy precaria.

Situación de la seguridad
La seguridad continúa siendo extremadamente precaria en el país, sobre todo en el denominado “triángulo sunní” que engloba a la capital, Bagdad. Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI), más de 34.000 personas murieron en 2006 a causa de la violencia perpetrada por diversos sectores, entre ellos, grupos armados opuestos al gobierno iraquí y a la presencia de tropas extranjeras, las fuerzas gubernamentales iraquíes, militantes chiíes y sunníes así como oscuros “escuadrones de la muerte” responsables de homicidios sectarios, y tropas de la Fuerza Multinacional liderada por Estados Unidos. La violencia ha sido más intensa en Bagdad, pero también ha afectado seriamente a otras zonas. En la actualidad hay desplegados en la capital unos 90.000 efectivos estadounidenses e iraquíes, pero es demasiado pronto para determinar si este despliegue mejorará la seguridad o conllevará un aumento de los abusos contra los derechos humanos.

Continúan los homicidios y otros abusos contra los derechos humanos a manos de diversos actores, y a menudo resulta difícil atribuir la responsabilidad en casos concretos. Los grupos armados contrarios al gobierno iraquí y a la presencia de tropas extranjeras en el país siguen perpetrando matanzas indiscriminadas. También ha aumentado la violencia sectaria en la que participan insurgentes sunníes, milicias chiíes como el Ejército Mahdi y sombríos “escuadrones de la muerte” presuntamente vinculados a agrupaciones políticas. Asimismo continúan recibiéndose informes de violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad iraquíes y la Fuerza Multinacional que les presta apoyo. Según informes, las fuerzas de seguridad del gobierno, de mayoría chií, y milicias progubernamentales son responsables de detenciones arbitrarias, “desapariciones” y tortura sistemática, sobre todo en prisiones y centros de detención controlados por el Ministerio del Interior. Entre los métodos de tortura utilizados, se han recibido informes de brutales palizas, descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, suspensión del techo y agresiones sexuales.

Ausencia de investigaciones
En algunos caos, el gobierno iraquí ha prometido investigar denuncias de tortura infligida a personas detenidas, pero, hasta la fecha, las autoridades no han hecho públicos los resultados de ninguna investigación.

Detenciones
La Fuerza Multinacional sigue manteniendo recluidas sin cargos ni juicio a unas 14.500 personas, mayoritariamente en Camp Bucca, cerca de Basora, y Camp Cropper, en las proximidades de Baghdad, tras el cierre de la prisión de Abu Ghraib en septiembre de 2006. Se han presentado cargos contra varios soldados estadounidenses y británicos en relación con violaciones graves de los derechos humanos contra civiles iraquíes, como el homicidio de 24 personas en la localidad de Haditha, al norte de Bagdad, en noviembre de 2005.

Pena de muerte
El uso de la pena de muerte ha aumentado de forma acelerada desde que ésta se reinstauró en 2004: al menos 65 personas, entre ellas dos mujeres y el ex presidente Sadam Husein, fueron ejecutadas en 2006, y otras 170 permanecen en espera de ejecución. Según los informes recibidos, hasta el momento en 2007 se ha ejecutado al menos a 16 personas, incluidos dos de los acusados en el juicio de Sadam Husein ante el Alto Tribunal Penal Iraquí, que fue considerado injusto por los observadores internacionales, entre otros, Amnistía Internacional. Igualmente se cree que muchas de las personas condenadas a muerte por el Tribunal Penal Central de Irak fueron juzgadas en procesos que no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos.

El 15 de marzo, la Sala de Apelaciones de del Alto Tribunal Penal Iraquí confirmó la condena de muerte impuesta al ex vicepresidente Taha Yassin Ramadhan. Es probable que sea ejecutado en los próximos 30 días. Según el Estatuto del Alto Tribunal, los condenados a muerte no pueden ser indultados por el presidente del país.

Personas refugiadas
Debido al alto grado de violencia que vive Irak, dos millones de iraquíes han huido y han buscado refugio en países vecinos, especialmente en Siria y Jordania, mientras que 1,7 millones han quedado desplazados internamente en Irak, según cálculos recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Esta crisis humanitaria sigue agravándose, pues, según informes, aproximadamente 50.000 personas intentan abandonar el país cada mes. El ACNUR ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que preste ayuda urgentemente. Amnistía Internacional envió una delegación a Jordania a principios de marzo para indagar sobre la situación de las personas refugiadas iraquíes y está intentando realizar una visita similar a Siria lo antes posible.

Ataques contra las minorías
Los miembros de grupos minoritarios no musulmanes, como los cristianos o los mandeístas, así como personas palestinas y sirias refugiadas en Irak, se han convertido en objetivo de homicidios, y muchos se han visto obligados a abandonar el país. Numerosos profesionales, como profesores universitarios, periodistas, médicos y abogados, también han sido blanco de los ataques.

Mujeres
Las mujeres siguen sufriendo secuestros y violaciones, intimidación de extremistas religiosos –especialmente si las mujeres no siguen un estricto código indumentario– y delitos por motivos de “honor” perpetrados por familiares varones. Según informes, ha aumentado la incidencia de estos últimos desde 2003.

Norte de Irak
Las tres provincias del norte de Irak que están bajo control kurdo se han visto menos afectadas por la violencia que otras partes del país. Sin embargo, en estas zonas, las autoridades también son responsables de detenciones arbitrarias, detenciones sin cargos ni juicio, uso de fuerza excesiva contra manifestantes, restricciones a la libertad de expresión y ejecuciones, y continúa la constante de homicidios por motivos de “honor”.