Madrid, 25 de febrero de 2019.- Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que constituyen REDER –Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012-, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal envían una carta a la ministra María Luisa Carcedo, responsable del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que exigen que se apruebe el Reglamento del Real Decreto Ley 7/2018.
La norma es necesaria para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, antes de la inminente disolución de las Cortes, prevista para el próximo 5 de marzo.
Según las entidades firmantes, “la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”.
Por ello, REDER Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal solicitan a la ministra que anuncie públicamente la aprobación del reglamento en el próximo Consejo de Ministros, que debe celebrarse el próximo viernes.
En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante, este fue “insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”, por lo que estimaban que era urgente desarrollar el reglamento necesario.
Para el conjunto firmante y, tal y como se señala en la carta enviada, las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas. Qué hay que abordar urgentemente La carta remitida al Ministerio de Salud apunta dos ejes fundamentales que son importantes que el reglamento repare de inmediato:
El primero, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.
El segundo, la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo. En su lugar, las organizaciones piden la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc.
Asimismo las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.
“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, subrayan los colectivos de la sociedad civil.
