Cuando los ojos del mundo estén centrados en las Olimpíadas de Pekín de agosto de 2008, muchos recordarán una ocasión anterior en que la ciudad se convirtió también en el centro de los medios de comunicación del mundo entero: la represión del 4 de junio de 1989 de estudiantes y otras personas que protestaban pacíficamente en la Plaza de Tiananmen y sus alrededores, que se saldó con cientos de personas muertas y heridas. Mientras admiran el desarrollo económico de China, evidenciado por la rápida transformación de Pekín en unos años, los espectadores también se preguntarán qué han hecho las autoridades chinas para reparar el daño causado por esos trágicos sucesos. Si bien las autoridades ya no califican el incidente de “rebelión contrarrevolucionaria”, sino de “incidente político”, se han negado a responder a las peticiones de justicia que desde hace tiempo les plantean las víctimas o sus familias. La experiencia en todo el mundo demuestra que la mejor forma de garantizar la estabilidad a largo plazo es resolver las injusticias del pasado, reforzando así el Estado de derecho y el principio de que nadie está por encima de la ley.
Hasta ahora, las autoridades no han llevado a cabo ninguna investigación independiente sobre los sucesos del 4 de junio de 1989 con vistas a procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos e indemnizar a las víctimas o a sus familias. En mayo de 2006 se informó de que las autoridades locales habían pagado 70.000 yuanes (unos 8.700 dólares estadounidenses) a la madre de Zhou Guocong, un muchacho de 15 años detenido por participar en las protestas en favor de la democracia a quien la policía mató a golpes en Chengdu, provincia de Sichuan, el 7 de junio de 1989. Resulta significativo, sin embargo, que se haya calificado el pago como “ayuda en situación de penuria”, no como “indemnización”. Es posible que otras familias también hayan sido “indemnizadas” en privado, pidiéndoles que guardaran silencio.
El gobierno chino sigue reprimiendo el debate público sobre la cuestión, que continúa ausente de publicaciones, periódicos, libros escolares y de los sitios de Internet en China. En particular en el último año se han intensificado las políticas oficiales sobre control y censura de los medios de comunicación, impidiéndose todo análisis o debate públicos sobre el 4 de junio de 1989 o sobre cualquier otro periodo delicado de la historia reciente de China.
Al acercarse el 18 aniversario de la represión, Amnistía Internacional insta a las autoridades chinas a que garanticen un mayor respeto de la libertad de expresión e información levantando la prohibición oficial de informar sobre los trágicos sucesos del 4 de junio de 1989. Asimismo deben dar cuentas públicamente de todas las personas que siguen encarceladas como consecuencia de la represión, y excarcelarlas. Si bien tales medidas distan mucho de proporcionar justicia a las víctimas y sus familias, constituirían, sin embargo, pasos importantes hacia la transparencia y la rendición de cuentas, y también se ajustarían a las promesas hechas por mandatarios chinos de mejorar los derechos humanos y garantizar la “total libertad de los medios de comunicación” en el periodo previo a la celebración de las Olimpíadas de Pekín del próximo año.
El grupo de las Madres de Tiananmen, radicado en Pekín, ha expresado recientemente su preocupación por la libertad de la prensa en una carta abierta enviada a la Asamblea Nacional Popular en marzo de 2007, en la que instaba a las autoridades a permitir la publicación de tres libros que analizan los sucesos del 4 de junio de 1989. Uno de estos libros es el titulado La búsqueda de las víctimas del 4 de junio, de Ding Zilin, catedrática universitaria retirada que fundó el grupo tras la muerte de su hijo en la represión.
Esta petición se añade a la tradicional de las Madres de Tiananmen para que se realice una investigación oficial sobre los sucesos, se juzgue a los responsables, se den cuentas públicamente de las víctimas y se les ofrezcan reparaciones a ellas o a sus familias. La carta fue firmada por 128 víctimas y familiares de personas muertas en la represión. Amnistía Internacional sigue apoyando estas peticiones de justicia.
Los esfuerzos de China por reprimir la libertad de expresión no se limitan a sus fronteras nacionales. En noviembre de 2006, las autoridades serbias, según los informes, cancelaron la proyección en Belgrado del filme Palacio de Verano, cuyo argumento se desarrollaba con las protestas de 1989 como telón de fondo, tras recibir una carta de la embajada de China advirtiendo que la película estaba “estrictamente prohibida” en China y debía ser retirada para mantener las “buenas relaciones bilaterales”. Amnistía Internacional lamenta la decisión de las autoridades serbias de ceder ante tal presión y pide a la comunidad internacional que vigile estrechamente los intentos de la diplomacia china de reprimir la libertad de expresión en el extranjero, y se resista a ellos.
Se cree que hay decenas de personas aún en prisión en China por su participación en el movimiento de 1989 en favor de la democracia, pero las cifras oficiales no se han hecho públicas y se desconoce el número exacto. En septiembre de 2006, las autoridades pusieron en libertad a Zhang Maosheng, obrero mecánico condenado inicialmente a muerte con suspensión de la ejecución por “incendio provocado contrarrevolucionario” por prender fuego a un vehículo militar vacío la mañana del 4 de junio de 1989. Estas penas suelen conmutarse por cadena perpetua, y Zhang quedó en libertad antes, al parecer por buena conducta, tras cumplir 17 años en prisión. Amnistía Internacional insta a las autoridades a que den cuentas de otras personas que siguen en la cárcel en relación con la represión y las pongan en libertad.
La organización sigue pidiendo la excarcelación inmediata e incondicional de las personas encarceladas más recientemente por pedir más debate público sobre los acontecimientos del 4 de junio de 1989 o por criticar la política oficial sobre la cuestión. Entre ellas figuran los siguientes activistas y periodistas, que Amnistía Internacional considera presos de conciencia:
- Kong Youping, ex sindicalista, condenado a 15 años de cárcel en septiembre de 2004 por colgar artículos y poemas en Internet pidiendo una revisión del movimiento de 1989 en favor de la democracia; - Li Jianping, ex dirigente estudiantil de las protestas de 1989 en favor de la democracia, condenado a dos años de cárcel en octubre de 2006 tras ser declarado culpable de “incitación a la subversión” en relación con unos trabajos que había colgado en sitios web extranjeros en los que criticaba el sistema político de China y propugnaba mayor democracia; - Shi Tao, que desde abril de 2005 cumple una condena de 10 años de cárcel por “filtrar secretos de Estado”. Había colgado en un sitio web extranjero las instrucciones del Partido Comunista a los periodistas sobre el tratamiento que debían dar al 15 aniversario de la represión.
Amnistía Internacional insta también a las autoridades chinas a poner fin al hostigamiento, la vigilancia y la detención arbitraria por parte de la policía que sufren defensores y defensoras pacíficos de los derechos humanos, muchos de los cuales han intentado conmemorar a las víctimas de la represión de 1989 y pedir resarcimiento. Entre estas personas se encuentran Hu Jia y su esposa, Zeng Jinyan, que de nuevo están bajo una forma de “detención domiciliaria” en Pekín tras intentar viajar al extranjero para evitar el endurecimiento de las restricciones impuestas antes del aniversario; y Qi Zhiyong, que recibió un disparo en la pierna durante la represión de 1989 y sigue bajo estricta vigilancia policial en Pekín debido a sus actividades en apoyo de otras personas que quedaron discapacitadas en la represión.
